Por Marilys Zayas Shuman
La Asamblea Nacional del Poder Popular ha presentado el Proyecto de Ley del Código de Trabajo, que sustituye la norma vigente desde 2013. Se trata de una reforma estructural que responde a los cambios económicos, sociales y demográficos del país, y que busca modernizar las relaciones laborales, garantizar la justicia social y fortalecer la participación de los trabajadores en la vida económica y política de la nación.
El proyecto reafirma que el trabajo es un derecho universal, pero también un deber social y un motivo de honor. Se reconoce como la principal fuente de ingresos y bienestar material y espiritual, y se vincula directamente con la formación de valores socialistas. Este enfoque coloca al trabajo en el centro de la vida nacional, no solo como actividad económica, sino como elemento de cohesión social y desarrollo humano.
La propuesta ratifica la prohibición del trabajo infantil y forzoso, y refuerza las garantías contra la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Se prohíbe expresamente que los empleadores condicionen la contratación, permanencia o promoción de las mujeres por razones de embarazo, lo que constituye un avance en la protección de los derechos de género. Además, se incorporan ajustes razonables para garantizar el acceso y desarrollo de las personas en situaciones de discapacidad, consolidando un enfoque inclusivo en el mercado laboral.
Uno de los aspectos más debatidos es la modificación de la edad mínima para establecer relaciones de trabajo, que pasa de 17 a 18 años, manteniendo protección especial para adolescentes de 15 a 17 años en casos excepcionales.
En materia contractual, se prohíbe el uso de contratos por tiempo determinado en actividades permanentes, lo que fortalece la estabilidad laboral. Se definen tres modalidades claras: contratos indeterminados para labores permanentes, determinados para tareas eventuales o emergentes, y contratos por obra o trabajo específico.
El proyecto regula el pluriempleo, estableciendo que no debe interferir con las obligaciones pactadas ni generar sobrecarga que afecte la salud del trabajador. Se introduce el concepto de pluriactividad, aplicable a quienes laboran simultáneamente bajo diferentes regímenes de seguridad social.
Asimismo, se reconoce el teletrabajo, incluso desde el exterior, siempre bajo control del empleador, lo que abre nuevas posibilidades en un contexto de globalización y digitalización.
La norma amplía las garantías de protección social. Se incluyen licencias no retribuidas para atender familiares dependientes y compensaciones económicas ante ceses o suspensiones laborales.
El servicio social se mantiene en tres años, pero se flexibiliza con nuevas modalidades de ubicación en sectores estatales y no estatales, y con la posibilidad de suspenderlo por estudios en el extranjero vinculados al perfil profesional.
El proyecto fortalece la participación de quienes trabajan en la toma de decisiones. La Asamblea General de Afiliados y Trabajadores/as se ratifica como órgano superior de la organización sindical, y se reconoce la negociación colectiva como mecanismo de equilibrio entre empleadores/as y trabajadores/as.
Se establecen procedimientos claros para la elaboración de convenios colectivos, sus cláusulas y mecanismos de control, consolidando la autonomía de la voluntad y la plena igualdad entre las partes.
La elaboración del anteproyecto se caracterizó por un amplio proceso de consulta. Más de 2 millones de trabajadores participaron en más de 40 mil reuniones en colectivos estatales, privados, mixtos y misiones en el exterior.
Se recibieron 96 mil propuestas, de las cuales el 43 % fueron aceptadas total o parcialmente. Este ejercicio de democracia participativa permitió que el texto final recogiera las inquietudes y demandas de la ciudadanía, fortaleciendo su legitimidad.
La propuesta de el Código de Trabajo se presenta como una reforma integral que busca responder a los desafíos contemporáneos: envejecimiento poblacional, migración, diversificación de formas de propiedad y gestión, y avances tecnológicos.
Al garantizar igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras, sin importar el sector, y al reforzar la protección social, la norma podría convertirse en un instrumento clave para consolidar la justicia social y la equidad en Cuba.
La presentación del proyecto abre un espacio decisivo para la participación ciudadana. Este texto normativo, que redefine derechos, deberes y garantías en el ámbito laboral, está disponible para su estudio y análisis colectivo.
La Asamblea Nacional del Poder Popular convoca a las personas trabajadoras, sindicatos, empleadores y organizaciones sociales a realizar la consulta del proyecto, con el propósito de enriquecerlo con opiniones, propuestas y críticas constructivas.
La implicación activa de la población en este proceso garantiza que el nuevo Código refleje las realidades del mundo laboral cubano y fortalezca la justicia social como principio rector de la nación.
Proyecto de Ley <<Código de Trabajo>> (PDF): https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2026-06/proyecto-ley-codigo-del-trabajo_vf-en-a3.pdf
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