Afganistán: el infierno de las mujeres y las niñas

Por Mariacarla de Guadalupe Quincosa Guerra

Que un hombre adulto viole a una niña es legal en Afganistán desde el 14 de mayo de 2026. Ese día, los talibanes promulgaron el Decreto nº 18, el "Código de separación judicial de los cónyuges", una norma que legaliza el matrimonio infantil sin que ni siquiera sea necesario escenificar un supuesto consentimiento de la menor, basta con su silencio. 

Esta medida es solo la última de una larga lista desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han aprobado alrededor de 140 medidas contra las mujeres. La activista afgana Zubaida Akbar lo resume con una frase demoledora: "un infierno en la tierra".

¿Quiénes son los talibanes?

Los talibanes, cuyo nombre significa "estudiantes" en pastún, surgieron en Afganistán a mediados de la década de 1990. Este movimiento político y religioso ultraconservador comenzó como un pequeño grupo de estudiantes y eruditos religiosos que prometían seguridad y orden en medio del caos posterior a la retirada soviética. 

En 1996 tomaron el control de Kabul y gobernaron la mayor parte del país con una interpretación estricta de la ley islámica que incluía graves restricciones a los derechos de las mujeres. Tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, fueron derrocados, pero persistieron y recuperaron el poder el 15 de agosto de 2021.

Desde sus orígenes, los talibanes han utilizado una interpretación ultraconservadora del Islam no solo como credo, sino como instrumento de control político y social. 

Su objetivo no era solo gobernar, sino imponer un orden basado en su propia visión de la pureza islámica, que en la práctica se tradujo en un sistema de vigilancia y castigo. 

En la década de 1990, crearon un cuerpo de "policía religiosa" encargado de reprimir cualquier "vicio". Prohibieron la música, la televisión y hasta pasatiempos populares como volar cometas. Las mujeres fueron las principales víctimas de este proyecto, se les negaron derechos básicos, se las confinó al hogar y se las sometió a un código de vestimenta extremo. 

Este patrón, que hoy parece un retroceso, es en realidad la reedición y profundización de un modelo que ya aplicaron en los años 90, cuando su régimen fue denunciado internacionalmente por su brutalidad. El Decreto nº 18 no es, por tanto, un hecho aislado o improvisado, sino la continuación lógica de una doctrina política que ha usado la religión para justificar la opresión sistemática de las mujeres desde sus inicios.

El Decreto nº 18: la legalización del matrimonio infantil

Publicado el 14 de mayo de 2026 en el boletín oficial, este "Código sobre la Separación Judicial de los Cónyuges" tipifica las circunstancias en que las mujeres y niñas pueden solicitar la disolución de su matrimonio. Incluye disposiciones que mantienen el matrimonio concertado durante la infancia y restringen la capacidad de mujeres y niñas para impugnar una unión de esa clase.

"Este código agrava aún más la ya lamentable situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Las despoja de toda autonomía en la práctica al eliminar toda noción de consentimiento, conceder a los varones de la familia el control de los acuerdos conyugales y ofrecer vías mínimas para impugnar las uniones forzadas. 

Sus disposiciones en conjunto institucionalizan y normalizan el matrimonio infantil", describe Isabelle Lassee, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

El código introduce normas especialmente perversas, como interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación del matrimonio. La amplia autoridad concedida a padres y abuelos para concertar el matrimonio de menores facilita el matrimonio infantil, y el matrimonio concertado por miembros de la familia extensa también se considera legalmente válido.

El decreto también reduce casi a la nada las posibilidades de que una afgana obtenga el divorcio e impide que una mujer solicite que se declare muerto a su marido, incluso si lleva décadas desaparecido, "hasta que todos los coetáneos del hombre hayan fallecido". Y refleja una clara discriminación, a los hombres no se les imponen barreras comparables para disolver su matrimonio.

Educación

Desde la prohibición de la enseñanza secundaria en 2021, a más de un millón de niñas se les ha negado su derecho a la educación. Las restricciones a la educación y el trabajo de las niñas y las mujeres ya le cuestan al país 84 millones de dólares al año en pérdidas de producción económica. 

UNICEF advierte que Afganistán corre el peligro de perder hasta 20.000 profesoras y 5.400 trabajadoras sanitarias para 2030 si se mantienen las restricciones actuales. La representación femenina en la función pública se redujo del 21% al 17,7% entre 2023 y 2025.

Trabajo

Las mujeres han sido expulsadas de la mayoría de los empleos públicos y humanitarios. El impacto es especialmente grave en el sector sanitario debido a que el contexto social impide a menudo que las mujeres reciban servicios médicos por parte de hombres, la disminución de trabajadoras sanitarias limitará directamente los servicios de salud materna, neonatal e infantil.

La prohibición de estudiar medicina para las mujeres, sumada a la restricción para recibir atención de doctores varones, está provocando un aumento de la mortalidad materna. 

Las trabajadoras sanitarias son detenidas por incumplir códigos de vestimenta. Afganistán afronta una doble crisis, la pérdida de profesionales cualificadas al mismo tiempo que se impide a la nueva generación que las reemplace.

Las mujeres tienen prohibido hablar en público. La movilidad está restringida, deben ir acompañadas de un mahram (familiar varón) y muchos negocios y centros de salud no las atienden sin un tutor masculino.

Violencia de género

El decreto refuerza el sistema de tutela masculina que centraliza la autoridad sobre la vida personal de las mujeres, vulnerando su condición de titulares de derechos independientes. 

Los expertos de la ONU han advertido que el Decreto 18 deja a las mujeres y niñas vulnerables al abuso y la explotación y dificulta enormemente, si no imposibilita, que las mujeres que sufren abusos puedan denunciar y obtener la separación.

En un país donde el 78% de las mujeres no tienen en educación, empleo ni formación, y donde 14,2 millones de mujeres necesitan protección y asistencia, la violencia de género se ha convertido en una epidemia silenciosa. 

La nueva regulación penal recientemente aprobada por el líder talibán afianzará aún más la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Voces que no callan

A pesar del infierno, hay quienes se niegan a callar. Zubaida Akbar, directora del programa para Afganistán de Femena, es una de esas voces. Desde Estados Unidos, documenta cada medida, cada decreto, cada vida destrozada. Su testimonio es fundamental para que el mundo no olvide lo que ocurre en Afganistán.

ONU Mujeres sigue acompañando a las mujeres y niñas afganas que viven bajo el régimen talibán. La propia existencia de estos informes es un acto de resistencia. Las mujeres afganas, desde dentro y desde el exilio, continúan luchando por sus derechos.

La situación en Afganistán, aunque extrema, no es un fenómeno aislado. Forma parte de una preocupante tendencia global de retroceso en los derechos de las mujeres, especialmente en contextos de crisis política o bajo regímenes autoritarios.

En Irán, el movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' ha sido silenciado con una represión creciente. Las autoridades han intensificado la persecución de quienes desafían el uso obligatorio del velo, recurriendo a detenciones arbitrarias, azotes e incluso la pena de muerte contra activistas. Las mujeres iraníes, que fueron el motor de las protestas de 2022, siguen siendo el principal objetivo de un régimen que ve en su autonomía una amenaza.

Incluso en países consolidados como Estados Unidos, se han producido importantes retrocesos. La anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022, que reconocía el derecho constitucional al aborto, ha permitido que más de 20 estados impongan prohibiciones o restricciones severas. Cerca de 27 millones de mujeres en edad reproductiva viven hoy bajo leyes que limitan su acceso a la interrupción del embarazo, una situación que organizaciones de salud califican ya como una crisis de salud pública.

Estos ejemplos muestran que los derechos de las mujeres son frágiles y están en constante disputa en todo el mundo. El sistema afgano es el espejo más cruel de una realidad global donde la autonomía femenina sigue siendo cuestionada, y donde los avances pueden desmoronarse en cuestión de años, o incluso de meses.

Afganistán es hoy el epicentro de la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo. Bajo el régimen talibán, las mujeres y niñas viven un "apartheid de género". El Decreto nº 18 no es una anomalía, sino la culminación lógica de un proyecto político que busca borrar a la mujer de la existencia pública.

La comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada moral, o defiende los derechos humanos de las mujeres afganas con acciones concretas, o continúa normalizando y legitimando a un régimen que las viola sistemáticamente. Cada negociación, cada reconocimiento diplomático, cada deportación a Afganistán es un voto de confianza a los verdugos.

Afganistán es un infierno, la pregunta es si el mundo va a seguir mirando hacia otro lado mientras las niñas de seis y siete años son entregadas a hombres adultos en matrimonio, con el silencio como único consentimiento.