Foto: Tomada de UNICEF
Por Marilys Zayas Shuman y Yamylé Fernández Rodríguez
El reforzamiento del amparo legislativo a las víctimas de violencia de cualquier índole, no solo de género, está entre los asuntos en los que más ha trabajado el Estado cubano en los últimos años.
Desde la propia Constitución de la República hasta el Código de la niñez, las adolescencias y las juventudes o el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo, que actualmente se somete a consulta popular, se aprecia la voluntad de no tolerar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, de proteger a las personas afectadas y aplicar las debidas sanciones a quienes incurran en tales hechos.
Con la motivación de los 16 Días de Activismo contra la Violencia Basada en Género, que cada año tienen lugar en el mundo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, Revista Mujeres dialogó al respecto con Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, integrante del Comité Nacional de la Federación de Mujeres (FMC), diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular e integrante de su Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer:
En la actualidad Cuba ha ido fortaleciendo su respuesta a la violencia de género desde distintos ámbitos: jurídico, policial, desde la atención a víctimas, el registro de estadísticas, etc. Sin embargo, persisten desafíos.
¿Cuáles áreas y acciones considera son prioritarias atender y emprender en la actualidad?
Sin lugar a dudas pienso que estamos en un momento muy superior en la atención de esta problemática social. Se ha avanzado mucho a nivel legislativo, como sabemos, con todas las normas jurídicas que tenemos, que transversalizan en sus contenidos el tema de la violencia. La última ha sido el Código de la niñez, las adolescencias y las juventudes, que también lo ha incluido explícitamente.
También se han trabajado en las normas complementarias a las leyes principales que hemos aprobado estos últimos años y en la elaboración e implementación de los protocolos, pero definitivamente desde mi punto de vista el desafío más importante que tenemos es justamente la implementación efectiva de todo este marco normativo que hoy tenemos.
Eso implica, en primer lugar, continuar -porque se está realizando- la capacitación, la sensibilización del personal que tiene la responsabilidad de brindar los servicios a las personas con este tipo de situaciones, de acompañar y proteger a las víctimas de la violencia, y también a quienes imparten justicia.
Nuestras instituciones jurídicas, por ejemplo, están en un proceso de capacitación sistemático que todavía tiene que fortalecerse para que vaya rindiendo los frutos que queremos.
Una cuestión que desde mi perspectiva es muy importante es la implementación de los protocolos de actuación en la base. Hay mucha más claridad de su contenido, es decir, a niveles más altos, pero en la base todavía falta mayor apropiación de los servidores públicos, de su utilización eficiente, y esto es muy importante porque es en nuestras comunidades donde existen estas situaciones, donde se dan estos problemas y donde hay que dar la primera atención y protección.
Dentro de este gran desafío, que es la implementación efectiva de manera integral, pienso que un reto importante es incluir estos temas desde la formación de nuestros profesionales y servidores públicos porque trabajamos mucho en la capacitación, en la sensibilización, pero si nosotros lográramos que todos estos contenidos se incorporaran a la formación primaria de todos y todas, ellos estarían en mejores condiciones de apropiarse y sensibilizarse con estos temas, porque no podemos olvidar que el tema de la violencia está muy imbuido de todos los estereotipos sexistas que existen, de muchos mitos que se han asentado en la subjetividad por el impacto -obviamente- del patriarcado y eso hace necesario que desde la formación incorporemos estos temas.
¿Qué fortalezas considera tiene el país para hacerle frente a esos desafíos y asumir las prioridades identificadas en la pregunta anterior?
La principal fortaleza que tenemos, en mi opinión, es la voluntad política.
No cabe duda de que hay una voluntad política de tolerancia cero a la violencia, de ser estrictos con el cumplimiento de lo establecido y, de hecho, la principal demostración es todo el marco jurídico que se ha ido fortaleciendo, todas las normas que hemos aprobado y las políticas que se han ido desarrollando. Así que esa voluntad política es indudable.
Creo que dentro de esa voluntad política está la responsabilidad con que cada una de nuestras instituciones, a los más altos niveles, ha asumido esta tarea de la prevención, la capacitación, la formación, la atención, dentro de lo que está establecido en la estrategia integral, y se han ido apropiando de todos estos contenidos y de las formas de desarrollarlo.
La propia existencia del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y del grupo que dirige de manera conjunta y coordina la Federación de Mujeres Cubanas y el Gobierno, encabezado por la vice primera ministra Inés María Chapman -que chequea y mantiene un control y un seguimiento de todas estas acciones a nivel nacional- ha sido una gran fortaleza porque permite un elemento muy importante que es la evaluación de cómo marcha esa implementación.
¿Qué rol debe tener la FMC y, en particular, las Consejerías de las Casas de Atención a la Mujer y la Familia en la respuesta a la violencia de género en nuestro país?
A partir de la aprobación y puesta en marcha de sus consejerías y servicios integrales, la Federación de Mujeres Cubanas tiene un rol decisivo en ese acompañamiento como mecanismo nacional y, además, por el impacto y el liderazgo que ha tenido siempre en la prevención y atención a esta problemática.
En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia Basada en Género, el mensaje de la vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba y diputada al Parlamento, Yamila González Ferrer, es más que claro: tras contar con las leyes y protocolos en este tema, lo más importante es lograr su aplicación a nivel institucional y comunitario como una práctica cotidiana enfocada en mayor justicia, equidad y protección.
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