Por Lianne Garbey Bicet
Fotos: Favio Vergara
En la segunda sesión de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Ministerio de Justicia presentó una política renovada que reafirma el papel fundamental del asesoramiento jurídico en el desarrollo institucional y económico del país.
La estrategia, aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, propone reforzar el control sobre la implementación de leyes y decretos, otorgando mayor protagonismo a las áreas jurídicas en entidades estatales y no estatales, así como el accionar popular en la supervisión.
Desde el ámbito contractual hasta los encadenamientos productivos y la inversión extranjera, se busca integrar la asesoría jurídica como una herramienta de transformación y garantía de legalidad.
Con este fin desde las bancadas parlamentarias, se convoca al concurso del Parlamento en el cumplimiento de estas normativas en cada una de las comunidades e instituciones del país.
En entrevista con la Revista Mujeres, la diputada Esmeralda Laredo González, representante del municipio de Sancti Spíritus, destacó el valor de las discusiones en las comisiones de trabajo como espacio vital para analizar, visualizar y controlar propuestas surgidas en los territorios.
En este sentido reconoció que los análisis realizados tanto, en la fase preparatoria como en la propia Asamblea Nacional, permitieron dar respuesta a las inquietudes del pueblo sobre este tema con acciones concretas.
Jurista de formación, Esmeralda Laredo, considera que el mayor avance legislativo en materia de control es precisamente la ley presentada ante al Parlamento, por ser la herramienta que delimita responsabilidades y establece sanciones claras en caso de incumplimientos.
Desde su papel en la Comisión Agroalimentaria, subraya que el éxito depende no solo del funcionamiento de los mecanismos, sino de la conciencia y la proyección de quienes lideran estos procesos.
Como mujer inspectora en el sector de la agricultura, reconoce el desafío que esto representa. “ Es un reto muy grande, porque no es común ver a mujeres trabajando en esta tarea dentro del sistema de agricultura, y yo además soy inspectora.
Ya tengo cierto reconocimiento: llevo 11 años en esta labor y, cuando llego a los lugares, al menos en mi provincia, casi siempre me encuentro rodeada de hombres.
Es un desafío constante, pero lo que realmente define si puedes estar ahí o no, es tu preparación, tu capacidad para asumir las tareas, cómo respondes y, sobre todo, los resultados. Y sí, podemos. Podemos estar allí y estar muy bien. Nosotras, las mujeres cubanas, podemos ocupar cualquier espacio”.
Más allá del tecnicismo legal, las diputadas enfatizaron el impacto social del trabajo en la base con el asesoramiento jurídico como elemento esencial para ejercer el control popular.
De igual manera, reconocieron que desde la novena legislatura se ha trabajado intensamente en la implementación de la Constitución de la República, lo que ha generado un amplio cronograma legislativo con múltiples normativas.
Sobre este particular, Yanet Pupo Estupiñán, representante del municipio Holguín, subrayó que, “una vez aprobadas, las leyes requieren seguimiento riguroso para garantizar su cumplimiento, siendo fundamental la percepción ciudadana y el conocimiento de sus derechos y deberes en cualquier ámbito”, precisó.
Desde su quehacer como médica en el contexto del perfeccionamiento de la atención primaria, consideró vital que las acciones de control respondan a las inquietudes del pueblo.
Explicó que los temas debatidos en las comisiones surgen directamente de la población y que se fiscalizan en las comunidades mediante encuestas, visitas a centros e intercambios directos.
Este proceso permite identificar los problemas reales, recopilar retroalimentación y trazar medidas efectivas para mejorar los servicios de salud en los diferentes niveles de atención. Para Yanet Pupo, ese vínculo directo entre ley, pueblo y fiscalización es esencial para avanzar hacia una atención más justa y eficiente.
“El perfeccionamiento de los mecanismos de control institucional y popular, de las acciones que se llevan a cabo y el ejercicio del control sobre las leyes y demás disposiciones normativas desde el gobierno constituye un paso clave para obtener mejores resultados en nuestra labor comunitaria”, comentó en exclusiva para la Revista Mujeres Yaney León Morales diputada por el municipio Palma Soriano de la provincia Santiago de Cuba.
Desde su experiencia como delegada, destacó la planificación rigurosa de los controles por parte del Consejo Popular, en los que participa la población con liderazgo y prestigio. Mencionó casos concretos como el control a una bodega y un combinado químico en su demarcación, donde se producen bienes de interés colectivo.
“Procuramos siempre combinar la juventud con la experiencia, de modo que el conocimiento acumulado se transmita y se potencie con la energía e ideas frescas de los más jóvenes. Antes de iniciar el intercambio, nos identificamos, nos presentamos y nos preparamos revisando el objeto social de la entidad a visitar, asegurándonos de entender qué servicios presta y qué funciones cumple.
Una vez allí, comenzamos el diálogo con sus representantes para conocer su realidad, y a partir de ese análisis, impulsamos acciones populares que contribuyan desde la comunidad a mejorar los servicios que se brindan”, argumentó.
León Morales subrayó que uno de los mayores desafíos para las diputadas en los territorios es garantizar que, luego de fiscalizar una entidad, se cumplan los acuerdos establecidos y se dé respuesta efectiva a la población.
Reconoció que “el ejercicio del control no siempre produce los resultados deseados debido a múltiples factores, tanto objetivos como subjetivos, lo que exige preparación, compromiso y sensibilidad.
Aun así, reafirmó el deber de las diputadas de enfrentar estas situaciones y rendir cuentas ante sus electores, con la convicción de que toda mejora comienza desde el vínculo directo con el pueblo”,concluyó.
Los debates y opiniones compartidos por las diputadas y diputados durante el encuentro parlamentario demuestran que en Cuba las leyes van de la mano del accionar cotidiano de quienes representan al pueblo en las diferentes instancias gubernamentales, que están en constante diálogo con el pueblo y mantienen la voluntad política de transformar realidades.
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