¿Si denuncio alguien va a entenderme?

Por Zucely de Armas Almarales

María Elena vive con el recuerdo de cuando fue a denunciar, cuenta que el policía le dijo que no la podía ayudar porque ella no entendía bien las cosas. “Como si ser sorda me hiciera mentirosa”, cuenta María Elena*, una mujer de 42 años con discapacidad auditiva que vivió violencia física y psicológica durante más de ocho años.

Cuando finalmente logró reunir el valor para acudir a la estación de policía, no había intérprete de lengua de señas, ni paciencia en la mirada de los oficiales. “Me trataron como si fuera una niña caprichosa. Me hicieron repetir todo, una y otra vez, y al final no levantaron la denuncia”, recuerda con impotencia.

No obstante, Lázaro Rodríguez, policía de la estación del municipio 10 de Octubre asegura que existen protocolos dentro de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que orientan la atención diferenciada.

“Cuando llega una persona con discapacidad, se hace lo posible por garantizarle condiciones para la denuncia. Si necesita un intérprete o acompañamiento, se gestiona rápidamente con el sistema de salud”, explica Rodríguez.

Rosa, mujer de 30 años que vive con una discapacidad intelectual leve, explica que su denuncia nunca llegó a nada.

“Mi agresor era mi primo. Mi familia no quiso que yo denunciara. Decían que eso era un problema de casa. Cuando fui sola, en la estación nadie me explicó nada. La ley estaba, pero no estaba para mí”, recuerda.

Muchas mujeres con discapacidad afirman vivir un tipo de violencia que no solo viene de sus agresores, también de instituciones, sistemas que deberían protegerlas, y de una sociedad que prefiere no verlas, o no sabe cómo. No se trata solo de machismo, sino también de capacitismo: una forma de discriminación estructural que considera inferiores a las personas con discapacidad.

En el caso de las mujeres, esta discriminación se multiplica. A esta intersección entre género y discapacidad se le llama doble opresión. La violencia contra las mujeres con discapacidad es una forma de discriminación que se ve agravada por múltiples factores, como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la dependencia económica y la pertenencia a sectores marginados, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Esta declaración, basada en las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), destaca la necesidad de un enfoque interseccional para comprender cómo interactúan las categorías de diferenciación social y género en las mujeres con discapacidad.

Aunque en Cuba existen programas para atender la violencia de género y organizaciones que acompañan a mujeres con discapacidad, la falta de estadísticas desagregadas y de investigaciones específicas impide dimensionar el problema con precisión.

Sin embargo, informes internacionales apuntan datos alarmantes; según ONU Mujeres (2017), las mujeres con discapacidad tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir violencia de género que las mujeres sin discapacidad.

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha advertido que la violencia hacia este grupo es más persistente, más prolongada, más invisible, y muchas veces queda impune por las barreras para acceder a la justicia, la salud, la información y el entorno físico.

En Cuba, estudios recientes han señalado que las mujeres con discapacidad enfrentan múltiples obstáculos estructurales que dificultan el acceso a la justicia y la denuncia de hechos violentos. Según ONU Mujeres (2021), “la dependencia económica de sus cuidadores, la inaccesibilidad de los servicios de apoyo, la falta de información sobre sus derechos y los prejuicios institucionales” constituyen barreras críticas para estas mujeres, que a menudo quedan invisibilizadas en las políticas públicas.

Estos factores, sumados al capacitismo arraigado en muchas instituciones, configuran un escenario en el que la violencia permanece silenciada, normalizada y poco atendida. La intersección entre género y discapacidad agrava la vulnerabilidad estructural, haciendo urgente el diseño de mecanismos de atención y denuncia accesibles e inclusivos.

De ahí que, cuando una mujer con discapacidad logra alzar la voz, se convierte en un acto de valentía que desafía a todo un sistema.

Denunciar las violencias no es un acto simple para ninguna mujer, pero para las mujeres en situación de discapacidad en el país, este proceso se vuelve una verdadera odisea llena de obstáculos de diversa magnitud, pero implacables. Las barreras estructurales, es decir, las limitaciones institucionales y sociales que impiden que la denuncia sea efectiva y segura, representan un muro casi infranqueable.

La abogada especializada en derechos humanos Claudia Peña, integrante de un bufete colectivo de La Habana, destaca que, aunque Cuba ha firmado tratados internacionales clave como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “la implementación real todavía tropieza con un enfoque legal que no considera suficientemente la intersección entre género y discapacidad”.

Peña refiere que no hay una legislación específica que establezca protocolos diferenciales para mujeres con discapacidad víctimas de violencia, lo cual, en la práctica, las deja en una situación de mayor vulnerabilidad.

“En el sistema jurídico cubano hay voluntad, pero falta enfoque. Muchas veces no se entiende que igualdad no es tratar a todos igual, sino garantizar condiciones adecuadas según las necesidades de cada persona”, explica.

Por otro lado, el abogado Pedro Martínez, considera que el país “sí cuenta con una red de protección efectiva”. Menciona instituciones que trabajan de forma articulada para garantizar acceso a la justicia y afirma que la ley cubana protege a todas las mujeres, sin distinción.

Martínez también destaca que Cuba ha firmado instrumentos clave como la CDPD y CEDAW. En el ámbito nacional, cita el Plan Nacional de Adelanto de las Mujeres (PAM) como un paso importante hacia la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas.

Carmen señora de 43 años con discapacidad físico-motora que radica en Centro Habana explica que su experiencia denunciando fue sencilla.

“Fue mi vecina quien me llevó a la Casa de Orientación de la FMC. La psicóloga fue la primera persona que me creyó sin juzgarme. Me acompañó al tribunal, me ayudó con los papeles, me explicó cada paso. Sin ella, yo no habría podido seguir adelante”, cuenta a esta periodista.

Los testimonios y declaraciones reunidos para este trabajo periodístico demuestran que el panorama institucional en Cuba presenta avances notables en materia de derechos humanos y protección a las mujeres, pero la atención a las mujeres con discapacidad sigue siendo insuficiente y fragmentada.

El teniente Manuel García, oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Habana, admite que la mayoría de los efectivos no están preparados para atender a personas con discapacidad, mucho menos en situaciones de violencia de género.

Aunque asegura que existe voluntad de ayudar, reconoce que “sin intérpretes, sin espacios adecuados y sin una guía clara, muchas veces no sabemos cómo actuar correctamente”. García considera que hace falta una capacitación específica y continua para que los agentes puedan responder con sensibilidad y eficacia.

La violencia hacia las mujeres con discapacidad no es un fenómeno nuevo, pero sigue siendo una de las caras más desatendidas de la discriminación de género. Muchas siguen escondiendo su historia, por miedo a ser maltratadas, como es el caso de Lucía, quien tiene trastornos del habla. Afirma que el oficial le preguntó cómo me iba a defender si ni siquiera hablaba bien.

“Me humilló. Llevaba días tratando de armar valor para ir a la policía. Y salí de ahí con más miedo que cuando entré. Nunca más volví, ¿para qué?, ¿si denuncio alguien va a entenderme?”, pregunta Lucía.