jueves, 11 de junio de 2026

Un nuevo capítulo en la historia agraria cubana: Mujeres y jóvenes en el centro de la reforma



Por Marilys Zayas Shuman

El Proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal abre una puerta decisiva para las mujeres y los jóvenes del campo cubano. La norma reconoce explícitamente la necesidad de garantizar el acceso de estos sectores a la propiedad y posesión de la tierra, así como a programas de acompañamiento técnico y financiero. 

Este énfasis responde a una deuda histórica con sectores que han sostenido la vida rural desde la invisibilidad y que ahora se colocan en el centro de la política agraria como protagonistas de la soberanía alimentaria y la justicia social.

El proyecto reafirma que la tierra es un medio de producción fundamental y un recurso limitado que debe administrarse con racionalidad. 

Se coloca en el corazón de la estrategia nacional para garantizar el derecho a la alimentación sana y adecuada, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y ordenar el uso de los recursos naturales en función del desarrollo sostenible.

La ley se convierte así en un instrumento político que articula justicia social, sostenibilidad ambiental y prosperidad colectiva.

La propuesta se inscribe en la continuidad de las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, que transformaron radicalmente la estructura agraria cubana y redistribuyeron la riqueza en función del interés social. 

Sin embargo, las dinámicas actuales —marcadas por el envejecimiento poblacional, la migración, la diversificación de formas de propiedad y la urgencia de enfrentar el cambio climático— exigen una actualización profunda.

El proyecto busca unificar disposiciones dispersas, como las relativas al usufructo de tierras estatales ociosas, la herencia y la transmisión de bienes agropecuarios, para dar coherencia al ordenamiento jurídico vigente y responder a las problemáticas contemporáneas.

La norma reafirma la proscripción del latifundio, el arrendamiento y la aparcería y protege la tierra de cualquier transmisión a favor de extranjeros. 

Se reconoce la propiedad privada hasta 67,10 hectáreas, junto a la propiedad cooperativa y la propiedad socialista de todo el pueblo. La tierra se concibe como un recurso indivisible, con función social y con obligación de ser utilizada de manera racional y sostenible. 

Se promueve el acceso de jóvenes y mujeres, reconociendo que la equidad en la distribución de la tierra es también una cuestión de justicia de género y de renovación generacional en el campo.

Establece que el uso sostenible de la tierra debe realizarse en armonía con el medio ambiente, aplicando fertilización integrada, tecnologías que mitiguen el cambio climático y prácticas de economía circular.

Se reconoce la posibilidad de transitar hacia modelos agroecológicos y se promueve la diversificación de ingresos mediante el agroturismo y el turismo rural, como complemento a la producción de alimentos. 

En el ámbito forestal, se obliga a dedicar superficies a bosques de producción, sembrar árboles de valor económico y estructurar áreas agrícolas con sistemas de protección ambiental.

La ley introduce la idea de que la producción agropecuaria no puede desligarse de la conservación de los ecosistemas, y que el desarrollo rural debe ser sostenible y resiliente.

En el texto el Estado se compromete a reconocer y respetar los derechos de propiedad y posesión legítima, y a garantizar acceso a la justicia en materia agraria. 

Los productores agropecuarios y forestales tendrán derecho a acceder a la tierra, con programas específicos para mujeres y jóvenes; a poseer sus tierras y bienes agropecuarios; a participar en la formulación de políticas públicas; y a acceder a semillas, créditos, seguros, insumos y tecnologías. 

También se les reconoce la posibilidad de construir viviendas vinculadas a la actividad agraria y de comercializar sus producciones en condiciones reguladas. 

Estos derechos buscan equilibrar la seguridad jurídica con la dinamización de la producción y consolidar un sistema agrario más justo e inclusivo.

La nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal constituye una reforma del régimen agrario cubano, al actualizar normas sobre propiedad, posesión y uso de la tierra, busca garantizar la soberanía alimentaria, la protección ambiental y la equidad social. 

Este proyecto también fortalece la idea de que la tierra es para quien la trabaja, reconociendo derechos sucesorios y el aporte de las labores domésticas y de cuidados en el ámbito rural. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular convoca a campesinos, cooperativas, empresas, proyectos de desarrollo local y organizaciones sociales a participar en la consulta del proyecto.

La opinión de la población es decisiva para enriquecer el texto legal, garantizar que refleje las realidades del campo cubano y fortalecer el compromiso colectivo con la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible. 

Proyecto de Ley <<Tierra Agropecuaria y Forestal>> ( PDF): https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2026-06/ley-de-tierra-agropecuaria-y-forestal-28-5-26_0.pdf.

Correo electrónico habilitado para la participación ciudadana: comunicacion@anpp.gob.cu



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