La Oficina Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) para América y el Caribe condenó de manera enérgica la expulsión forzada de una delegación internacional de observadores y observadoras de derechos humanos que se encontraba en Bolivia realizando labores de documentación, verificación y acompañamiento de denuncias sobre graves vulneraciones a derechos fundamentales.
La retención de integrantes de la misión, la coacción ejercida para obligarlos a abordar un vuelo hacia Argentina y la interrupción arbitraria de su trabajo fueron señalados como hechos de extrema gravedad que lesionan principios esenciales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y afectan seriamente las garantías necesarias para la observación independiente en el país.
Este episodio ocurre en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias e ilegales, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, personas heridas en operativos represivos, persecución de dirigentes sociales y políticos, restricciones al ejercicio de libertades fundamentales y la actuación de grupos parapoliciales o paramilitares contra la población movilizada.
La FDIM subrayó que la expulsión de una misión internacional no solo vulnera los derechos de sus integrantes, sino que constituye un grave obstáculo para el acceso a la verdad, la transparencia y el escrutinio internacional.
Cuando se impide el trabajo de observadores independientes, se debilitan los mecanismos democráticos de control y se generan condiciones de mayor vulnerabilidad para las víctimas.
La organización recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, así como de quienes desarrollan tareas de observación, monitoreo y documentación de posibles vulneraciones, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas.
Frente a estos hechos, la FDIM condenó la expulsión forzada de la delegación internacional y cualquier forma de intimidación, hostigamiento o represalia contra quienes realizan labores de monitoreo y denuncia.
Exigió al Estado boliviano el pleno respeto de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos y garantías democráticas.
Demandó el cese inmediato de las detenciones arbitrarias, de la represión contra la protesta social y de toda práctica incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Solicitó la intervención y el seguimiento de los organismos internacionales y regionales competentes para verificar la situación denunciada y garantizar la protección de las víctimas.
Expresó además su solidaridad con las organizaciones sociales, movimientos populares, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y todas las personas que enfrentan persecución o represalias por ejercer legítimamente sus derechos fundamentales.
La FDIM reafirmó que la defensa de los derechos humanos no puede ser criminalizada ni silenciada. La observación internacional constituye un mecanismo legítimo y necesario para la protección de las personas y la prevención de abusos.
La expulsión de quienes buscan documentar la realidad y acompañar a las víctimas representa un serio retroceso para el Estado de derecho, la democracia y el respeto a la dignidad humana.
La Oficina Regional de la FDIM para América y el Caribe aseguró que permanecerá vigilante frente a la evolución de los acontecimientos y continuará denunciando toda vulneración de los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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