Por Marilys Zayas Shuman
La Asamblea Nacional del Poder Popular ha presentado el Proyecto de Ley del Código de Trabajo, que sustituye la norma vigente desde 2013. Se trata de una reforma estructural que responde a los cambios económicos, sociales y demográficos del país, y que busca modernizar las relaciones laborales, garantizar la justicia social y fortalecer la participación de los trabajadores en la vida económica y política de la nación.
El proyecto reafirma que el trabajo es un derecho universal, pero también un deber social y un motivo de honor. Se reconoce como la principal fuente de ingresos y bienestar material y espiritual, y se vincula directamente con la formación de valores socialistas. Este enfoque coloca al trabajo en el centro de la vida nacional, no solo como actividad económica, sino como elemento de cohesión social y desarrollo humano.
La propuesta ratifica la prohibición del trabajo infantil y forzoso, y refuerza las garantías contra la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Se prohíbe expresamente que los empleadores condicionen la contratación, permanencia o promoción de las mujeres por razones de embarazo, lo que constituye un avance en la protección de los derechos de género. Además, se incorporan ajustes razonables para garantizar el acceso y desarrollo de las personas en situaciones de discapacidad, consolidando un enfoque inclusivo en el mercado laboral.
