Por Marilys Zayas Shuman
Fotos: Vladimir Molina
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, una norma considerada como “de alto impacto social” y que actualiza completamente el marco jurídico vigente desde 2007 en materia de identificación ciudadana, registro de domicilio e identidad digital.
El proyecto, presentado por el Ministerio del Interior, se inserta en el proceso de transformación digital del Estado cubano y en la necesidad de garantizar mayor seguridad jurídica en la gestión de la identidad de las personas.
El director de la Dirección de Identificación, Migración y Extranjería, Mario Méndez Mayedo, abrió la presentación reconociendo que la norma aborda “temas de alto impacto en la sociedad” y que incorpora elementos que hoy carecen de respaldo legal: “Estamos hablando de un proyecto de ley que cumple un grupo de supuestos… al menos un 9% de los aspectos que se tratan hoy no tienen respaldo legal porque son nuevos, totalmente nuevos.”
Méndez Mayedo recordó que el Decreto Ley 248 de 2007 quedó rezagado frente a los cambios constitucionales y tecnológicos del país, y que la nueva ley se ajusta a los artículos 48, 49 y 52 de la Constitución, que reconocen el derecho a la identidad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de cambiar de residencia.
El proyecto define la identidad personal como la integración de: Datos registrales del nacimiento, datos migratorios para extranjeros residentes, datos biométricos: rostro, huellas digitales, firma, voz, iris, color de piel y ojos, estatura.
Esta definición, calificada por las comisiones como “amplia, técnica y ajustada a estándares internacionales”, garantiza la identificación de cada persona y fortalece la interoperabilidad entre registros públicos.
El dictamen parlamentario destacó que esta integración “representa un avance significativo hacia la modernización del Estado y la simplificación de trámites”.
La ley introduce formalmente la identidad digital certificada, gestionada por el Ministerio del Interior, que permitirá autenticación segura en trámites electrónicos y servicios digitales.
Méndez Mayedo explicó que esta identidad digital es “la representación pública vinculada de forma segura a la identidad física”, y que su implementación tendrá “impactos muy favorables para los usuarios”.
Uno de los puntos más debatidos fue la regulación del domicilio. La ley establece que cada persona debe tener un único domicilio inscrito, que constituye su sede principal y centro de relaciones jurídicas.
Explicó la importancia de esta precisión: “Tenemos personas que reciben asistencia médica, electricidad o atención estatal, pero el lugar donde reciben esos servicios no se considera su domicilio.
Eso tenemos que regularlo.” La ley aclara que la inscripción del domicilio no genera derechos patrimoniales, evitando conflictos sobre propiedad o posesión de inmuebles.
También se refuerza la responsabilidad de los titulares de viviendas —estatales o privadas— de informar quién reside en ellas y cuándo cesa esa permanencia.
El dictamen de las comisiones parlamentarias resaltó como aspecto relevante que el carné de identidad se entregará a todos los ciudadanos cubanos, dondequiera que se encuentren, y no solo a los residentes en el territorio nacional, como ocurría hasta ahora.
El documento también establece un número de identidad permanente, que funcionará como identificador único en todos los registros públicos del país.
El proyecto fue sometido a un proceso de consulta con: Ministerio de las FAR, Ministerio de Justicia, Grupo de Capacidad Legislativa, Comisiones de Defensa Nacional y Orden Interior, Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Actores económicos no estatales (mipymes, cooperativas, TCP).
Las comisiones informaron que el proyecto recibió 15 planteamientos ciudadanos a través del sitio web de la Asamblea, todos respondidos y valorados. Durante el debate con los diputados se realizaron ajustes a los artículos 6, 10, 18 y 31, incorporando propuestas surgidas del análisis colectivo.
La diputada Elis Melina La Frontera, de San Miguel del Padrón, expresó su respaldo al dictamen y defendió la aprobación de la ley: “Esta ley no es un simple cambio administrativo; es una reforma necesaria, oportuna y profundamente constitucional. Moderniza el Estado y simplifica la vida de los ciudadanos.
No se trata solo de un documento, se trata de facilitar el acceso a derechos, proteger datos personales y poner la tecnología al servicio de las personas.”
Su intervención destacó el carácter participativo del proceso legislativo y la coherencia del proyecto con la realidad socioeconómica actual, marcada por nuevos actores económicos y la digitalización de trámites.
Un debate amplio, con consenso final
El presidente de la Asamblea recordó que el proyecto fue debatido en dos sesiones de trabajo con los diputados, donde se abordaron temas sensibles y se alcanzaron consensos. También señaló que los planteamientos no incorporados fueron explicados y justificados por las comisiones.
El Ministerio del Interior propuso que la ley entre en vigor en tres meses, y no en seis como es habitual, para acelerar la implementación del nuevo modelo de identidad y domicilio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario