Por Marilys Zayas Shuman
El Proyecto de Ley de la Vivienda que somete a debate la Asamblea Nacional del Poder Popular reafirma un principio esencial de la Revolución: la vivienda no es un privilegio ni un bien de mercado, sino un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.
La norma reconoce que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, y establece que este derecho se materializa mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación, con la participación activa de la población y diversas formas de gestión.
La propuesta se inscribe en una tradición histórica que comenzó con la Reforma Urbana de 1960, cuando se convirtió en propietarios a los arrendatarios, y continuó con la Ley General de la Vivienda de 1988, que sistematizó los principios de la política habitacional revolucionaria.
Sin embargo, las condiciones actuales —marcadas por el déficit habitacional, el deterioro de edificaciones, la dinámica demográfica y los efectos del cambio climático— exigen una actualización profunda.
El proyecto busca articular la política de vivienda con la política urbana, integrando criterios socioculturales, económicos y medioambientales, y manteniendo los principios de justicia social que han guiado la Revolución.
Se fundamenta en principios que refuerzan su carácter social. La equidad y la inclusión, con enfoque de género e interseccional, garantizan acceso sin discriminación.
La protección jurídica garantiza seguridad en la tenencia y uso de la vivienda. La participación ciudadana estimula la solidaridad y el involucramiento comunitario en decisiones públicas.
La resiliencia climática y eficiencia energética se convierten en criterios obligatorios en construcción y rehabilitación. Estos principios buscan que la política habitacional no solo atienda la cantidad de viviendas, sino también su calidad, sostenibilidad y pertinencia social.
El proyecto introduce una amplia tipología de viviendas para responder a las necesidades de distintos grupos sociales. Se reconocen modalidades como la vivienda social protegida para personas en situación de vulnerabilidad, la vivienda progresiva que puede mejorarse de forma gradual, la vivienda flexible que admite transformaciones en el tiempo y la vivienda refugio frente a desastres climáticos.
También se incluyen soluciones para adultos mayores, viviendas productivas y cooperativas de vivienda, así como la construcción por esfuerzo propio, con apoyo técnico y financiero del Estado.
Esta diversidad refleja un enfoque integral que busca atender las realidades de la población en toda su complejidad.
Establece un Programa Nacional de Desarrollo Habitacional que articula acciones de construcción, rehabilitación y conservación con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética.
Este programa busca diversificar la oferta habitacional, fomentar el uso de materiales locales sostenibles, promover la regeneración urbana y priorizar intervenciones en barrios degradados. Se trata de una estrategia integral que vincula vivienda, urbanismo y desarrollo territorial, y que incorpora la participación de múltiples actores económicos y sociales.
Al reconocer hasta dos viviendas en propiedad para cada persona y al establecer mecanismos de subsidio y protección jurídica, la norma busca equilibrar las aspiraciones individuales con el interés colectivo.
La política habitacional se convierte en un instrumento de justicia social, capaz de atender a jóvenes, familias numerosas, adultos mayores y sectores vulnerables, al tiempo que fortalece la resiliencia del país frente al cambio climático.
La Asamblea Nacional del Poder Popular convoca a la población, cooperativas, empresas y organizaciones sociales a participar en la consulta del proyecto.
La opinión ciudadana es decisiva para enriquecer el texto legal, garantizar que refleje las realidades de los barrios y comunidades y fortalecer el compromiso colectivo con un hábitat inclusivo y sostenible.
La consulta no es un trámite formal, sino un ejercicio de democracia participativa que permitirá que la ley nazca con legitimidad social y con la voz de quienes habitan y construyen la ciudad.
Proyecto de Ley << no Vivienda>>: https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2026-06/proyecto-ley-de-la-vivienda.pdf.
Correo electrónico habilitado para la participación ciudadana: comunicacion@anpp.gob.cu
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