Por Marilys Zayas Shuman
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó hoy el Proyecto de Ley de la Vivienda, una norma que aspira a convertirse en uno de los cambios legislativos más significativos de los últimos años.
El texto, que sustituye la Ley General de la Vivienda de 1988 y más de un centenar de normas dispersas, propone una reorganización integral de la política habitacional cubana, articulando dimensiones económicas, jurídicas, socioculturales y ambientales.
Su alcance es amplio: 16 capítulos, 190 artículos y tres disposiciones especiales, resultado de un proceso técnico y participativo sin precedentes.
La propuesta surge en un contexto marcado por transformaciones económicas y sociales, la presencia de nuevos actores productivos, la necesidad de actualizar la propiedad horizontal y la urgencia de atender el déficit habitacional.
Para su elaboración se creó un Grupo Temporal de Trabajo que integró ocho organismos de la Administración Central del Estado, la Universidad de La Habana, la COPAN, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, gobiernos locales, la Oficina del Historiador y la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros.
Además, se estudiaron legislaciones de 15 países, tratados internacionales y normas cubanas recientes en materia de ordenamiento territorial, patrimonio, expropiación y procedimientos administrativos.
El proceso de consulta ciudadana fue igualmente amplio: 10.928 opiniones, dudas y criterios, con una participación destacada de mujeres y jóvenes, de las cuales el 56 % fueron aceptadas.
En redes sociales, el debate generó 158.534 interacciones, reflejo de la sensibilidad del tema y de la expectativa social por una norma que promete transformar el acceso a la vivienda en Cuba.
Una ley que coloca a mujeres y juventudes en el centro de la política habitacional.
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es su enfoque social. La norma reconoce como grupos prioritarios a las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas: Mujeres víctimas de violencia familiar, quienes recibirán prioridad en la asignación de viviendas adecuadas; Personas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mayoritariamente mujeres, consideradas vulnerables por su aporte social y su limitada capacidad económica.
Incluye, además, madres y padres con tres o más niñas, niños o adolescentes, que requieren estabilidad residencial para sostener la vida familiar, mujeres adultas mayores, incluidas en tipologías de vivienda con accesibilidad y servicios especializados, jóvenes en edad laboral y reproductiva, incorporados explícitamente como población priorizada para acceder a una vivienda adecuada.
Según el dictamen parlamentario, “la propuesta de ley ratifica la voluntad política del Estado cubano de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas sensibles por la edad, enfermedad, situación de discapacidad, violencia familiar, trabajo doméstico y cuidados no remunerados.
”Este enfoque convierte la vivienda en un derecho social con perspectiva de género e interseccionalidad, coherente con las políticas demográficas y de protección social del país.
Derechos ampliados
El proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de propiedad que favorecen especialmente a mujeres jefas de hogar, jóvenes profesionales y familias emergentes: Se reconoce el derecho a poseer hasta dos viviendas en propiedad, más una de descanso o veraneo.
Se eliminan autorizaciones administrativas para transmitir solares y azoteas, lo que facilita la ampliación o construcción de viviendas por esfuerzo propio.
Se flexibilizan las permutas, donaciones y compra-ventas, que ahora podrán formalizarse directamente ante notarios.
De igual forma, se elimina la obligación de declarar herencias en plazos estrictos, lo que beneficia a familias con menos recursos o menor acceso a asesoría jurídica.
También se elimina la confiscación de viviendas por salida del país, una medida que históricamente afectó a jóvenes migrantes y mujeres que asumían la gestión del hogar en ausencia de familiares.
Estas modificaciones buscan dinamizar el mercado interno, reducir la burocracia y fortalecer la autonomía patrimonial de las familias cubanas.
Construcción por esfuerzo propio y nuevas formas de gestión.
La ley amplía las vías de acceso a la vivienda: Esfuerzo propio, con asesoría técnica, proyectos arquitectónicos y acceso a solares y locales estatales.
Cooperativas de vivienda, una figura novedosa que permite la gestión colectiva de construcción y rehabilitación. Microbrigadas, mipymes y entidades económicas que podrán financiar viviendas para sus trabajadores. Inmobiliarias, reguladas para ampliar opciones de arrendamiento y compra.
El proyecto regula el derecho perpetuo de superficie, la transmisión de solares y la construcción en azoteas, ampliando las posibilidades de crecimiento urbano y de autogestión familiar.
Aunque la ley incorpora mecanismos para declarar viviendas en abandono, el Ministerio de la Construcción aclaró que estos no se aplicarán a personas vulnerables.
La intención es evitar que la norma sea utilizada de forma punitiva y garantizar que los operadores jurídicos actúen con rigor y sensibilidad social.
La ley dedica un capítulo al Sistema Nacional de Información e Indicadores de la Vivienda, que permitirá monitorear el déficit habitacional, la calidad de las urbanizaciones y el impacto de las políticas públicas.
Además, incorpora criterios de resiliencia climática y eficiencia energética, en consonancia con las estrategias nacionales para enfrentar el cambio climático.
El Proyecto de Ley de la Vivienda se presenta como una herramienta para reducir el déficit habitacional, garantizar seguridad jurídica, proteger a mujeres, jóvenes y personas vulnerables, diversificar las formas de acceso y gestión, integrar resiliencia climática y eficiencia energética, fortalecer la autonomía de las familias cubanas y articular la política habitacional con el desarrollo local y territorial.
Su aprobación marca un hito en la política social del país, alineando la vivienda con los principios de justicia, equidad y participación que sustentan el modelo cubano.
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