Por Marilys Zayas Shuman
Fotos: Vladimir Molina
En una sesión marcada por el análisis profundo, la participación de las diputadas y diputados y el reconocimiento explícito al papel de la ciudadanía en la construcción normativa, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, una norma que redefine la estructura del aparato estatal cubano y actualiza, después de más de tres décadas, la arquitectura institucional del país.
La ley sustituye el Decreto-Ley 147 de 1994 y reorganiza la Administración Central del Estado, que pasa de 27 a 21 organismos, de ellos 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
La categoría de “institutos” desaparece, integrándose sus funciones en los nuevos ministerios. Esta transformación, presentada por el diputado Amado Ricardo Verra, secretario del Consejo de Ministros, responde al mandato constitucional del Artículo 146 y a los objetivos estratégicos del Programa Económico y Social del Gobierno.
Entre las transformaciones más relevantes se encuentran:
Ministerio de Agroalimentación, que integra agricultura e industria alimentaria para cerrar el ciclo productivo de los alimentos. Esta articulación es clave para la seguridad alimentaria de las familias y para las mujeres que gestionan hogares y proyectos comunitarios vinculados a la producción local.
Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, considerado por especialistas y diputados como “la propuesta más visionaria”, al integrar funciones hoy dispersas en cuatro organismos. Esta fusión simplifica trámites para la vivienda, el acceso al agua y la gestión ambiental, temas que afectan de manera diferenciada a las mujeres, especialmente en comunidades vulnerables.
Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, que articula formación, investigación e innovación. Su diseño favorece la participación de mujeres científicas, investigadoras y profesoras, y fortalece la relación entre talento femenino y desarrollo nacional.
Ministerio de Industria y Construcción, que reorganiza sectores clave para la infraestructura del país, incluyendo la gestión de desechos sólidos y servicios comunales, áreas donde las mujeres han liderado iniciativas comunitarias de reciclaje, saneamiento y cuidado ambiental.
Una ley construida con participación ciudadana y enfoque de transparencia.
El dictamen avala la constitucionalidad del proyecto. Destaca que la norma se construyó con un proceso de consulta amplio: 242 observaciones en la primera etapa de análisis, 84 criterios enviados por la población a través del sitio web de la Asamblea Nacional, 80 opiniones de organismos estatales tras las Transformaciones Económicas y Sociales y 57 intervenciones de diputadas y diputados en sesiones de trabajo especializadas. Este proceso permitió modificar 31 artículos y una disposición especial, fortaleciendo la coherencia y la pertinencia de la ley.
La diputada Marta del Carmen Mesa Valenciano aportó elementos del ejercicio de control realizado por tres comisiones parlamentarias sobre el antiguo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, cuyos resultados respaldan la integración aprobada. Su intervención subrayó la importancia de que las nuevas estructuras ministeriales potencien la gestión del conocimiento y la articulación territorial, elementos esenciales para el desarrollo local y la equidad.
Nuevas funciones para servicios comunales: impacto directo en barrios y comunidades
La ley incorpora nuevas funciones específicas para seis organismos, derivadas de la Política para el Funcionamiento y Control de los Servicios Comunales. Entre ellas:
- gestión de desechos sólidos y reciclaje;
- alumbrado público;
- arbolado urbano y áreas verdes;
- señalética y mobiliario urbano;
- servicios funerarios y manejo de restos humanos;
- transporte especializado para servicios fúnebres.
Estas funciones son esenciales para la calidad de vida en barrios y comunidades, donde las mujeres han sido protagonistas en la organización de iniciativas de limpieza, reciclaje, cuidado ambiental y acompañamiento social.
Un paso audaz en medio de la crisis económica.
El secretario del Consejo de Ministros afirmó que el redimensionamiento es “un paso audaz y necesario en el contexto de la peor crisis económica de las últimas décadas”.
La ley busca reducir costos burocráticos, eliminar duplicidades, optimizar recursos y fortalecer la rectoría estatal, creando mejores condiciones para la transparencia, la rendición de cuentas y la atención a las necesidades de la población.
Los organismos contarán con un plazo de hasta un año para implementar los cambios derivados de la nueva estructura, proceso que será acompañado por el Gobierno y que requerirá aseguramiento político y administrativo, especialmente en los ministerios que experimentan transformaciones profundas.
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