El 24 de septiembre de 1992, el Congreso de Estados Unidos aprobó oficialmente la llamada Ley Torricelli, nombre con el que se conoce a la mal llamada Ley para la Democracia en Cuba.
Esta legislación, bautizada así por el congresista demócrata por Nueva Jersey, Robert Torricelli, marcó el paso del bloqueo económico contra Cuba –vigente desde hacía tres décadas– de un ámbito bilateral a una soga de fuerza global. Sus cláusulas centrales eran simples y letales: prohibía a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países realizar cualquier transacción comercial con la Isla, y establecía que todo buque que entrara en puertos cubanos no podría atracar en puertos estadounidenses durante los 180 días siguientes.
La ley fue finalmente firmada por el entonces presidente George Bush, el 23 de octubre de ese mismo año. El momento de la firma resulta revelador: en plena efervescencia de la campaña presidencial estadounidense, Bush necesitaba desesperadamente el apoyo del electorado cubanoamericano de Florida, y el propio Torricelli había visto en ese cálculo político su futuro.
Sin embargo, para comprender el peso de esta ley hay que volver al instante histórico en que salió a la luz.
En 1991 se disolvió la Unión Soviética. En 1992, Cuba perdió alrededor del 85 % de sus socios comerciales del came, las importaciones de petróleo se desplomaron, las fábricas se detuvieron, escaseó la comida y toda la Isla se debatía en el denominado «periodo especial en tiempo de paz».
El juicio estratégico de Washington era claro: el régimen socialista de la independiente Isla del Caribe era una vela a punto de apagarse y solo necesitaba «el último empujón». La Ley Torricelli fue el hierro con que se pretendió levantar la tapa del ataúd, pero se equivocó en sus pretensiones. La administración de George Bush padre, en plena campaña electoral y urgida del voto cubanoamericano de Florida, apostó a que el colapso del campo socialista europeo bastaría para quebrar la voluntad cubana.
Lo que no entendió –una vez más– fue la naturaleza de la resistencia que tenía enfrente. Washington creyó que ese cuadro de penuria extrema, agravado por la ley que acababa de aprobar, sería el golpe de gracia. Pero se equivocó.
Lo que Estados Unidos no supo leer fue la capacidad de organización y sacrificio de una sociedad que, lejos de fracturarse, se movilizó desde abajo. En 1993, mientras la crisis alcanzaba su punto más álgido, los parlamentos obreros convocaron decenas de miles de reuniones en todo el país durante un periodo de 45 días.
La Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, las organizaciones juveniles y académicas se sentaron a discutir cómo salir adelante, cómo reorganizar la producción, cómo distribuir lo poco que había, respuesta colectiva al colapso social que pronosticaba el imperio.
La Ley Torricelli tampoco logró su objetivo de aislar a Cuba del resto del mundo. Aunque el daño fue real y duradero –la industria papelera cubana, por ejemplo, desapareció casi por completo cuando el suministro británico de caolín se cortó de un día para otro, y la insulina tuvo que buscarse en Europa a precios mucho más altos porque la subsidiaria canadiense de Eli Lilly ya no podía vender a la Isla– Cuba encontró rutas alternativas, mercados nuevos y formas de adaptación que Washington no había previsto.
Para 1994, la economía había dejado de caer; para 1996, el PIB crecía un 7,8 %, y el turismo se convertía en un motor inesperado.
El país que la Casa Blanca imaginaba al borde de la rendición demostró un heroísmo y tenacidad que desconcertó a sus estrategas. La ley que debía doblegar a un pueblo terminó revelando, en cambio, la profundidad de su resiliencia. Y mientras en Naciones Unidas las condenas al bloqueo se acumulaban año tras año –desde 1992 hasta hoy, con mayorías abrumadoras–, en la Mayor de las Antillas la vida continuaba, confirmando que el «último empujón» que Washington creyó dar en 1992 no fue el final, sino el comienzo de otra etapa de resistencia.
Sin embargo, las condenas a la Ley Torricelli no pudieron revertir la realidad. El modelo inaugurado por la siniestra ley fue reforzado y sistematizado cuatro años después por la Ley Helms-Burton, que elevó el bloqueo del nivel de orden ejecutiva al de ley federal difícilmente revocable. Una cadena que se extiende desde aquel 24 de septiembre de 1992 hasta hoy, tiene su primer eslabón en aquella votación otoñal en Washington.
Lo cierto es que desde que la Ley Torricelli abrió la caja de Pandora de las sanciones extraterritoriales en 1992, el lazo de Washington sobre La Habana nunca se ha aflojado realmente.
De su lado, la Ley Helms-Burton inscribió el bloqueo en la legislación federal, arrebató al presidente la facultad de levantarlo por sí solo y llevó la «aplicación extraterritorial» a un nuevo extremo, al permitir que los tribunales estadounidenses demandaran a empresas extranjeras con intereses en propiedades cubanas nacionalizadas.
A lo largo de las décadas siguientes la lista de sanciones no dejó de alargarse: en 2004, el gobierno de Bush restringió aún más las remesas y los viajes de visita; en 2017, con Trump en el poder, se reactivó unilateralmente el Título iii de la Ley Helms-Burton, se prohibió a los ciudadanos estadounidenses comerciar con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas, se cerró el servicio de visados en el consulado de Estados Unidos en La Habana y se limitaron los vuelos y los cruceros.
Cabe destacar que, en su primer mandato, Trump acumuló 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba. Ya en su segundo mandato, el ritmo se aceleró aún más: entre enero y junio de 2025, Washington lanzó en apenas medio año decenas de nuevas medidas, entre ellas la reinscripción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, la restauración de listas de entidades restringidas, la suspensión de las negociaciones migratorias, la prohibición de vuelos estadounidenses a todas las ciudades cubanas excepto La Habana, y restricciones de visado para quienes participan en proyectos de cooperación médica cubana.
La nueva orden ejecutiva del 1ro. de mayo de 2026 fue aún más lejos: estableció, sin precedentes, la congelación de activos de entidades de terceros países con vínculos comerciales con Cuba sin necesidad de notificación previa, y prohibió por primera vez cualquier donación humanitaria de personas estadounidenses a la nación caribeña.
Desde la Ley Torricelli hasta las más recientes órdenes ejecutivas, Washington ha perfeccionado el arte de la asfixia sin cambiar un ápice en su objetivo: doblegar a Cuba. Y, sin embargo, aquí estamos. La Isla sigue en pie, tercamente vertical frente a sus narices, sin pedir permiso ni rebajarse a ser su patio trasero. Porque hay pueblos que no se quiebran, y dignidades que no caben en ningún cálculo estratégico.
Tomado de Granma
Foto: TVSantiago
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