Por Marilys Zayas Shuman
El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, celebrado este 17 de junio en la capital cubana, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, se convirtió en un momento de definición política y económica para el país. En medio de un escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo, la persecución financiera y energética, y las campañas de subversión ideológica, el Presidente trazó un camino de transformaciones urgentes.
La intervención de Miguel Díaz-Canel Bermúdez traza un camino de transformaciones económicas y sociales en medio de un escenario nacional e internacional adverso. El Presidente comenzó situando el debate en un contexto de máxima presión externa, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y energético, acompañado de sanciones secundarias y campañas de subversión ideológica en redes sociales.
Señaló que la resistencia heroica del pueblo cubano ha sido decisiva, pero que ya no basta con resistir: es necesario transformar, producir más, destrabar más y rendir cuentas. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios, y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno Revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, afirmó.
El discurso delineó una Agenda Económica y Social de Emergencia, concebida como un programa inmediato de medidas que buscan estabilizar la macroeconomía, recuperar ingresos externos, transformar el modelo económico y social, impulsar el sector productivo agrícola, fortalecer la gestión empresarial estatal y garantizar una protección social focalizada.
Díaz-Canel insistió en que la justicia social no puede sostenerse en abstracto, sino sobre la base de riqueza real y producción concreta. “O producimos en estas condiciones, creamos riqueza y entonces distribuimos con justicia social, con equidad, no con igualitarismo. Ese es el desafío”, expresó. La propuesta incluye integrar a todos los actores económicos —empresa estatal, MIPIMES, cooperativas, productores agropecuarios, inversores extranjeros y nacionales— bajo reglas claras y con seguridad jurídica, para estimular la producción y la captación de divisas. Se subrayó que cada divisa que entre al país debe tener caminos claros para financiar producción, importaciones, inversión, salarios e infraestructura.
La energía fue presentada como un asunto humano y nacional. El Presidente describió el apagón no solo como déficit de generación, sino como el niño que no pudo estudiar, el hospital que trabaja al límite o el anciano que pasa la noche en vela. Se anunció la aceleración de la incorporación de la energía solar, con eliminación de impuestos sobre tecnologías renovables, créditos para hogares y servicios sociales, estímulos para vehículos eléctricos y la instalación de solineras en todo el país.
La movilidad eléctrica vinculada a fuentes renovables tendrá prioridad, con facilidades para importación de cargadores, baterías y piezas, y con licencias expeditas para servicios de transporte eléctrico. Se trata de un esfuerzo por vincular la transición energética con la vida cotidiana de la población, garantizando que la energía no sea solo un tema técnico, sino un derecho humano. Además, se destacó que las empresas cubanas, estatales y privadas, deben especializarse en instalación, integración, operación y soporte de estas tecnologías, generando empleo y capacidades nacionales.
En el plano institucional, Díaz-Canel planteó la necesidad de reestructurar el aparato estatal y partidista, reducir burocracia y duplicidades, y otorgar autonomía real a las empresas estatales para gestionar recursos, innovar y rendir cuentas. Se creará el Instituto Nacional de Activos Empresariales para profesionalizar la gestión de los medios de producción y separar funciones empresariales de las regulatorias.
La empresa estatal socialista seguirá siendo el pilar de la economía, pero con capacidad real de decisión y responsabilidad ante el pueblo y el Estado. Autonomía no significa ausencia de control, sino un marco de responsabilidad que permita decidir a tiempo, asociarse mejor, invertir mejor y rendir cuentas con transparencia. Insistió en que ningún cambio económico será suficiente si la empresa estatal socialista no cuenta con verdadera capacidad para gestionar, innovar y responder por sus resultados.
El comercio exterior y la inversión fueron presentados como áreas que requieren apertura y flexibilidad. Se autorizará la importación y exportación directa para actores estatales y privados, se revisará la lista de actividades prohibidas al sector privado y se abrirá espacio a la inversión extranjera directa en MIPIMES y actores privados nacionales.
Los cubanos residentes en el exterior tendrán un marco estable para invertir, donar o emprender proyectos en su país, bajo reglas claras y respetuosas. “Al que quiera construir con Cuba, sin pretender imponerle nada, le decimos con el corazón en la mano, aquí tienes tu casa y aquí tienes la puerta abierta”, expresó. Se planteó también la necesidad de flexibilizar el objeto social de las MIPIMES, aliviar la carga burocrática y agilizar la creación de asociaciones económicas entre formas de gestión estatal y no estatal.
En materia fiscal y financiera, el Presidente reconoció el fracaso de los topes de precios para contener la inflación y anunció su eliminación. Se avanzará hacia un IVA acreditable acompañado de facturación electrónica, y se modernizará el sistema bancario con instituciones más ágiles, digitales y cercanas a la población. Se abrirá espacio regulado a instituciones financieras privadas y extranjeras, con el objetivo de que el crédito, el ahorro y la inversión se conviertan en herramientas concretas de desarrollo. Se permitirá la apertura de cuentas en el exterior y se facilitarán mecanismos de financiamiento productivo. El objetivo es que cobrar una pensión, recibir una remesa, pagar un servicio o financiar una cosecha no sea una carrera de obstáculos, sino un proceso ágil y transparente. Se insistió en que el sistema financiero debe acompañar la economía, ser funcional para los diferentes actores económicos y convertir el ahorro, el crédito y la inversión en herramientas de desarrollo.
La justicia social fue reafirmada como prioridad, con programas focalizados en barrios, garantía de la canasta básica para jubilados y familias vulnerables, y protagonismo empresarial en tareas comunitarias como comedores sociales y hogares de ancianos. Se busca transitar hacia subsidios a personas, recuperar el poder adquisitivo y proteger directamente a quienes más lo necesitan.
La intervención subrayó que la justicia social verdadera no se sostiene sobre precios artificiales que terminan en escasez y mercado ilegal, sino sobre ingresos reales y protección directa. Se planteó la necesidad de digitalizar los procesos de apoyo social para garantizar transparencia y trazabilidad en quién aporta, quién recibe y qué resultados se obtienen. Se insistió en que cada acción debe evitar incrementar desigualdades sociales y que la apertura económica debe ser selectiva e inteligente, protegiendo sectores estratégicos mediante regulación, no mediante inmovilismo.
El mensaje final de Díaz-Canel fue de movilización política y social. La resistencia ha permitido sostener la patria, pero ahora se exige transformar, producir más, escuchar más y rendir cuentas. Las medidas propuestas no son nuevas, sino decisiones postergadas que ahora deben aplicarse sin demora. La unidad, la valentía y la participación popular fueron presentadas como las claves para sostener el socialismo y garantizar la soberanía nacional en medio de las adversidades.
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