El 24 de septiembre de 1992, el Congreso de Estados Unidos aprobó oficialmente la llamada Ley Torricelli, nombre con el que se conoce a la mal llamada Ley para la Democracia en Cuba.
Esta legislación, bautizada así por el congresista demócrata por Nueva Jersey, Robert Torricelli, marcó el paso del bloqueo económico contra Cuba –vigente desde hacía tres décadas– de un ámbito bilateral a una soga de fuerza global. Sus cláusulas centrales eran simples y letales: prohibía a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países realizar cualquier transacción comercial con la Isla, y establecía que todo buque que entrara en puertos cubanos no podría atracar en puertos estadounidenses durante los 180 días siguientes.