En el centro de la agenda

 

Por Zucely de Armas Almarales

La discapacidad no es una tragedia. La verdadera tragedia es la forma en que la sociedad responde a ella.

Judith Heumann,

activista por los derechos de las personas con discapacidad.

En la periferia de La Habana, en los barrios descuidados, en los más apartados, viven muchas mujeres con discapacidad atrapadas en una red de pobreza, violencia estructural y exclusión social*.

Según datos del Anuario Estadístico de Salud de Cuba (2022), más de 373 mil mujeres en el país, viven con algún tipo de discapacidad. De ellas, una parte importante puede residir en zonas rurales o barrios preteridos, donde el acceso a servicios básicos es limitado y las oportunidades de empleo, casi inexistentes.

El Informe de Cuba ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2019) reconoce que la situación de las mujeres con discapacidad “amerita un tratamiento específico debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan”.

Aunque Cuba ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y existen programas de asistencia social como el Sistema de Atención a la Familia (SAF), la realidad de muchas mujeres en barrios marginados contradice políticas y programas aprobados por el gobierno.

Estas comunidades, marcadas por el deterioro urbano, la violencia doméstica y la precariedad institucional, son un escenario propicio para que la exclusión se enraíce.

En el barrio La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, vive Maribel, una mujer de 38 años que perdió la movilidad de sus piernas en un accidente de tránsito.

“Desde que quedé en silla de ruedas, todo ha sido cuesta arriba. En mi casa no hay rampa, ni el policlínico más cercano tiene condiciones para atenderme. No consigo empleo. Nos tratan como si no valiéramos nada”, cuenta entre lágrimas.

Su testimonio se repite con variaciones, en voces como la de Lisandra, una joven sorda de 24 años que vive en San Miguel del Padrón y relata cómo fue víctima de abuso por parte de su pareja y nunca pudo denunciar porque ni la policía ni los tribunales contaban con intérpretes de lengua de señas.

Estos relatos ponen en evidencia la brecha entre la legislación cubana y el ejercicio efectivo de derechos. A pesar de los avances normativos como el nuevo Código de las Familias aprobado en 2022, que reconoce la protección integral de personas con discapacidad, muchas de estas mujeres siguen enfrentando obstáculos cotidianos que van desde la falta de acceso a transporte público accesible, hasta la exclusión del sistema laboral formal.

La socióloga cubana Mayra Espina, en varios de sus estudios sobre desigualdad social, ha señalado cómo la intersección entre pobreza y género profundiza la exclusión. Cuando a estos factores se suma una discapacidad, se produce lo que ella llama una "configuración de vulnerabilidad estructural múltiple".

En barrios como Luyanó, en el municipio de 10 de Octubre, o en los de Marianao, es común encontrar viviendas improvisadas, caminos de tierra, carencias en el abastecimiento de agua y electricidad intermitente.

Para mujeres con discapacidad física o sensorial, estas condiciones no solo representan una barrera funcional, sino también un muro simbólico que las aísla de la vida comunitaria y de cualquier posibilidad de superación.

Además, muchas de ellas son cuidadoras de otras personas (hijos, madres ancianas, hermanos), lo que las sitúa en un rol de dependencia mayor. La mayoría no reciben una pensión suficiente, ni siquiera están registradas como personas en situación de discapacidad ante el sistema de seguridad social, lo que les impide acceder a subsidios estatales.

En conversación con trabajadoras sociales del municipio 10 de Octubre, se reconoce que los instrumentos para atender a estas mujeres existen, pero están desarticulados: “Hay voluntad, pero no estructura. No tenemos transporte para llegar a ciertos barrios, y hay un déficit de profesionales para hacer un seguimiento adecuado. A veces se prioriza lo más visible, y estas mujeres no lo son”, explica Zenaida Suárez.

El problema más grave quizá no sea la discapacidad en sí misma, sino la inacción social que la rodea. Las mujeres con  discapacidad en barrios marginados siguen siendo ignoradas por muchas políticas y prácticas institucionales. No aparecen en los medios, no están representadas en espacios de decisión y rara vez se les consulta para diseñar políticas que inciden en sus vidas cotidianas.

Como advierte la diputada y jurista cubana Yamila González Ferrer en su libro Discriminación por estereotipos de género: Herramientas para su enfrentamiento en el derecho de las familias, las construcciones de género producen estratos sociales, lo que resulta en fenómenos de desigualdad y discriminación, principalmente bajo la égida del androcentrismo. Este análisis destaca la necesidad de abordar la inclusión y la equidad de manera transversal en las estructuras sociales.

Pese a la ratificación por parte de Cuba de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, persisten desafíos en la implementación efectiva de políticas inclusivas. La falta de infraestructura accesible, transporte adaptado y programas de empleo inclusivos limita la participación plena de estas mujeres en la sociedad.

Mientras no se asuma con seriedad la deuda social con estas mujeres, seguiremos acumulando exclusiones. Hace falta voluntad política, recursos, formación de profesionales, pero, sobre todo, una mirada ética que ponga a estas mujeres en el centro de la agenda.

* Se cambiaron los nombres de los testimonios a petición de las testimoniantes.