Desde el Código de las Familias: ¿qué incluye la responsabilidad parental?

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Fiscalía General de la República

La responsabilidad parental constituye una de las figuras esenciales del Código de las Familias, al reconocer que la protección, educación, cuidado y formación de niñas, niños y adolescentes no se limita a una obligación de carácter material, sino que comprende un conjunto integral de derechos y deberes orientados a garantizar su bienestar y desarrollo pleno.

Según esta novedosa norma, la responsabilidad parental comprende el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a madres y padres para cumplir sus funciones de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad. Estas responsabilidades inciden tanto en el ámbito personal como patrimonial y deben ejercerse siempre en beneficio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, respetando su capacidad, autonomía progresiva, libre desarrollo de la personalidad y grado de madurez.

Protección integral frente a la violencia de género y la violencia en el ámbito familiar

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Fiscalía General de la República

La protección de los derechos de las personas constituye una de las principales responsabilidades de la Fiscalía General de la República. En el caso de la violencia de género y la violencia en el ámbito familiar, la institución desarrolla una labor que combina la prevención, la atención oportuna y la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República de Cuba y del ordenamiento jurídico vigente.

El artículo 156 de la Constitución de la República de Cuba establece que la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado encargado de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. Asimismo, tiene la misión de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos.

Esta misión constitucional encuentra respaldo en la Ley No. 160 de 2022, Ley de la Fiscalía General de la República, y en su Reglamento, que regulan las acciones dirigidas al control de la fase investigativa del proceso penal, el ejercicio de la acción penal pública y la preservación de la legalidad. De igual forma, estas normas fortalecen la protección de los derechos de las personas, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellas las víctimas de violencia de género.

Autonomía progresiva: reconocer la capacidad de decidir de niñas, niños y adolescentes

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Fiscalía General de la República

El Código de la niñez, adolescencias y juventudes reconoce la autonomía progresiva como un principio esencial para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este concepto parte de una realidad evidente: a medida que crecen, desarrollan gradualmente capacidades para comprender situaciones, expresar criterios, tomar decisiones y asumir responsabilidades de acuerdo con su nivel de madurez.

La autonomía progresiva implica reconocer ese desarrollo gradual y valorar la capacidad de cada niño, niña o adolescente para participar activamente en los asuntos que le afectan. Sin embargo, respetar esta autonomía no significa trasladarles responsabilidades que corresponden a las personas adultas, sino acompañar su proceso de crecimiento, escucha y toma de decisiones, siempre bajo la guía del principio del interés superior.