Por Marilys Zayas Shuman
En la sesión dedicada a evaluar la implementación de las transformaciones económicas y sociales del Programa de Gobierno 2026, la Asamblea Nacional del Poder Popular abordó un conjunto de medidas que, más allá de su impacto económico, redefinen la política social del país en un contexto de crisis y tensiones externas.
El informe presentado por el Primer Ministro subrayó que las transformaciones sociales constituyen un eje transversal del proceso, indispensable para garantizar que los cambios estructurales no profundicen desigualdades ni dejen atrás a los sectores más vulnerables.
Uno de los avances más significativos es la caracterización nacional de perfiles vulnerables, realizada en todas las provincias y municipios.
El estudio identificó 876 522 personas en situación de mayor vulnerabilidad, un diagnóstico que permite orientar con mayor precisión la asistencia social y diseñar políticas focalizadas.
Esta radiografía social, inédita por su alcance, busca evitar que la crisis económica y los ajustes estructurales recaigan sobre quienes ya enfrentan condiciones de desventaja.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto al Centro de Gobierno Digital, habilitó la plataforma Soberanía, un trámite en línea para solicitar protección social. La herramienta, gratuita y accesible, permite que cualquier ciudadano solicite ayuda para sí mismo o para otra persona que lo necesite.
Aunque no sustituye el trabajo de los gobiernos municipales ni de los Consejos Populares, sí agiliza procesos, reduce burocracia y amplía el acceso a la asistencia, integrándose al Sistema de Atención Integral a las políticas sociales.
El informe también destacó la incorporación de obligaciones de responsabilidad social para los actores económicos, tanto estatales como no estatales.
Las nuevas normas exigen que empresas, cooperativas y mipymes contribuyan al perfeccionamiento de los servicios comunitarios y participen en la atención a personas vulnerables.
Esta visión desplaza la idea de que la política social es exclusiva del Estado y la convierte en una tarea compartida, coherente con la descentralización y el fortalecimiento del desarrollo local.
Otro elemento relevante es la aprobación de beneficios fiscales para la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, destinados a elevar el empleo y los ingresos de quienes laboran en talleres especializados.
La medida busca reducir brechas y ampliar oportunidades para grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo.
Aunque el incremento salarial forma parte del eje laboral, su impacto es eminentemente social. A partir de este mes, el salario mínimo se fija en 3 210 pesos, aplicable tanto al sector presupuestado como a trabajadores estatales y no estatales cuyos ingresos sean inferiores a esa cifra.
El ajuste, con un costo anual estimado de 42 500 millones de pesos, es reconocido como insuficiente, pero necesario para sostener servicios básicos como salud, educación y asistencia social en medio de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Finalmente, el nuevo Código de Trabajo, previsto para su análisis en esta sesión, implementa ocho transformaciones vinculadas a la protección de derechos laborales, actualización de normas de contratación y fortalecimiento de garantías para trabajadores de todos los sectores. Estas medidas buscan equilibrar la flexibilización económica con la defensa de derechos esenciales.
En conjunto, las transformaciones sociales presentadas delinean un esfuerzo por preservar la justicia social en un momento de reordenamiento económico profundo.
La identificación de vulnerabilidades, la digitalización de la asistencia, la responsabilidad social empresarial, la inclusión laboral y el reajuste salarial conforman un paquete que intenta sostener el carácter humanista del modelo cubano mientras se moderniza su estructura económica.
En un país marcado por apagones, inflación y presiones externas, estas medidas buscan asegurar que la protección social siga siendo un pilar y no un sacrificio del proceso de transformación.
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