Por Lianne Garbey Bicet
Cecilia Marazzi, una mujer argentina de más de 50 años, nunca olvidará el día que su vida cambió para siempre. Hace más de tres décadas, ella decidió abortar un embarazo que había sido resultado de una violación. En aquel entonces, debido al estigma y la falta de información que la abrumaban, se vio obligada a buscar un aborto clandestino.
Reuniendo dinero y empeñando relojes, llegó a la clínica sin haber juntado el total requerido. “La obstetra me miró con desprecio y me dijo que la decisión dependía de la anestesista”, relata. En medio de su miedo, las preguntas intimidantes antes de recibir la anestesia le aterraban más que el propio proceder: ¿Dónde estás?, ¿alguien te vio?, no le cuentes a nadie que viniste acá, ¿quién te está esperando abajo?. Súmale que no tienen en cuenta el miedo que uno tiene, que no sabes ni lo que te va a pasar, ni qué es”; afirma.
Al decir de Cecilia, la intervención se realizó en un ambiente poco higiénico, con una camilla rodeada de libros sucios. Pese a la incertidumbre y de haber contraído una deuda que terminó de pagar ocho meses, ella logró salir adelante; pero siempre tiene presente los prejuicios y dificultades que enfrentan las mujeres al tomar la difícil decisión de abortar, en un contexto donde este derecho no está garantizado.
Este testimonio fue compartido por Cecilia Marazzi en una entrevista con el canal internacional de televisión France 24, hace algunos años.
Su historia es solo una entre las muchas que resaltan la urgencia de garantizar el acceso universal a servicios seguros y legales para todas las mujeres. Precisamente, hacía ahí están dirigidas las miradas de diferentes instituciones de salud y grupos feministas, a propósito de la conmemoración este 28 de septiembre del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
En 2024, el acceso a esta práctica médica sigue siendo un tema candente en todo el mundo. Según el mapa del Centro de Derechos Reproductivos, el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso si existe riesgo para la vida de la mujer, en 21 países de todo el mundo, entre los que se encuentran varios de nuestra region: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Jamaica, Haití y República Dominicana.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que, aproximadamente, 73 millones de abortos se realizan cada año, de los cuales cerca del 45% se llevan a cabo de manera insegura y el 97% de estos se practican en los países en desarrollo. Igual de alarmante son las cifras de sus desvastadoras consecuencias.
Anualmente, cerca de 47. 000 mujeres mueren debido a complicaciones derivadas de abortos inseguros, siendo ésta una de las principales causas de morbimortalidad materna.
De igual manera, son millones las que sufren algunas de sus complicaciones, pues el aborto es peligroso y puede provocar daños físicos y psíquicos, además de perjuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud.
A nivel global, las restricciones al aborto han sido objeto de protestas y movilizaciones. En varias naciones, las mujeres han tenido que salir a las calles para exigir sus derechos reproductivos. En América Latina, por ejemplo, el movimiento feminista ha ganado fuerza en este sentido, impulsando cambios legislativos en países como Argentina y México, donde se han logrado avances significativos hacia la despenalización de dicha práctica.
En este context, Cuba se presenta como un caso particular. Desde 1965 el aborto es legal y se considera un derecho dentro del sistema nacional de salud, por lo cual la nación caribeña fue el primer país de la región en despenalizarlo completamente.
Las cubanas pueden acceder a servicios de aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin necesidad de justificación, y hasta las 26 semanas por malformaciones fetales incompatibles con la vida. Sin embargo, la realidad es más compleja.
Pese al marco legal que permite el aborto seguro y gratuito, muchas mujeres aún enfrentan barreras significativas. La escasez de recursos médicos y la falta de información adecuada sobre sus derechos, en ocasiones limitan su capacidad para acceder a estos servicios. Igualmente, persisten estigmas sociales que dificultan que hablen abiertamente sobre sus experiencias en este sentido.
Por otro lado, en nuestro país va siendo creciente la necesidad de atenuar su práctica como principal método anticonceptivo en los diferentes grupos etarios, principalmente en los más jóvenes, ya que sus consecuencias individuales y sociales pueden ser múltiples.
Con respecto a este particular, en 2023 Cuba reportó un alarmante aumento en los embarazos adolescentes, con una tasa del 19.7%, superando el 17.8% del año anterior.
Este incremento se ha atribuido a la escasez de anticonceptivos y en ocasiones a la baja educación sexual ofrecida desde casa a adolescentes y jóvenes. Además, la falta de acceso a métodos anticonceptivos seguros ha llevado a muchas jóvenes a enfrentarse a embarazos no deseados y, potencialmente, a la necesidad de interrumpirlos, algo que no es recomendado en edades tan tempranas.
Es por ello que, desde el sistema nacional de salud, la prevención junto con la planificación familiar continúan siendo la principal recomendación en función de evitar y disminuir el índice de abortos en nuestra sociedad.
La familia, la comunidad y los medios de educación y comunicación masiva se convierten en pilares fundamentales para el logro de tan noble objetivo.
El Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en 2024 debe ser una oportunidad para reflexionar sobre los derechos reproductivos y la salud de las mujeres en Cuba y en todo el mundo.
Es fundamental que se realicen esfuerzos continuos para mejorar la educación sexual y aumentar la disponibilidad de métodos anticonceptivos efectivos. Solo así se podrá reducir el número de embarazos no deseados y garantizar que las mujeres tengan el control sobre sus cuerpos y sus vidas.
La lucha por el acceso al aborto legal y seguro es una cuestión de justicia social y equidad, que debe ser prioridad en todas las agendas políticas.
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