Redacción Mujeres
Foto: Vladimir Molina
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente a 2025, en una sesión marcada por el análisis riguroso de los resultados fiscales y por la reafirmación del carácter social del gasto público.
El informe presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ofrece una radiografía precisa de cómo el país gestionó sus recursos en un contexto atravesado por presiones externas, inflación y restricciones logísticas.
El cierre fiscal de 2025 muestra un déficit de 67 642 millones de pesos, 20 897 millones menos que lo planificado. Este comportamiento, que el ministro calificó como expresión de una gestión más rigurosa, se explica por dos factores clave: sobrecumplimiento del 2 % en los ingresos, pese a la contracción económica; ejecución de gastos inferior en 2 %, resultado de ajustes y racionalidad en el uso de los recursos.
El déficit representó el 5,4 % del PIB, mientras que la cuenta corriente del Presupuesto cerró con un superávit de 25 038 millones de pesos, un indicador que confirma la capacidad del Estado para financiar sus gastos corrientes con ingresos propios, en línea con los objetivos del Programa Económico y Social del Gobierno.
Ingresos tributarios: columna vertebral del financiamiento estatal
Los ingresos brutos ascendieron a 463 461 millones de pesos, de los cuales el 68,6 % provino de tributos. Este comportamiento estuvo influido por: actualización de precios de combustibles, cigarros y tabacos; mayor aporte del sector no estatal, especialmente por concepto de ventas y utilidades.
Sin embargo, el informe advierte que persisten prácticas de evasión y subdeclaración fiscal, que limitan la capacidad del Estado para expandir programas sociales. La ONAT determinó deudas por 12 056 millones de pesos y recuperó 7 140 millones, aunque aún quedan 6 669 millones pendientes de cobro. A pesar de que el 98 % de los contribuyentes posee cuentas bancarias fiscales, su uso efectivo continúa siendo insuficiente, lo que ralentiza el proceso de bancarización.
El gasto social concentra el 64 % del Presupuesto
El Presupuesto ejecutó 518 543 millones de pesos, equivalentes al 97,9 % de lo planificado. La estructura del gasto reafirma la prioridad del Estado en sostener los servicios básicos:
Salud Pública: más de 75 000 millones de pesos respaldaron 103 millones de consultas en atención primaria; 9 millones de consultas especializadas; 23 millones de consultas estomatológicas; más de 825 000 ingresos hospitalarios. En un año de tensiones económicas, el sistema sanitario mantuvo niveles de atención que evidencian su centralidad en la política pública.
Educación: con 69 133 millones de pesos, el sector sostuvo 1,36 millones de estudiantes en todos los niveles; 266 198 universitarios; programas de rehabilitación de centros y formación docente.
Cultura y Deporte: cultura 11 845 millones de pesos. Deporte y cultura física: 7 656 millones.
Protección social y Seguridad Social: Asistencia social 5 396 millones, beneficiando a 303 000 personas. Seguridad Social: 60 691 millones, incluyendo el incremento parcial de pensiones inferiores a 4 000 pesos, que favoreció al 89 % de los pensionados.
Ciencia y tecnología: El gasto corriente en ciencia ascendió a 2 186 millones de pesos, un 35 % más que el año anterior, destinado a 16 programas nacionales orientados a fortalecer la soberanía tecnológica.
Territorios: Los presupuestos territoriales cerraron con un superávit conjunto de 3 916 millones de pesos, frente al déficit previsto de 12 649 millones. Cinco provincias —Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara— lograron balances positivos, junto con 63 municipios. Este resultado evidencia una mayor capacidad de gestión local y un mejor aprovechamiento de los ingresos territoriales.
Retos persistentes: control, calidad del gasto y relación entre sectores
El informe reconoce que, pese a los avances, persisten desafíos estructurales: Insuficiencias en el control presupuestario, déficit de personal contable. Evasión fiscal y subdeclaración. Distorsiones entre sectores estatal y no estatal. Violaciones de precios que afectan el consumo social.
Regueiro insistió en que fortalecer la disciplina fiscal y perfeccionar los mecanismos de control es imprescindible para consolidar el Presupuesto como herramienta de desarrollo y justicia social.
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