Una propuesta legislativa para la protección de personas adultas mayores deambulantes

Marluvis Hinojosa, fiscal provincial Departamento de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales en Santiago de Cuba

Por Aime Sosa Pompa y Lianne Garbey Bicet

La protección de las mujeres y hombres adultos mayores es un asunto que ya trasciende los marcos de una institución como la familia cubana, pues a la realidad de que el país se ha convertido en el más envejecido de la región latinoamericana y caribeña, se unen desafíos actuales como el incremento de personas en condición deambulante en muchos escenarios cotidianos. 

Existe un interés creciente ante la normalización de ese fenómeno, tan ligado no solo a la pobreza sino también a estados de salud mental, adicciones, abandonos y violencias intrafamiliares. 

La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) siempre en función del control de la legalidad,  asume una mirada diferente y muy puntual ante la acción penal,  el control de los derechos y condiciones de vida de quienes hoy en día cohabitan en espacios públicos. Por ello, la Revista Mujeres conversó con  Marluvis Hinojosa, fiscal provincial del Departamento de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales en Santiago de Cuba, para conocer sus experiencias sobre ese asunto que ya entra en un llamado esfuerzo del país.

RM: Su reciente participación en los eventos XVI Encuentro Internacional de Ciencias Penales y el IV Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, estuvo marcada por sus estudios realizados sobre el tema. ¿Nos puede comentar de qué van?

M: Mi tema fue sobre la protección de las personas adultas con conducta deambulante en Cuba y el rol principalmente de la fiscalía abordando la necesidad de perfeccionar las normas jurídicas que ofrecen protección a este tipo de personas, con énfasis principalmente en el papel del fiscal para la reivindicación de los derechos y el respeto a la dignidad de este sector poblacional en Cuba. 

RM: En el mundo entero existen personas con estos patrones de comportamiento y si bien en nuestro país en los últimos años las cifras están muy marcadas a partir, sobre todo, de la situación económica que estamos enfrentando: ¿qué elementos la hicieron decidirse por iniciar esta línea de investigación?

M:  Según el Censo de población y vivienda hasta el 2012 existían 1108 personas en dicha situación. Sin embargo, en una entrevista al cierre del año 2024, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, expresó que había aumentado este número a 3805, o sea, que en un tránsito de 12 años, prácticamente se duplicó y un poquito más.

Esto fue lo que nos motivó, y además de que cuando uno va por la calle también se percata de que existen. 

De cierta manera, la fiscalía tiene un papel muy importante como velador de la legalidad en las instituciones principalmente a donde se remiten. Y  cuando se conoce el trabajo integrador de diferentes agentes sociales como el Gobierno, la Dirección de Trabajo y Seguridad social, Salud Pública, el Ministerio del Interior y proyectos sociales, al valorar cada caso, nos percatamos de que existen muchas personas en un estado de desamparo, marginalidad y pobreza. Para ello, existen centros de protección social donde se trasladan. 

La fiscalía interviene como veladora de la legalidad, comprobando que ciertamente se le den a estas personas toda la protección que requieren. Además velamos para que, si tienen algún familiar, orientarlos legalmente con lo que procede jurídicamente y en caso, por supuesto, de que haya que hacer alguna denuncia también, porque hemos visto ejemplos de familiares que se niegan a atenderlos.

RM:  Luego de hacer las diferentes investigaciones que realizaron con sus métodos y herramientas, ¿a qué conclusión pudieron llegar? 

M: En consecuencia con todo lo que investigamos pudimos  ver que en nuestro país se necesita una ley que proteja de manera especial a este tipo de personas y sus derechos, donde estén bien marcadas las funciones que tiene cada agente que va a intervenir en la protección de los mismos. 

Estudiamos legislaciones de varios países, tanto del sistema anglosajón como del sistema romano francés, y comprobamos que existe una tendencia a promulgar leyes de este tipo. 

Entonces, ¿por qué  Cuba no puede tener una ley especial para esas personas? que recoja todo, que no esté dispersa entre todos los agentes que se involucran, sino se rijan por esta normativa especial para la protección de este tipo de personas. 

RM: ¿Se ha dado ya algún paso en este sentido, o sea, en la redacción y elaboración de esta normativa? 

M:  No, lo que sí existen políticas trazadas para el trabajo mancomunado de estos agentes, pues contamos con el acuerdo 1456 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el que en definitiva establece el trabajo de todos los  que participan, las funciones de los Centros de Protección Social. Comprobamos que era mejor  dirigirnos  a promulgar una ley especial para tocar los derechos a proteger, cuestiones que si bien están en la Constitución no se dirigen exactamente a ellas.  Pues la mayoría de estas personas con conducta deambulante están en estado de vulnerabilidad, marginalidad y aunque nuestra Carta Magna lo recoge en la nueva ley que estamos solicitando que se promueva, estarían con mayor especificidad.

RM:  Más allá de su ejercicio profesional, ¿cuál sería la importancia que le ve a que finalmente contemos con esta normativa de protección a personas con conductas deambulante? 

M: Principalmente por las familias. ¿Por qué razón?, porque las familias tienen que conocer que todos tenemos los mismos derechos y que por el hecho de que algunos no tengan el mismo nivel cultural ni económico los podemos marginar. Cuando se hace el estudio comprobamos que esas personas en algún momento de su vida tuvieron vivienda y  hoy por hoy no la tienen, o bien, porque su familia se las vendieron, hicieron un cese de convivencia y están fuera, o porque se trasladaron de un lugar a otro y cuando retornaron ya no las querían allí. 

Entonces, creo que es muy importante porque además estas personas que viven de cierta manera en las calles, en los parques, en las aceras, que nosotros tratamos de protegerlos llevándolos a un centro de protección social;  no es para que ellos vivan por tiempo indeterminado, en este lugar.

Proyectos sociales como Quisicuaba apoyan en ese sentido; pero es un problema más bien de las familias, como sociedad, tenemos que velar porque llegue a ellas el conocimiento que necesitan, para que entiendan que se tiene la solución para ese tipo de problema. 

RM:  Teniendo en cuenta de que esto es un fenómeno social dinámico y complejo y que su estudio, por lo que nos ha comentado, es un primer acercamiento a la problemática, ¿tienen pensado como proyección futura ampliar la indagación a alguna arista en específico o desde una mirada feminista?

M: Sí, como no. Queremos llevar la investigación desde un enfoque femenino de género. Aunque no es algo que sea detonante. De hecho, hay más hombres que mujeres con este tipo de conducta. Pero las pocas mujeres que se han caracterizado, nos percatamos que pueden sufrir de violencia, de cualquier tipo; porque usted sabe que estamos en una sociedad machista y apenas ellas comienzan a deambular pueden ser víctimas de violencia tanto psicológica como física y verbales; además las discriminan, incluso pueden llegar a ser víctimas de abuso sexual o de algún delito.