Cadenas invisibles

 Por Zucely de Armas Almarales

“Desde que tuve el accidente, todo cambió. Perdí mi trabajo, mi independencia, y ahora dependo de mi esposo para todo. No solo no puedo decidir sobre el dinero, tampoco puedo decidir sobre mi vida.” Así cuenta Dunia, una mujer de 42 años que vive en La Habana con una discapacidad motora adquirida tras un accidente laboral. Su testimonio no es aislado, sino el reflejo de una realidad muchas veces ignorada: la violencia económica que enfrentan las mujeres en situación de discapacidad en Cuba.

Este tipo de violencia, aunque menos visible que la física, es igual de dañina. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que restringir el acceso a recursos económicos es una estrategia frecuente en relaciones abusivas y en Cuba, pese a los avances sociales, muchas mujeres siguen atrapadas en esta forma de abuso.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO, 2022) publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las mujeres representan solo el 38,2% de la ocupación total, mientras que el peso masculino es mayor, con el 61,8%. ¿Cuánto de desigualdad patriarcal pervive detrás de estas cifras? ¿Cómo puede vincularse con la violencia económica? Son necesarios estudios y miradas profundas al tema, pero lo cierto es que los datos dejan una alerta.

La violencia económica, entendida como el control o limitación del acceso a recursos financieros, genera dependencia y niega la autonomía de las víctimas. Paralelamente, la exclusión laboral perpetúa la desigualdad, impidiendo que ciertos grupos puedan acceder a un empleo digno y justo. Estos fenómenos no solo afectan la estabilidad económica de las víctimas, sino que también socavan su bienestar emocional y social.

Por otro lado, la exclusión laboral presenta un panorama complejo. El sistema laboral cubano, mayoritariamente estatal, ofrece empleo para la mayoría, pero la calidad y equidad de esos empleos no siempre garantizan la estabilidad ni el reconocimiento justo. Las mujeres, aunque son casi la mitad de la fuerza de trabajo, también siguen subrepresentadas en cargos directivos y enfrentan brechas salariales y obstáculos para ascender.

En el caso de las mujeres en situación de discapacidad, esta violencia se entrelaza con el capacitismo estructural y la discriminación de género, creando un escenario donde la vulnerabilidad se multiplica.

Según datos del Censo de Población y Viviendas (2012), en Cuba hay más de 360 mil mujeres con algún tipo de discapacidad. Muchas de ellas enfrentan barreras para acceder al empleo, a la educación y a los servicios básicos. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) ha reconocido que la inserción laboral de personas en situación de discapacidad es aún limitada, y que las mujeres representan la mayoría de las personas con discapacidad fuera del mercado laboral.

Miriam, una joven de 36 años con discapacidad visual, relató su experiencia en busca de empleo: “En cada entrevista me decían que el puesto no era para mí. Ahora dependo completamente de lo que mi hermano me quiera dar. No tengo ni derecho a cuestionar”, cuenta.

Como ella, cientos de mujeres enfrentan un muro invisible que les impide incorporarse al mundo laboral con dignidad.

La socióloga Silvia González, nos explica que la violencia económica hacia las mujeres con discapacidad es una forma de control patriarcal agravada por la marginación estructural.

“Ellas no solo enfrentan dependencia económica, también la falta de movilidad, la escasez de oportunidades y el aislamiento social”, refiere la especialista.

Las leyes cubanas contemplan mecanismos para garantizar los derechos laborales y la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 89, establece el derecho al trabajo, la asistencia social y la protección a las personas en situación de discapacidad.

El Código de Trabajo cubano, aunque no dedica un capítulo exclusivo a la discapacidad, prohíbe la discriminación y garantiza condiciones dignas de empleo para todos los trabajadores, lo que incluye a las personas con discapacidad. Además, la reciente reforma del Código de las Familias y la Instrucción 278/2023, incorporan figuras como los ajustes razonables, las apoyos para la inclusión y salvaguardias legales, mecanismos de protección para estos grupos sociales

Sin embargo, como reporta la Asociación Cubana de Limitados Físico‑Motores (ACLIFIM), persisten brechas en la implementación efectiva de estas normas: aún falta un enfoque interseccional que considere género, discapacidad y diversidad funcional, y existen vacíos prácticos en áreas como accesibilidad laboral, sensibilización del empleador y programas de seguimiento efectivos.

Ana María, trabajadora social, apunta que no sabe si existen programas específicos para insertar laboralmente a las mujeres en situación de discapacidad y además muchas veces no se les da seguimiento.

“No hay sensibilización real en los entornos laborales, y tampoco se toma en cuenta el deseo de estas mujeres de ser económicamente independientes”, nos comenta.

Iniciativas y apuestas para transformar la vida cotidiana.

En la provincia de Granma, un programa piloto “Inclusión económica y empoderamiento: más oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias en Granma y en Cuba” ha permitido insertar a 235 personas con discapacidad en actividades como peluquería, carpintería o costura. El proyecto entregó herramientas, capacitó a las participantes y promovió el emprendimiento.  

Asimismo, sesionó en mayo de 2024, un programa con sede en La Quinta de los Molinos, La Habana, en conjunto de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granma y diversos actores locales, con el apoyo de Humanity and Inclusion en Cuba, y el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

El derecho al acceso e igualdad de oportunidades a un empleo u oficio es una meta por la que continúa apostando el Comité de Pilotaje Provincial del proyecto, inmerso en el acompañamiento a 12 empresas de gestión estatal y no estatal para promover prácticas inclusivas, como una actividad de vital importancia para asegurar la empleabilidad y desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias.

Además, se celebró en julio de 2024 la primera Feria de Empleo para personas con discapacidad intelectual en Cuba. La Feria logró incorporar al trabajo a 12 asociados en plazas como camillero, operario de áreas verdes y auxiliar de limpieza, al tiempo a que se proyecta ofrecer cursos de superación. De acuerdo a una publicación del periódico Granma, serán efectuadas en todo el país otras de este tipo destinadas a miembros de las asociaciones que agrupan a individuos con discapacidad físico-motora (ACLIFIM), visual (ANCI) y auditiva (ANSOC), y de la propia ACPDI.

Rocío, una joven con discapacidad intelectual que logró insertarse como auxiliar de limpieza, afirma que por primera vez siente que aporta algo. “Trabajo, gano mi dinero, y lo más importante, decido cómo usarlo”, refirió.

Romper estas cadenas invisibles no depende solo de leyes o ferias laborales. Requiere voluntad política, transformación cultural y una inversión sostenida en accesibilidad, educación y equidad económica. Solo así las mujeres en situación de discapacidad podrán decidir por sí mismas, acceder a empleos dignos y construir una vida autónoma.