Por Lianne Garbey Bicet
En el marco de las sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer realizó una evaluación exhaustiva del Programa de Adelanto para la Mujer, instrumento rector de la política nacional en materia de equidad de género.
La presentación del informe central estuvo a cargo de la vice primera ministra, Inés María Chapman, quien expuso con rigor el trabajo realizado y los principales resultados alcanzados en los últimos cuatro años.
Su intervención permitió visualizar los avances de la participación femenina en espacios de liderazgo, el fortalecimiento institucional para el abordaje del enfoque de género y la adecuación del marco jurídico que respalda la igualdad de oportunidades.
Champman puntualizó que se han implementado las 46 medidas presentadas en la evaluación anterior señalando que “uno de los temas que requiere mayor atención es el embarazo en la adolescencia, considerado una prioridad gubernamental por su impacto en la salud y el tejido social”.
Resultados que transforman realidades
Según trascendió en el encuentro, en los últimos años se han impulsado importantes avances en Cuba que favorecen la inclusión social y el apoyo a familias vulnerables. Entre ellos destaca la expansión de las casitas infantiles, que pasaron de 16 en 2020 a 276 en 2025, así como la reconstrucción de círculos infantiles y la ampliación de servicios comunitarios por parte de centros laborales.
A través de las Casas de Orientación a la Mujer y las Familias se capacitaron más de 37 mil personas y se incorporaron 205 madres al sistema de empleo.
Además, las modificaciones legislativas en materia de maternidad han fortalecido la protección familiar, mientras que el aumento de ingresos por trabajo y asistencia social, aunque aún limitado, muestra señales de mejora.
Un paso clave hacia el empoderamiento femenino ha sido el crecimiento de mujeres propietarias de tierras agrícolas, gracias al Decreto 358.
Paralelamente, se ha fortalecido la educación en valores con la aprobación de una política nacional para la educación integral, que impulsa la colaboración entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
Se trabaja en la creación de una red de comunicación social para compartir prácticas inclusivas y en medios masivos se ha incrementado la visibilidad de contenidos que cuestionan estereotipos de género.
Programas como Los gatos, las máscaras y las sombras han generado conciencia sobre la violencia de género, acompañados por el desarrollo de una estrategia integral de atención a las víctimas.
La Defensoría ha sido pieza clave y el Decreto 96/2023 ha permitido establecer protocolos para mantener informada a la población en tiempo real.
Además, se ha fortalecido el vínculo entre las escuelas y las familias, promoviendo valores esenciales mediante encuentros educativos y jornadas de formación en sexualidad. El trabajo social ha alcanzado más de 5 mil familias y menores, consolidando la escuela como eje cultural de la comunidad.
En el sector de la salud, se implementa el protocolo del parto respetuoso para humanizar el alumbramiento, con más de 8 mil cumplidos. El Centro Nacional de Educación Sexual ha ampliado sus encuentros y talleres en consonancia con recomendaciones internacionales.
Se han identificado áreas clave que requieren refuerzo, como la comunicación social, la atención a la violencia de género y la proyección internacional. También se propuso atender de forma diferenciada a mujeres mayores, reconocer su diversidad y fortalecer la colaboración internacional mediante nuevos proyectos que integran el cuidado ambiental y el empoderamiento femenino.
Para el año 2025, se han definido 19 líneas de trabajo, entre las que destacan:
• Promoción del liderazgo femenino en el sector no estatal y en proyectos de desarrollo local.
• Implementación de estrategias para crear nuevas fuentes de empleo, especialmente en áreas como la transformación digital, el agro, el cuidado de personas mayores y la atención a la infancia y adolescencia.
• Perfeccionamiento de la educación sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención del embarazo adolescente.
• Fortalecimiento de la unidad familiar como base de la sociedad, recordando el legado de Vilma Espín.
A pesar de los progresos reportados, se reconocieron brechas importantes que requieren atención inmediata, como la persistencia de estereotipos culturales, la disparidad en el acceso a recursos en territorios rurales y la necesidad de perfeccionar los mecanismos de fiscalización y seguimiento de las políticas diseñadas.
Se reiteró, la importancia de articular esfuerzos interinstitucionales para garantizar una respuesta más efectiva, capaz de traducir los principios del programa en impactos tangibles en la vida cotidiana de las mujeres cubanas.
Asiel Aguada Barceló, diputado por el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, resaltó el valor del PAM en el contexto actual y su vínculo con los principios constitucionales de justicia social.
Subrayó avances en su provincia con la entrega de certificados de tierras a mujeres productoras, la integración de la Casa de Orientación a la Mujer y las Familias y la expansión de las casitas infantiles como parte de las estrategias de desarrollo territorial.
Asimismo, destacó el reconocimiento institucional al papel de las mujeres cuidadoras, que han pasado de ejercer de forma informal a recibir respaldo legal y acompañamiento social.
Detalló que estos esfuerzos han convertido a la Casa de Orientación en el epicentro de transformación legislativa y social en la provincia y llamó a seguir comunicando ampliamente los logros del programa para continuar construyendo una sociedad más inclusiva y solidaria.
La diputada Lilian Mendoza de la provincia de Matanzas destacó la capacidad de este programa para generar consensos en medio de los desafíos económicos actuales.
Celebró la articulación entre el gobierno, la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones civiles que defienden los derechos femeninos. También enfatizó que el éxito del programa radica en la participación activa y la capacidad de transformar la realidad desde lo cotidiano, más allá de las críticas.
A 4 años de su implementación el Programa de Adelanto para la Mujer reafirma su posición como un mecanismo fundamental para el empoderamiento femenino y las eliminación de las brechas de género. Desde la la Asamblea Nacional del Poder Popular, se mantiene el compromiso de acompañar este proceso desde una labor gubernamental responsable, ética y con perspectiva transformadora, visibilizando no solo los logros, sino también los desafíos que aún marcan la agenda de equidad en el país.
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