Por Lisandra Chaveco
Hay leyes que regulan. Y hay leyes que cambian la pregunta. ¿Quién cuida? ¿Quién decide sobre su cuerpo? ¿Quién ocupa el poder? ¿Qué ocurre cuando la violencia llega a una pantalla? ¿Cuánto vale el trabajo de una mujer?
En la última década, América Latina ha convertido algunas de esas preguntas en derechos. Estas cinco reformas no son las únicas conquistas del período ni constituyen un ranking: son hitos que muestran cómo las luchas de las mujeres consiguieron entrar en los códigos, las constituciones y las políticas públicas.
Uruguay: cuando cuidar se convirtió en un derecho
En 2015, la Ley 19.353 creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), uno de los primeros marcos estatales de la región en reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad social. El cambio fue también cultural: el cuidado dejó de ser entendido exclusivamente como un asunto familiar y femenino.
Para ello la perspectiva de género jugó un papel esencial: durante décadas, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado recayó desproporcionadamente sobre las mujeres, limitando su tiempo, autonomía económica y participación laboral. CEPAL, ONU Mujeres y OIT consideran hoy el cuidado un derecho humano y un componente de la igualdad sustantiva.
México: la paridad llegó a las puertas del poder
En 2019, México constitucionalizó el principio de “Paridad en Todo”, ampliándolo a distintos órganos y niveles del Estado. La reforma convirtió la presencia equilibrada de mujeres y hombres en una obligación jurídica, no en una aspiración. Cinco años después, el efecto era visible: tras las elecciones de 2024, las mujeres ocupaban el 50,2 % de la Cámara de Diputados y el 50 % del Senado.
Pero la paridad no termina cuando las mujeres llegan a un escaño. La propia Unión Interparlamentaria advierte que igualdad numérica e igualdad de influencia no son necesariamente lo mismo: también importan el acceso al liderazgo, a las comisiones y a los espacios donde se decide.
Argentina: el derecho a decidir salió de la clandestinidad
En diciembre de 2020, Argentina aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La norma reconoció el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 y estableció la obligación de garantizar atención sanitaria integral y gratuita.
Desde la mirada feminista, el cambio trasciende la legislación sanitaria: coloca la autonomía corporal en el centro de la ciudadanía. Decidir sobre la reproducción deja de ser exclusivamente una cuestión moral o penal para convertirse en una cuestión de derechos, salud y justicia social.
La conquista tampoco borró las desigualdades. El acceso efectivo continúa dependiendo de factores territoriales, institucionales y sociales. Precisamente por eso, una ley puede abrir una puerta sin garantizar que todas puedan atravesarla de la misma manera.
4. Cuba: la familia también puede ser un territorio de igualdad
En 2022, Cuba aprobó mediante referendo popular el Código de las Familias, una de las reformas jurídicas más amplias de la región en materia de relaciones familiares. El nuevo Código reconoce la igualdad plena entre mujeres y hombres, promueve la distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados y reconoce el valor económico de esas contribuciones dentro de las relaciones familiares.
Desde una perspectiva feminista, hay aquí una transformación especialmente significativa: el trabajo que sostiene la vida entra en el lenguaje de los derechos.
La norma también incorpora medidas de protección frente a la violencia familiar y reconoce derechos vinculados con la autonomía reproductiva.
No significa que las desigualdades hayan desaparecido. Datos recientes de Naciones Unidas muestran que las mujeres cubanas continúan dedicando mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Precisamente por eso, el Código resulta relevante: convierte la corresponsabilidad familiar en un principio jurídico que puede orientar la transformación social.
5. Brasil: hacer visible la desigualdad salarial
En 2023, Brasil aprobó la Ley 14.611 sobre igualdad salarial y de criterios remunerativos entre mujeres y hombres que realizan trabajos de igual valor o la misma función.
La norma introdujo mecanismos de transparencia y fiscalización: la brecha salarial ya no puede permanecer completamente escondida detrás de promedios o explicaciones individuales.
Cinco leyes. Una transformación mayor. Los caminos son distintos, pero el hilo que los une resulta poderoso: ampliar la autonomía de las mujeres.
Cuidar deja de ser destino. El poder deja de ser exclusivamente masculino. La reproducción deja de estar separada de los derechos. El trabajo doméstico adquiere valor jurídico. Y el salario deja de ser un asunto que pueda esconderse detrás de cifras neutras.
La legislación no transforma por sí sola las relaciones sociales. Cuba, por ejemplo, continúa enfrentando sobrecarga femenina de cuidados y violencia de género; Uruguay enfrenta también el reto de profundizar la corresponsabilidad; y en toda la región persisten brechas entre los derechos reconocidos y su ejercicio efectivo. Pero cada una de estas reformas deja una marca.
Porque quizá una de las mayores conquistas del feminismo sea precisamente esta: lograr que aquello que durante siglos se llamó destino empiece a llamarse derecho.
Bibliografía:
CEPAL, ONU Mujeres y OIT, El derecho al cuidado en América Latina y el Caribe: avances normativos (2025).
CEPAL y ONU Mujeres, Compromiso de Tlatelolco (2026), agenda regional 2025–2035 para igualdad sustantiva y sociedad del cuidado.
Unión Interparlamentaria (UIP), datos sobre representación parlamentaria de las mujeres, 2024–2025.
Argentina, Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
ONU Mujeres, investigaciones sobre violencia digital contra mujeres y niñas (2025).
Brasil, Ley 14.611/2023 y decisión del STF sobre igualdad salarial (2026).
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