Por Marilys Zayas Shuman
El Proyecto de Ley de la Vivienda que somete a debate la Asamblea Nacional del Poder Popular reafirma un principio esencial de la Revolución: la vivienda no es un privilegio ni un bien de mercado, sino un derecho social que debe ser garantizado por el Estado.
La norma reconoce que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, y establece que este derecho se materializa mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación, con la participación activa de la población y diversas formas de gestión.
La propuesta se inscribe en una tradición histórica que comenzó con la Reforma Urbana de 1960, cuando se convirtió en propietarios a los arrendatarios, y continuó con la Ley General de la Vivienda de 1988, que sistematizó los principios de la política habitacional revolucionaria.