Un campo de batalla

 Por Zucely de Armas Almarales

Dania aún recuerda el frío metálico de la camilla y la voz tajante del médico que, sin siquiera mirarla a los ojos, le dijo: “No deberías tener este hijo, no vas a poder cuidarlo”. Ella, mujer habanera de 35 años que vive con una discapacidad motora y utiliza silla de ruedas desde la infancia, no esperaba compasión, pero tampoco imaginó que su deseo de ser madre sería tratado como un acto irresponsable. “Me hicieron sentir que ser madre no era un derecho mío. Como si estuviera cometiendo un delito”, dice Dania con una mezcla de rabia y tristeza.

Dania no quiso publicar su nombre real, pero afirma que contar su historia puede ayudar a otras mujeres porque su historia no es una excepción. En Cuba, son varias las mujeres en situación de discapacidad que enfrentan una forma específica de violencia menos visibilizada: la violencia obstétrica.

Un fenómeno global

De acuerdo con un comunicado emitido en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un caso ocurrido en Argentina, la violencia gineco-obstétrica “es una forma de violencia basada en el género ejercida por los encargados de la atención en salud sobre las personas gestantes, durante el acceso a los servicios que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto”.

Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio, la violencia obstétrica incluye maltrato físico, humillaciones, abuso verbal y procedimientos médicos no consentidos, y es reconocida como una forma de violencia de género por organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

En 2014, la OMS publicó la declaración para la «prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud». Cuatro años después, en 2018, estableció una serie de recomendaciones para conducir ese proceso, entre las que sobresale que no puede estar sometido a estrictos protocolos y debe tener en cuenta las individualidades.

En 2019, en tanto, la ONU la consideró por primera vez como una violación a los derechos humanos. Además de revelar su carácter generalizado y global, arraigado en los sistemas de salud, la organización internacional identificó entre sus manifestaciones el abuso de la cesárea (parto quirúrgico), la práctica excesiva o rutinaria de la episiotomía (corte profundo en el perineo que llega hasta el músculo del suelo pélvico) y el empleo de personal médico sin experiencia para realizar exámenes, entre otros procederes.

En el plano psicológico y simbólico, la ONU también incluyó las humillaciones y agresiones verbales como amenazas, burlas, reproches, insultos, comentarios sexistas, mensajes de culpabilización o las miradas lascivas y otras faltas de respeto.

Una intersección de violencias

“Me dijeron que gritaba demasiado” afirma Lianet Rodríguez, una joven madre de 27 años con discapacidad visual que vive en Ciego de Ávila; recuerda su experiencia en el hospital de su ciudad como una de las más dolorosas de su vida.

“Estaba asustada, no veía nada, no sabía cuántas personas había en el salón, pero sentía muchas manos tocándome sin avisar. Cuando empecé a llorar del dolor, una doctora me dijo que gritaba demasiado, que otras habían parido sin hacer tanto escándalo”, comenta para este reportaje.

Lianet asegura que no se le explicó qué procedimientos se le harían: “No me preguntaron nada, me trataron como si no tuviera derecho a decidir”, afirma.

De acuerdo con Tania Hernández, enfermera del hospital Hijas de Galicia en La Habana, la violencia gineco-obstétrica es, desde su visión, una de las causas principales de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, que puede atentar contra la integridad psicológica, social y física de las personas que la padecen.

 En el caso de las mujeres en situación de discapacidad, la violencia obstétrica se entrelaza con múltiples capas de discriminación. A la violencia de género se suman otros prejuicios capacitistas que las perciben como incapaces de tomar decisiones o de ejercer la maternidad de manera “responsable”. Esto crea una intersección de violencias que vulnera derechos fundamentales como la autonomía corporal, la dignidad y el acceso equitativo a la salud.

De acuerdo al artículo “Violencia obstétrica capacitista hacia mujeres con discapacidad: Una revisión integradora de la literatura”, la violencia obstétrica en las mujeres en situación de discapacidad contempla tanto la obstaculización del ejercicio de la maternidad como su negación. Así, los métodos anticonceptivos y de barrera, la esterilización forzada y los abortos coercitivos, son intentos eugenésicos de evitar explícitamente la reproducción de las mujeres con discapacidad. No obstante, cuando son madres, se les reduce, infantiliza y coarta de su rol, incluso en algunos casos se pone en duda el cuidado y custodia de sus hijos.

El comité de expertos que supervisa la aplicabilidad de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) señala, entre sus recomendaciones, especial preocupación por la autonomía, la discriminación, la violencia de género, y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se ven enfrentadas las mujeres con discapacidad. A pesar de ello, las mujeres en situación de discapacidad -niñas, adolescentes, adultas y mayores-han visto sistemáticamente vulnerados sus derechos, particularmente, los derechos sexuales y reproductivos.

Anaely Betharte Gutiérrez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Personas Sordas e Hipoacúsicas (ANSOC) en La Habana, vivió esta realidad en carne propia. En el reportaje “Violencias cruzadas, también al parir”—publicado por la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac)— declaró que en su segundo embarazo no pudo acceder a un intérprete.

“Existieron muchas barreras, sobre todo comunicativas. Muchas veces las personas no consideran la sordera como una discapacidad, y tengo que estar observando constantemente para entender qué ocurre”, refiere en el trabajo periodístico.

Por su parte, Yamilé Ramírez, una mujer ciega de 32 años residente en el municipio Centro Habana relata con indignación: “No sabía ni quién me tocaba. Me hicieron tactos vaginales sin decirme nada. Después supe que eran estudiantes. Me sentí como un objeto”.

Estas vivencias son reflejo de una práctica común: la infantilización. Profesionales de la salud que deciden por ellas sin consultar, familias que asumen la voz de las pacientes y personal que las trata con condescendencia. A muchas ni siquiera se les explica lo que ocurre durante una revisión ginecológica. Lo que debería ser una experiencia de acompañamiento y empoderamiento se convierte, para algunas, en una vivencia violenta.

Esfuerzos institucionales y deudas pendientes

Aunque por mucho tiempo fue un tema silenciado, la violencia obstétrica ha comenzado a salir a la luz en el debate público cubano y hoy existen iniciativas que buscan enfrentarla. En el contexto nacional actual, la concurrencia de la violencia gineco-obstétrica adquiere peculiares matices.

De acuerdo al artículo “La violencia gineco-obstétrica como expresión de la violencia basada en el género. Perspectiva desde el derecho penal cubano”, a raíz de la promulgación de la Constitución de 2019 y del proceso de reforma legislativa, se han fortalecido las leyes que abordan la violencia de género y su prevención, con el objetivo de reducir el impacto negativo que este tipo de conductas tiene en la sociedad.

Su autora, la jurista Amy Mae Hernández Espino, considera que dentro de este contexto, la violencia gineco-obstétrica también debe ser enfrentada como una expresión de la violencia de género.

La Constitución de la República de Cuba (2019) y el Código de las Familias (2022) garantizan el derecho de todas las personas —incluidas aquellas en situación de discapacidad— a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Sin embargo, el abogado Daniel Martínez, quien ha atendido varios casos de violencia de género, considera que “el marco legal cubano carece de mecanismos concretos que aseguren su cumplimiento real” y que no existen protocolos diferenciados que respondan a las necesidades específicas de las mujeres en situación de discapacidad en los servicios de salud.

No obstante, se han comenzado a dar pasos importantes. En junio de 2019, durante el XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, se reconoció formalmente esta problemática. A ello le siguió, en 2022, la publicación por parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la “Guía de Actuación para la Atención al Parto Respetuoso”, que define buenas prácticas obstétricas y advierte contra procedimientos que constituyen violencia.

Además, en agosto de 2022 se inició un proyecto piloto en el hospital ginecobstétrico Ramón González Coro, en La Habana, para implementar estas guías de forma práctica. Con el tiempo, esta iniciativa se ha extendido a otras provincias del país. Para medir el impacto de estas acciones, algunas instituciones de salud—como los hospitales Ramón González Coro en La Habana y Ciro Redondo en Artemisa— han comenzado a aplicar indicadores específicos, entre ellos se incluyen la realización de episiotomías sin justificación médica, el uso del consentimiento informado, la presencia de acompañantes durante el parto y el nivel de satisfacción materna.

Según el MINSAP, las tasas de cesáreas “primitivas” se han mantenido desde 2017 entre un 18 y un 19 %, dentro del rango sugerido por la OMS, lo que indica un esfuerzo por racionalizar los procedimientos médicos. Además, en entrevistas recientes se ha informado que ya se están recogiendo encuestas sobre satisfacción de las pacientes y quejas formales, como parte de los nuevos enfoques hacia una atención más humanizada.

Tania Hernández, enfermera del hospital Hijas de Galicia, explica que, pese a que desde 2023 se ha intentado fomentar el parto respetuoso, persisten prácticas autoritarias. Además, enfatiza que es importante “mantener una buena comunicación con las embarazadas, porque ayuda a que no se sientan indefensas o asustadas, y eso también repercute en el bienestar del feto”. En sintonía con esa visión, la doctora Elizabeth Navarro, ginecobstetra del hospital González Coro, comenta que “lo que más urge cambiar no son los recursos, sino la actitud: la comunicación, la empatía, el respeto”.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la falta de datos continúa siendo un obstáculo para comprender la magnitud del problema. Según cifras de ONU Mujeres, más del 50 % de las mujeres en situación de discapacidad en América Latina han experimentado algún tipo de violencia obstétrica. Sin embargo, en Cuba no existen estadísticas oficiales que aborden de forma transversal las dimensiones de género, discapacidad y violencia en el ámbito de la atención perinatal.

Este vacío de información refuerza el silencio y la invisibilidad que rodean a las mujeres con discapacidad, que en muchos casos no denuncian por miedo, por desconocimiento o por falta de canales accesibles. Los testimonios son, por ahora, la principal vía para visibilizar lo que sucede dentro de los hospitales.

“Creo que erradicar esta violencia implica transformar prácticas, cambiar la manera en que se forma a los profesionales de la salud, y garantizar políticas públicas con voluntad real”, afirma Dania Fernández, quien no ha vuelto a ser madre por miedo. “Las mujeres con discapacidad no necesitamos permiso para ser madres. Solo necesitamos respeto, y que se entienda que la maternidad