Implementación de las transformaciones económicas y sociales: informe del Primer Ministro ante la Asamblea Nacional

Por Marilys Zayas Shuman

Foto: Vladimir Molina

La Asamblea Nacional del Poder Popular analizó este miércoles el proceso organizativo y la implementación de las transformaciones económicas y sociales previstas en el Programa Económico y Social 2026, a partir del informe presentado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

El jefe de gobierno inició su intervención reconociendo el impacto multidimensional de la política de sanciones de Estados Unidos, reforzada desde la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 140-204, el pasado 1 de mayo.

Estas medidas —dirigidas tanto a Cuba como a terceros países que comercien con la Isla— han generado afectaciones severas en sectores estratégicos como energía, agua, alimentación, turismo, finanzas y salud pública, además de paralizar operaciones logísticas esenciales en puertos cercanos.

Marrero explicó que, desde la aprobación inicial de las transformaciones el 18 de junio, se desarrolló un proceso de actualización y enriquecimiento que incorporó las orientaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del Primer Secretario del Partido y recomendaciones de economistas y expertos. 

Agregó que el 25 de junio se publicó la versión actualizada del documento, dando paso a una nueva etapa centrada en el diseño de políticas, normas jurídicas y cronogramas de implementación. Hasta la fecha, se han aprobado 110 transformaciones (90,9%) previstas para junio y julio.

Durante su intervención enumeró los principales avances por ejes temáticos:

Modelo de gestión de los actores económicos: Aprobado el Decreto-Ley del Sistema Empresarial Estatal, que amplía la autonomía de las empresas estatales en organización salarial, fijación de precios, inversiones y destino de utilidades. Se flexibilizan los requisitos para cooperativas, mipymes y trabajo por cuenta propia, eliminando 46 actividades prohibidas y reduciendo trámites.

Planificación económica: Se transita hacia una planificación más flexible, estratégica y financiera. Solo las inversiones superiores a mil millones de pesos requerirán aprobación central.

Administración Central del Estado; Redimensionamiento institucional con reducción de 92 mil cargos administrativos en salud, educación, cultura y deportes. El objetivo es separar funciones estatales y empresariales, y lograr estructuras más eficientes.

Descentralización territorial; Actualización del Decreto 140 y asignación de sobrecumplimientos tributarios a 111 municipios para fortalecer estrategias locales.

Sector energético: Instalación de 1 464 fuentes renovables, que ya aportan 13,8% de la generación eléctrica. Más de 125 700 hogares cuentan con sistemas solares. Se flexibiliza la importación y comercialización de combustibles y se amplían incentivos fiscales para inversiones en energía renovable.

Transformaciones sociales: Identificadas 876 522 personas en situación de vulnerabilidad. Se habilita el trámite digital de solicitud de protección social mediante la plataforma Soberanía. Se fortalecen políticas de responsabilidad social para actores económicos estatales y no estatales.

Política salarial: Incremento salarial en el sector presupuestado, con un salario mínimo de 3 210 pesos. Se implementan ocho transformaciones vinculadas al nuevo Código de Trabajo.

Sistema bancario y financiero: Eliminación de trámites para apertura de cuentas en divisas. Autorización de depósitos y pagos al exterior para actores no estatales. Primeras casas de cambio privadas listas para operar.

Transformaciones tributarias: Se introduce el IVA en sustitución de impuestos sobre ventas y servicios. Se reduce del 35% al 30% el impuesto sobre utilidades. Se implementa la factura electrónica fiscal.

Inversión extranjera: Eliminación de la obligatoriedad de contratación a través de entidades empleadoras. Primeras asociaciones entre empresas estatales y mipymes privadas. Creación de una zona de desarrollo económico para turismo de salud.

Turismo: El 73% de las instalaciones hoteleras permanece cerrado por falta de combustible y sanciones. Se han retirado siete cadenas hoteleras del país. Se aprueban nuevas modalidades de negocios, incentivos tributarios y regulaciones para agencias privadas y guías turísticos.

Transporte: Flexibilización de la importación y comercialización de vehículos, con énfasis en movilidad eléctrica.

El primer ministro subrayó que todas las transformaciones deben evaluarse desde su impacto en las personas, familias y comunidades, priorizando la protección social y la sostenibilidad de los servicios básicos.

Este enfoque —coherente con las políticas de equidad y justicia social del país— exige que los actores económicos asuman responsabilidades concretas en sus territorios.