Por Yirmara Torres Hernández
Abortar duele. Duele en muchos sentidos. Duele durante el proceder o después de él. Duele la duda que muchas veces atenaza a la mujer. Duele, incluso, cuando estás segura de terminar con el embarazo.
Pero lo que más duele es la incomprensión de la sociedad en torno al que es, sin dudas, un derecho humano.
¿Debe tener la mujer el derecho a decidir si quiere o no continuar un embarazo por la razón que sea?. Cuando lo hace, ¿ acaso no está ejerciendo un derecho sobre su cuerpo y su futuro?
El derecho o no al aborto, y sobre todo al aborto de forma legal y segura, es una de las temáticas más complejas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos.
¿Qué es el derecho al aborto? Es sencillamente el que la ley reconoce a las mujeres en varios países del mundo, en ciertas circunstancias, para decidir libremente acabar con su embarazo.
Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud de 2021, cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 61 por ciento es de embarazos no deseados y, el 29 del total de embarazos, se interrumpen voluntariamente.
El aborto intencional, vale recordar, es una práctica muy antigua. En un texto chino, de 3 mil años antes de nuestra era, aparece la primera receta escrita de un abortivo legal. Aristóteles lo defendía como método de control de la natalidad y se sabe que los aztecas utilizaban hierbas con ese fin.
Las sociedades cristianas aceptaron hasta la segunda mitad del siglo XIX el principio de hominización tardía formulado por san Agustín, que establecía que el ser humano comenzaba a existir cuando el feto ya se encontraba formado.
Pero en 1869 el papa Pío Nueve estableció el conocido como principio de hominización inmediata, según el cual el alma está presente desde el momento de la concepción. A partir de entonces, el aborto comenzó a considerarse delito en la mayoría de los países.
En la primera década del siglo XX se retomó en el mundo, la tendencia a reconocer el derecho al aborto, con mayor o menor amplitud. Fue aceptada en Argentina en 1921 , en Cuba en 1936, en los países de Europa oriental después de la Segunda Guerra y en Japón desde 1948.
Pero la verdadera lucha por este derecho se inició a partir de 1960, con la llamada Segunda ola del feminismo. Así fue que a fines de esa década y comienzos de la década de 1970, el Reino Unido, Australia, China y Estados Unidos, lo reconocieron. En los años siguientes, casi todos los países establecieron algún grado de derecho a abortar.
Para que tengan una idea, al finalizar 2020, existen dieciséis países del mundo (Angola, Congo, Egipto, El Salvador, Filipinas, Haití, Honduras, Irak, Jamaica, Laos, Madagascar, Mauritania, Nicaragua, República Dominicana, Senegal y Sierra Leona) que prohíben el aborto en sus códigos penales sin excepciones.
Pero hay otros tantos que lo reconocen sujeto a ciertas condiciones, como el riesgo para la vida o salud de la gestante, las semanas de gestación, la situación socioeconómica, o la presencia de una deficiencia grave en el feto.
Un caso especial es el de Estados Unidos, donde el derecho al aborto es regulado por cada estado. Esto supone que en algunos estados se pueda abortar libremente y en otros sea ilegal.
Hasta ahora, 21 estados han prohibido o restringido el aborto. Como resultado, en el país de la libertad, las personas han perdido la libertad de decidir sobre sus cuerpos y vidas.
¿Qué sucede cuando se niega este derecho?
Se ha demostrado que impedir el acceso a un aborto legal obliga a las mujeres a recurrir a abortos inseguros y, por lo tanto, poner en peligro su salud y su vida.
La Organización Mundial de la Salud estima que al año se realizan 25 millones de abortos clandestinos. Es esta la tercera causa más común de muerte materna del mundo.
El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, la salud, la intimidad, la autonomía y a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En general, el aborto es una práctica segura y sencilla de realizar desde el punto de vista clínico, y no significa un problema mayor que el de muchos otros procedimientos ginecológicos. Los problemas aparecen precisamente cuando el aborto no se efectúa de forma segura.
Según los especialistas, a menos que exista alguna complicación grave y poco frecuente que no se trate, no causa riesgos para embarazos futuros ni para la salud en general. Tampoco hace que la mujer tenga más riesgo de padecer cáncer de seno ni afecta su fertilidad.
Todas estas creencias forman parte del imaginario social, cargado de prejuicios, mitos y concepciones erradas.
Los conflictos emocionales después de abortar tampoco son considerados graves ni de larga duración. De hecho hay estudios que demuestran que la mayoría de las personas sienten alivio después de un aborto.
Pero, ¿qué sucede en nuestro país?
Cuba, hay que reconocerlo, fue el primer país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud.
Esta base se estructuró sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, debe realizarse la práctica en una institución hospitalaria, debe ser practicada por personal experto y de forma totalmente gratuita.
Desde entonces, las cubanas tenemos acceso libre a este derecho, siempre que sea en un centro de salud y dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Aquí, luego de hacer estudios y chequeos generales, los profesionales de la salud indican el método y proceso, que puede ser de tres maneras: regulación menstrual, legrado o medicamentoso.
El primero, que es una aspiración manual, se indica en las primeras semanas de gestación, pero se realiza sin anestesia y es extremadamente doloroso.
El segundo, conocido como raspaje (aunque hace varias décadas la Organización Mundial de la Salud desalienta su implementación), es el indicado a partir del segundo mes de embarazo.
Y el tercero, a través de Misoprostol, es el menos implementado, pero el preferido por muchas gestantes. Por supuesto, no es tan aplicado debido a la dificultad que el país tiene para ingresar medicamentos.
Las tasas de aborto cubanas son similares a las de los países de ingresos altos. En 2019, la tasa nacional fue de 27 por cada mil mujeres de 12 a 49 años.
Pero, ¿garantiza esto el acceso seguro de las cubanas al aborto? No siempre. Atentan contra este derecho que tenemos ganado, las malas condiciones sanitarias, la falta de insumos y los prejuicios del personal de salud en torno al aborto.
A eso se suma la escasez y la dificultad en el acceso a los servicios de interrupción en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, los vacíos educacionales, la mala praxis y la poca disponibilidad de métodos anticonceptivos.
Son muchas las historias amargas que han vivido las cubanas en las salas de legrados, y la mayoría recuerdan ese momento como una experiencia que no quisieran repetir.
No obstante, hay que reconocer que en Cuba, pese a estas insuficiencias y a las contracciones del sistema de salud después de la pandemia de Covid-19, el aborto es reconocido como un derecho y se hace, al menos en teoría, en ambientes supuestamente seguros. Faltaría entonces continuar la lucha porque sea este un proceder más amigable en todos los sentidos.
Por su parte, en el mundo en general, queda mucho trecho por andar para reconocer que el aborto es un derecho humano y que debería serlo en todo tiempo y contexto.
Respetarlo sin condicionamientos, junto al resto de los derechos sexuales y reproductivos, aun cuando sea considerado opuesto a las doctrinas de una fe o ideología, es lo menos que se espera de la humanidad.
El aborto, ni es un delito, ni un sacrilegio, ni un asesinato, y, siempre que no se abuse de él como método anticonceptivo, es una necesidad básica de atención médica para millones de mujeres.
Obligar a alguien a llevar un embarazo no deseado o inviable, por el motivo que sea, es una violación de sus derechos humanos.
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