Por Alessandra Valera Padilla, (estudiante de 4to año de periodismo, Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana)
El gobierno de Javier Milei, que comenzó en diciembre de 2023 y que ya es denominado -según historiadores argentinos y la propia prensa de ese país- como el mandato más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática, se anota otro tanto con la eliminación del INADI. Como si no hubiese sido suficiente con la “limpieza” de 13 ministerios, y un conjunto de Instituciones Públicas, el pasado 22 de febrero del presente año, desmanteló el Instituto contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI) en Argentina, el cual llevaba 29 años de fundado y con una plantilla de 400 empleados.
Según el portavoz presidencial Manuel Adorni, el INADI, al igual que otras instituciones: “no sirven para nada” y el gobierno no está dispuesto a seguir pagando sueldos a organismos inservibles, y menos en la situación económica del país.
Resulta interesante el concepto del que disponen, tanto el presidente como el vocero, con respecto a la funcionalidad del INADI puesto que, hablamos de una Institución que se ha dedicado, por casi 30 años, a impulsar políticas públicas, de mano con la sociedad civil, para la gestación de una país que respete la igualdad, la diversidad y el derecho a la identidad.
Sin embargo, para los mandamases, se trata de una caja política para generar empleo militante. Total, que los primeros pasos de ultraliberalismo y de extrema derecha que se notaron desde los inicios de su campaña, no eran un simulacro, sino una antesala del programa de “limpieza” que traía entre manos Javier Milei.
También pudiéramos citar, como ejemplo ilustrativo, de la avalancha Milei contra la democracia argentina, su pronta y férrea oposición a los avances en torno a los temas de género que se habían logrado en el país: la eliminación del Ministerio de las Mujeres, la prohibición absoluta del uso de retratos de lideresas emblemáticas y por supuesto -como parte de su política de tolerancia cero- la extinción total del lenguaje inclusivo, en documentos oficiales. Una maniobra, -como diría la Dra Karina Bidaseca, fundadora de “Ni una menos”- de ofensiva contra su mayor enemigo, el feminismo.
El odio del Gobierno Milei hacia las mujeres y sus logros es notable desde los inicios, sin embargo, su necesidad de “poner orden” lo ha llevado a extremos antidemocráticos más graves. No solo se trata de una violación a la opinión del pueblo, sino también del Consejo, puesto que, todas estas medidas determinadas por el actual presidente, fueron llevadas a cabo bajo el concepto de extrema urgencia, dejando de brazos cruzados a los representantes del Congreso, siendo, en algunos casos medidas irreversibles para el pueblo argentino, aun si pudiese intervenir el Consejo.
El punto es, los derechos humanos en Argentina no son necesarios, las mujeres no tienen que tener derechos, las minorías no tienen que tener derechos y ninguna persona tiene que tenerlos, es un país empobrecido y por eso hay que eliminar los derechos. Esto refleja una estrategia gubernamental sin fisuras, por la cual seguramente el presidente Mieli cuenta con tanta aceptación y popularidad en Argentina y en el mundo.
Siguiendo con el sentido presidencial, el desmantelamiento del INADI sería un gasto menos, y la eliminación del Ministerio de las Mujeres otro, entonces, si el gobierno está ahorrando el dinero de esas instituciones y de otras inservibles igualmente, ¿qué ocurre con las mujeres que viven en barrios empobrecido y que trabajan como asistentas de limpieza para mantener a sus hijos?, o ¿con las personas que viven en extrema pobreza y no pueden acceder a los trabajos que ofrecía el INADI? ¿Están siendo favorecidas por las medidas tomadas por el gobierno? o se trata de un recrudecimiento de su situación social y financiera, en la que ahora, ni siquiera tienen donde refugiarse o pedir ayuda?
La respuesta es clara, el presidente no ofrece soluciones para los ciudadanos, no son prioridad ni interés. Y resulta increíble que en un país como Argentina, pionero gestador de políticas públicas dedicadas a los derechos de género, de igualdad y de inclusión, se vea en una crisis de valores lamentable, causada por el nepotismo y la imposición de un gobernante que intenta implementar una estructura cuadrada y hermética, en la que se ignora - a conciencia- los derechos y la democracia, bajo el lema de “mejora económica” del cual lo único que ha logrado es represión.
Según cómo lo explica Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, está decisión -como parte de un programa del gobierno nacional destinado a eliminar o limitar las capacidades de órganos de protección de derechos humanos en Argentina- afectará no solo al país sino también a al derecho internacional, puesto que el INADI era el órgano de aplicación en Argentina de lo compromisos adquiridos ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de la ONU.
El INADI, según Morales, recibe un promedio de 2500 denuncias -por discriminación- al año, la mayoría provienen del ámbito laboral y educativo, en su gran mayoría son por motivos de discapacidad, discriminación por orientación sexual o género. Tras esta medida presidencial, esas denuncias quedarán en un limbo sin respuesta, y eso es un problema que Argentina va a tener con la ONU.
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