Fotos: Favio Vergara
Por Lianne Garbe y Bicet
La reciente aprobación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes por la Asamblea Nacional del Poder Popular marca un hito en la construcción de una Cuba más inclusiva, justa y humana. Esta legislación, resultado de años de consultas y debates multifacéticos, reconoce y promueve garantías para este sector poblacional como sujetos plenos de derechos, a la vez que amplía y fortalece el marco legal para su protección, participación y desarrollo integral.
La diputada Arelys Santana Bello presentó el dictamen parlamentario sobre la nueva ley dirigida a la infancia y la juventud, compuesta por 214 artículos divididos en dos títulos. Esta norma sustituye al Código de 1978, que marcó un precedente legal en la protección institucional de niños, niñas y adolescentes.
El nuevo documento recoge una visión más integral, incorporando principios como el ciclo de vida, la interseccionalidad, la participación activa y la corresponsabilidad, y se apoya en la Política Integral aprobada en 2023, así como en tratados internacionales firmados por Cuba, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Uno de los elementos de mayor trascendencia es el espíritu participativo que ha impregnado cada uno de los procesos previos a su aprovación. Más de veinte mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes aportaron opiniones y propuestas, enriqueciendo así una normativa construida desde y para quienes la protagonizan.
Los derechos reconocidos abarcan la educación, la salud, la protección ante situaciones de vulnerabilidad, el acceso a la información, la participación social y política, el juego y el esparcimiento, entre muchos otros. El principio del interés superior de la niñez rige todas las decisiones públicas y privadas, situando la dignidad humana y la igualdad como ejes transversales.
Fiel a su carácter inclusivo, el Código incorpora la perspectiva de género y la atención a la diversidad, salvaguardando la igualdad real y efectiva frente a discriminaciones por género, discapacidad, orientación sexual, color de la piel o situación migratoria, entre otras.
El texto legal subraya el papel fundamental de la familia y la comunidad, estipulando obligaciones para garantizar la educación, protección y participación de las nuevas generaciones. Reconoce a las familias como el espacio primario de aprendizaje de valores, pero también atribuye responsabilidades al Estado y otros sectores sociales.
Voces femeninas en defensa de la niñez y la juventud
La presencia de las mujeres, madres, abuelas, cuidadoras, maestras, lideresas comunitarias ocupa un lugar central en la aplicación de este Código. Su aporte resulta clave en la vivencia cotidiana de los derechos y en la promoción de ambientes protectores, afectivos y participativos.
Desde las sillas parlamentarias ellas también fueron protagonistas en el impulso de la discusión y la puesta en marcha de la norma, reflejando el compromiso histórico del movimiento de mujeres cubanas en la defensa de las generaciones futuras.
La diputada Laura María Bacallao Padrón llevó al plenario una intervención profundamente emotiva. Basó su discurso en las voces reales de pioneros y adolescentes, como la pequeña Emma, quien expresó su derecho a preguntar y recibir una respuesta.
En sus palabras: "Me permití dar estas palabras de los verdaderos protagonistas del código porque siento que a ellos me debo desde este escaño." Así, celebró la receptividad del dictamen final: "Qué felicidad, qué sentimiento de pertenencia cuando recibí una versión actualizada que contenía mi aporte y el de muchos otros diputados." En su conclusión, abrazó el código como un paso trascendental “por la esperanza del mundo que este código tiene nombre y apellidos cubanos.”
De igual manera, subrayó avances sustanciales como la regulación de los derechos sexuales y reproductivos desde la adolescencia, y la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral, presidido por una comisión que, según dijo, "no puede ser una reunión más", sino un ente de rectoría real ante realidades complejas.
La urgencia de actualizar el texto legal anterior, incorporando fenómenos contemporáneos como el ciberacoso y la manipulación en línea, además de nuevas oportunidades como el aprendizaje virtual y la inteligencia artificial fue un aspecto abordado en varias intervenciones.
La doctora Rosa Miriam Elizalde diputada por el municipio de Trinidad, catalogó la nueva legislación cubana como “la más avanzada del país en términos del derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes” para disfrutar de un entorno educativo seguro y libre de violencia.
Elizalde destacó que a diferencia de normativas anteriores, como el Código Penal, el Código de las Familias o la Ley de Comunicación, este marco legal atiende vacíos significativos y refuerza la protección infantil frente a delitos informáticos.
En particular, el artículo 72, inciso 5, que establece la responsabilidad estatal y obliga a las plataformas digitales y redes sociales a desarrollar mecanismos eficaces de denuncia frente a contenidos que vulneran los derechos de menores.
Al respecto advirtió que las violaciones más graves ocurren en plataformas digitales estadounidenses, “los más descarados y delincuentes que operan en el espacio público digital cubano no viven en Cuba”. Señala que estas empresas privadas “se hacen de la vista gorda” ante contenidos violentos, porque “el odio, el morbo y la violencia” generan atención y estas son el “corazón de las ganancias” de dichos servicios.
Finalmente propuso reformular el acápite para incluir acciones estatales ante tribunales internacionales y sugirió crear un “registro público de entidades y personas que no están en territorio nacional” pero que han incurrido en “hechos probados con graves violaciones” contra los derechos de la niñez cubana. Sugerencia estudiada por el equipo redactor de la Ley para incorporarla en el documento final.
Por su parte la diputada Yamila González Ferrer durante su intervención, expresó su satisfacción con el documento final, reconociendo que si bien “no está todo lo que propusimos”, contiene “la esencia de la defensa y la garantía de nuestras niñas, niños y adolescentes”, destacando que es una norma “perfectible”, cuya aplicación irá revelando futuras mejoras.
Agradeció el trabajo “colosal” de la comisión redactora y recordó con emoción a Vilma Espín, al expresar: “tuvimos la oportunidad de trabajar junto a ella y compartir todos sus deseos con relación a los temas de las niñas, niños, adolescentes”.
Finalmente comentó que su implementación “va a promover una transformación cultural importante en nuestra sociedad” y llamó a comunicar sus contenidos de forma “amigable, cercana y accesible”, incluso a través de una futura aplicación digital.
Por su parte, la diputada Mariela Castro Espín en su intervención ante la Asamblea Nacional, reafirmó el compromiso martiano y fidelista del Parlamento al abordar temas esenciales para la infancia y la adolescencia, recordando el llamado de los delegados al Congreso de los Pioneros para aprobar el nuevo código.
Destacó que esta norma incorpora avances jurídicos significativos desde un enfoque de género progresista, como el reconocimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva, la educación integral de la sexualidad y la atención específica a la violencia infantil y el embarazo adolescente.
Asimismo, celebró la incorporación pionera de la protección a las infancias intersexuales, al prohibir cirugías genitales no consentidas, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.
Para Castro Espín, este instrumento jurídico exige de una fuerte voluntad política que posibilite a la vez una transformación cultural profunda que permita su implementación efectiva con espíritu revolucionario y emancipador.
De esta manera, el nuevo Código afianza su valor como una norma jurídica que apuesta por el presente y el porvenir, construida desde las voces de quienes hoy aprenden, sueñan y luchan por crecer en una sociedad más justa.
La infancia y la juventud en Cuba ganan hoy un respaldo legislativo sin precedentes, fruto de la voluntad colectiva y el compromiso ético por dejar un país mejor para quienes vienen detrás.
Implementarlo con sensibilidad, coherencia y convicción es el reto de todos los actores sociales. Porque cuando se protege a una niña, a un niño, a un adolescente, no se defienden solamente derechos: se cultiva la esperanza, se honra la dignidad y se asegura el corazón de la patria.
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