Por Aime Sosa Pompa y Lianne Garbey Bicet
Uniones tempranas, embarazos adolescentes y la niñez ante las migraciones parentales fueron temas de debate en una de las comisiones del XVI Encuentro Internacional de Ciencias Penales y el IV Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que se desarrollan hasta el 28 de marzo en La Habana.
Expertas de la Fiscalía General de la República, académicos y académicas, y representantes de organismos internacionales profundizaron en los desafíos legales para proteger los derechos de la niñez, adolescencia, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad en Cuba.
La Dra. Livia Quintana Llanio, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ofreció una mirada integral a la protección de los derechos de adolescentes y jóvenes que asumen relaciones prematuras.
Durante su intervención destacó que en Cuba “casi todos los embarazos que se producen en la adolescencia y que terminan o no con un nacido vivo, se produce en una condición de unión, sea matrimonial, formal o una unión informal, y tienen que ver con los condicionamientos sociales de género.
"Las adolescentes llegan al embarazo como mismo llegan a las primeras relaciones sexuales, sin que haya una negociación, sin que haya una claridad de que este acto se va a producir. Y estamos hablando entonces de un ejercicio deficiente de los derechos, sobre los cuales tendríamos que actuar de manera integral”.
Hizo referencia a la necesidad de una actuación urgente, “en el sentido de políticas y legislaciones integrales que aborden todas las causas que conllevan a las uniones tempranas, el matrimonio infantil y el embarazo en la adolescencia en unión, y que eliminen todas las formas de violencia sexual que conducen a estas condiciones”.
Diana Rosa Simón Gutiérrez, fiscal de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, expuso los retos en la intervención de este órgano de justicia ante la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental.
El amplio nivel de acción de esa entidad, más un análisis de las principales leyes con las que cuenta el país para la protección de los derechos de las infancias junto al aporte del Código de las Familias, fueron parte de la ponencia.
Entre las intervenciones de las quienes estaban presentes trascendió la propuesta de promover el tema de la guarda de hecho desde adecuaciones jurisdiccionales evitando la revictimización de la persona menor de edad, insertándola además en la redacción del nuevo Código de la Niñez, las Adolescencias y la Juventud.
¿Quién cuida a los que quedan ante la migración parental? fue la cuestión abordada por Alicia Camué Torres, jefa de Departamento de la Fiscalía en Santiago de Cuba. Los altos flujos migratorios después de la crisis provocada por la pandemia en el contexto latinoamericano, han ocasionado en territorio nacional y extranjero, situaciones de vulnerabilidad y riesgos para las niñas y los niños, imposibilitados de ejercer sus derechos por la falta de los progenitores.
En su estudio resaltó que Cuba es pionera en la protección de la infancia desde el mismo triunfo revolucionario; existen programas, planes y seguimientos para diferentes edades, un aspecto que se aborda en las normativas.
“El acto migratorio urge que padres y madres establezcan el proceso que posibilite la protección de hijos e hijas, así como el chequeo y control del encargo desde la distancia. Para ello se debe incentivar la divulgación y asesoramiento jurídico de la población en relación con la utilidad del proceso de delegación voluntaria del ejercicio de responsabilidad parental”, enfatizó.
El derecho de las y los menores a ser escuchados en procesos legales fue otro de los asuntos ampliamente debatidos con la exposición de la fiscal santiaguera Ládins Ricardo Soria. Una profunda disertación en torno a los fundamentos teóricos jurídicos para la protección de los derechos de personas adultas mayores, y la protección de personas con conductas ambulantes, fueron otras aristas desarrolladas por las ponentes Asseneth Verdecia Rodríguez, y Marluvis Hinojosa respectivamente.
Cada una de las iniciativas, diagnósticos y propuestas son reflejo de la clara intención de la Fiscalía de garantizar la protección de las familias cubanas e implementar normas procesales y sustantivas vinculadas al control de la legalidad ante desafíos sociales y legales.
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