Por Lauren Rodríguez Gutiérrez
Foto: Tomada de Getty Images
En reiteradas ocasiones, al hablar sobre la violencia u hombres abusivos, las mujeres solemos escuchar la frase ¨no son todos¨. Esto cobra mayor fuerza cuando se realizan denuncias públicas o mediante redes sociales, donde siempre aparece un regimiento de hombres dispuestos a defender a los suyos.
Es común que nos llamen ¨exageradas¨, ¨necesitadas de atención¨ y, la mayoría de las veces, culpan al feminismo de que no guardemos silencio ante las injusticias.
Pero la vida nos ha demostrado que no podemos quedarnos calladas ante la indecencia masculina, porque cuando la realidad parece ser una escena perturbadora sacada de una película de terror, no queda de otra que alzar la voz.
El pasado mes de septiembre, Jane Doe, exestudiante de la Universidad de Cornell, presentó una demanda alegando haber sido víctima de una violación grupal en una de las fraternidades de la institución en el año 2024.
El caso ha provocado una ola de indignación global, la reapertura de la investigación criminal y el escrutinio hacia la universidad, su Departamento de Policía y el fiscal del condado.
La víctima presentó una demanda civil de 101 páginas contra la universidad, la fraternidad y los siete agresores principales, tras concluir que la institución no la protegió ni respondió adecuadamente a su denuncia.
Acorde a CNN en Español, ¨la aparición de nuevas pruebas ha generado interrogantes sobre cómo se manejó la investigación inicial y qué pruebas fueron compartidas con la Policía de Cornell y el fiscal del distrito del condado¨. Pero, ¿qué pasó en Cornell?
En el año 2022, Jane Doe inició su rutina universitaria y se unió a la hermandad Delta Delta Delta. ¨Residió en la casa de la hermandad dentro del campus donde, tal como señala la demanda, la universidad presentaba la pertenencia a estas organizaciones estudiantiles como una parte ¨vital¨ de la vida universitaria¨, señala CNN en Español.
Según la demanda, la noche del 19 de octubre de 2024, la víctima, quien ya había consumido bebidas alcohólicas previamente en dos bares, llegó a la casa de Chi Phi para visitar a un ¨amigo¨, miembro de esta fraternidad.
De acuerdo con la ¨Cronología de las acusaciones de violación grupal en la Universidad de Cornell¨, una vez allí, ¨el amigo le dio una cerveza a Doe y ambos bailaron antes de que él le propusiera un trío y la llevara a otra habitación de la casa¨.
Fue donde él y otro miembro de la fraternidad le suministraron más alcohol y la presionaron para que inhalara una sustancia que describieron como ketamina. Posteriormente fue agredida sexualmente mientras estaba "incapaz de consentir".
Como detalla la demanda, después del momento inicial, una tercera persona entró a la habitación y la agredió sexualmente. Sin embargo, el horror no terminó ahí. A la 1:42 de la madrugada, uno de los hombres envió un mensaje al grupo de Snapchat de la fraternidad titulado "Chi Phi Actives" que decía: "free p*ssy upstairs" (vagina gratis arriba).
El texto, incluido como prueba en la demanda, alentó a otros miembros a unirse a la violación en grupo. También fue enviada una foto de la víctima en una de las habitaciones.
Múltiples miembros de la fraternidad entraron entonces y la presionaron para consumir más ketamina y la sometieron a una agresión que se prolongó durante horas, hasta aproximadamente las 5:45 de la madrugada.
¨Mientras la demandante estaba acostada boca arriba en la cama, los demandados… comenzaron a verter líneas de ketamina por todo su cuerpo y a aspirarla¨, alega la demanda. Jane Doe fue violada por 7 hombres esa noche.
Más tarde, Jane Doe despertó y regresó a la casa de su hermandad. Una de sus compañeras comentó que parecía estar en ¨estado de shock¨ y ¨que no comprendía realmente la gravedad de lo que decía¨, informó el The New York Times.
El 8 de noviembre de 2024, el incidente se denunció ante la policía de la universidad. ¨Puedo decir con un 100 % de certeza que fui violada¨, declaró la víctima en la entrevista, quien también describió haber sido golpeada por sus agresores.
No obstante, la respuesta de la Universidad de Cornell al caso es un ejemplo paradigmático de lo que se denomina "traición institucional", el concepto de cómo las instituciones a las que las víctimas acuden en busca de justicia les fallan sistemáticamente, priorizando la reputación institucional y la protección de los agresores sobre el bienestar de las supervivientes.
No es hasta la fecha que somos realmente conscientes de la injusticia en esta historia. Para el 18 de septiembre del presente año, el abogado de la demandante señaló que solo dos de los hombres involucrados fueron expulsados, mientras que los cinco restantes recibieron sanciones menores, como suspensiones o escribir un ensayo.
Sin embargo, el fiscal del distrito Van Houten anunció que su oficina abriría el caso, pero alegó que ¨las pruebas no justificaban los cargos penales¨.
Además, el fiscal admitió que reabrió el caso debido a la "indignación comunitaria". Es decir, no fue la gravedad de los hechos ni la evidencia presentada lo que motivó la reapertura, sino la presión pública.
Lo cual plantea una pregunta triste e inquietante: ¿cuántas víctimas de agresión sexual nunca reciben justicia porque sus casos no generan ¨indignación mediática¨?
Ante esto, la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que las respuestas a las acusaciones serían revisadas. Por su parte, Kathy Hochul declaró que: ¨La joven protagonista de este caso merece saber que se examinarán los hechos y se buscará justicia¨.
La universidad, por su parte, guardó silencio público durante semanas mientras la indignación crecía a nivel internacional. No fue hasta el 3 de octubre que el presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, rompió su silencio en un video en el que describe las acusaciones como ¨profundamente perturbadoras¨, y reconoció que la institución no tiene todas las respuestas y que debe trabajar mejor para prevenir casos de violencia sexual. Este silencio no es neutral, ayuda a reforzar la idea de que el sufrimiento de las víctimas no es prioritario.
La universidad ha defendido su actuación afirmando que un panel disciplinario de 2024 expulsó a varios estudiantes, suspendió a otros y cerró permanentemente el capítulo de Chi Phi.
Sin embargo, la expulsión de algunos estudiantes no repara el daño causado a Jane Doe, ni garantiza que los agresores no puedan repetir su conducta en otro lugar.
Asimismo, hay otro detalle que genera inquietud. El grupo de Snapchat de la fraternidad estaba integrado por 57 hombres que recibieron los mensajes, que sabían lo que estaba pasando y, aun así, no hicieron nada para evitarlo.
Su silencio tuvo un costo, porque, en estos casos, el silencio es igual a la complicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando los hombres dicen ¨no todos¨, pero luego ocurren estas monstruosidades en las que, en efecto, sí son todos?
La fraternidad Chi Phi no solo albergó la agresión, sino que su estructura de comunicación interna facilitó la participación de múltiples miembros y el conocimiento de otros.
Esto revela cómo las fraternidades pueden funcionar como espacios donde la misoginia se convierte en una práctica colectiva y donde el silencio cómplice de los demás miembros perpetúa la impunidad.
Jane Doe tuvo que soportar no solo la agresión sexual, sino también el escrutinio de un sistema que cuestionó su relato, que la hizo esperar años por justicia, que la revictimizó en cada etapa del proceso.
El caso demuestra que se necesitan cambios estructurales, desde protocolos de denuncia que no revictimicen, investigaciones independientes de las policías universitarias hasta consecuencias penales reales para los agresores.
Este caso de violación grupal constituye un capítulo más de la extensa serie de una cultura institucional que sigue fallando a las mujeres.
La universidad tardó dos años en reconocer públicamente la gravedad de los hechos. La policía del campus omitió acusaciones de violación en su informe a la fiscalía. El fiscal del distrito no presentó cargos durante casi dos años.
Aún en pleno siglo XXI, la justicia para las víctimas de violencia sexual no puede depender de la indignación mediática ni de la presión pública. Debe ser un derecho garantizado por instituciones que prioricen la seguridad y la dignidad de las estudiantes por encima de su reputación.
Tanto Jane Doe como todas las mujeres que han sufrido lo que ella sufrió o hechos similares merecen un sistema que les crea desde el primer momento y que castigue a los agresores con todo el peso de la ley.
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