Por Marilys Zayas Shuman
En medio de una de las coyunturas económicas más complejas de las últimas décadas, el Estado cubano cuenta con su capacidad para reorganizar, priorizar y sostener políticas públicas esenciales. No es un gesto menor: en tiempos de escasez, cuando la incertidumbre pesa sobre los hogares y la vulnerabilidad se multiplica, apostar por ampliar y fortalecer los sistemas de cuidado revela una voluntad política que coloca la vida en el centro. Es una decisión que habla tanto de la urgencia del presente como de la vocación histórica de un proyecto que, aun en la dificultad, elige cuidar.
Las Resoluciones 8/2025 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y 41/2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), publicadas en la Gaceta Oficial, marcan un punto de inflexión en la política social cubana para los cuidados. Ambas reorganizan el Sistema de Atención a la Familia (SAF) y crean los Hogares de Alimentación Comunitaria, una modalidad inédita que traslada el cuidado alimentario al espacio doméstico en zonas rurales, suburbanas o de difícil acceso.
Es esta una acción que incentiva uno de los programas más sensibles del país en un momento en que la vulnerabilidad se ha vuelto más compleja y extendida. El SAF, creado en los años más duros del Período Especial, nació como respuesta de emergencia para garantizar alimentación básica a personas mayores, con discapacidad y familias sin condiciones para cocinar. Con el tiempo, se convirtió en una estructura permanente que acompañó la evolución de la situación de vulnerabilidad en el país.
Allí donde aumentaban las solicitudes, se evidenciaban también los efectos del envejecimiento poblacional, la migración y la precariedad económica. Sin embargo, la iniciativa arrastró problemas estructurales: deterioro de locales, insuficiencia de recursos y una articulación institucional débil. Estas resoluciones buscaban corregir esas distorsiones y adaptarlo a un país que ha ido cambiado profundamente en su demografía y en sus dinámicas comunitarias.
El envejecimiento acelerado —más del 22 % de la población tiene 60 años o más— es uno de los factores que más presionan al SAF. La soledad de la vejez, la feminización de la longevidad y la migración, han creado un escenario donde cada vez más personas mayores viven sin apoyo familiar.
La mayor parte de este sector poblacional son mujeres con pensiones bajas, enfermedades crónicas y limitaciones físicas. Las resoluciones reconocen esta realidad y apuestan por un modelo más flexible y cercano, capaz de llegar a quienes no pueden desplazarse o viven en zonas donde la institucionalidad tradicional no alcanza.
La Resolución 8/2025 del MINCIN redefine las responsabilidades de las unidades gastronómicas del SAF: menús validados por especialistas, condiciones higiénicas adecuadas, registros de control, supervisión sistemática y articulación con gobiernos locales.
También diversifica las fuentes de abastecimiento —producciones locales, centros de elaboración, donativos, decomisos— para garantizar la estabilidad en un contexto económico complejo.
Por su parte la Resolución 41/2025 del MTSS introduce los Hogares de Alimentación Comunitaria, una modalidad que permite que personas naturales —prioritariamente mujeres sin vínculo laboral— brinden el servicio desde sus viviendas.
La decisión reconoce el papel histórico de las mujeres en las redes de cuidado y formaliza un trabajo que ha sido invisible durante décadas. Los hogares atienden hasta diez personas, con una ingesta diaria que debe cubrir al menos el treinta por ciento de los aportes nutricionales recomendados. La entrega a domicilio, gratuita y obligatoria para quienes no pueden desplazarse, subraya la dimensión ética de esta modalidad.
La ruralidad y el aislamiento territorial son elementos clave en esta reorganización. En muchas comunidades rurales, la vulnerabilidad alimentaria no se explica solo por la pobreza, sino por la distancia, caminos difíciles, transporte escaso y servicios dispersos.
En esos lugares, la política social tradicional no siempre logra llegar a tiempo. Los hogares comunitarios permiten intervenir en esos microterritorios con una lógica más flexible y humana. De esta manera, se responde a desigualdades históricas: menor acceso a servicios, a presencia institucional y a infraestructura. La política social se territorializa, descentraliza y se vuelve más sensible a las particularidades de cada comunidad.
El costo del cuidado —económico, humano y estructural— atraviesa toda esta transformación. Alimentar, acompañar, cocinar, distribuir, reparar y supervisar, tiene un costo considerable en medio de tensiones financieras y restricciones externas.
Es, además, una inversión: cada comida servida es una forma de prevenir desigualdades más profundas, enfermedades costosas y fracturas sociales difíciles de reparar. El cuidado, cuando se mira con honestidad, es una forma de prevención, cohesión y de vida.
En el centro de estas transformaciones late una pregunta ética: ¿qué significa cuidar desde el Estado? El cuidado, entendido como política pública, es una declaración de valores.
La vulnerabilidad no es un fallo personal, sino una condición humana; la dignidad no se negocia; la protección no se posterga. El cuidado es un pacto social con la afirmación de que la vida de cada persona importa, independientemente de su edad, su salud o su situación económica.
Pensar el cuidado como política pública en Cuba, implica reconocer una tradición que atraviesa toda la historia del proyecto socialista: la convicción de que la vida humana es un bien colectivo.
En un mundo donde el neoliberalismo ha privatizado el cuidado, convirtiéndolo en un lujo o en una carga individual, Cuba insiste en que el cuidado es un derecho y un deber compartido.
Los Hogares de Alimentación Comunitaria encarnan esa ética: no son solo una solución logística, sino una apuesta moral. Son la prueba de que la política pública puede ser cercana, sensible y profundamente humana.
En el fondo, todo lo que estas resoluciones reorganizan apunta hacia una misma idea: el cuidado como destino y acción política. Desde la ética, afirman que la protección de las personas más frágiles no es negociable.
Desde la economía, revelan que el cuidado es una inversión en cohesión social. En el caso del género, reconocen el protagonismo histórico de las mujeres en su arquitectura. Desde el territorio, entienden que la vulnerabilidad no es igual en todas partes y que la política debe adaptarse a la geografía real de la vida. Y desde el socialismo, reafirman el principio fundacional de que la dignidad humana es un derecho colectivo.
Por eso, la reorganización del Sistema de Atención a la Familia y la creación de los Hogares de Alimentación Comunitaria no son solo reformas administrativas. Son una afirmación de futuro.
Una apuesta por un país que, incluso en la dificultad, elige cuidar, que reconoce que la dignidad se cocina, se acompaña, se entrega a domicilio, se sostiene en manos de mujeres, se adapta al territorio y se financia con esfuerzo colectivo. Cuba entiende que el cuidado no es un gasto, sino una forma de resistencia ética. Una forma de justicia, de esperanza.
Porque cuidar —en su dimensión más humana, política y profundamente socialista— sigue siendo una de las maneras más firmes de decir: aquí nadie queda en soledad.
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