Por Lianne Garbey Bicet
En n paso decisivo para la democracia mexicana, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho pública la Estrategia para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), la cual regirá las acciones institucionales durante el período 2026-2031.
A través del Acuerdo INE/CG1506/2025, la autoridad electoral busca blindar la participación femenina en la arena política frente a agresiones que atentan contra su integridad y derechos.
El Consejo General del INE respaldó esta estrategia el 18 de diciembre de 2025, publicándola en su Repositorio Documental. El documento principal detalla los fundamentos jurídicos y políticos, mientras los anexos despliegan la hoja de ruta completa.
Según destacan varios portales mexicanos la nueva estrategia no llega por casualidad. Surge tras un análisis exhaustivo de los retos enfrentados en los últimos procesos electorales, donde la violencia simbólica y digital ha cobrado una fuerza alarmante. Por esta razón el documento presentado responde a la necesidad de adaptar las leyes a una realidad donde la participación femenina es mayor, pero también más atacada.
Uno de los puntos más relevantes de la estrategia es el fortalecimiento de los filtros de elegibilidad a través del Registro Nacional de Personas Sancionadas. Con esta normativa el sistema "8 de 8 contra la violencia" se mantiene como el estándar mínimo para aspirar a un cargo de elección popular.
Bajo este esquema, cualquier persona con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual o por el incumplimiento de obligaciones alimentarias, quedará automáticamente inhabilitada para ser candidata.
El acuerdo también contempla la profesionalización de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), que tendrá la facultad de sustanciar de oficio procedimientos especiales sancionadores, agilizando la respuesta institucional ante ataques sistemáticos.
"La paridad sin seguridad es una simulación. Esta estrategia 2026-2031 es nuestra hoja de ruta para asegurar que el poder sea ejercido por mujeres con libertad plena", se lee en las reflexiones del Consejo General.
En el próximo lustro México vivirá nuevos ciclos electorales nacionales y locales, y la Estrategia del INE busca que la violencia política contra las mujeres no sea el costo de entrada a la competencia por el poder.
El documento también plantea la obligación de garantizar seguridad en las mesas de votación, prevenir la violencia relacionada con elecciones, atender el acoso en línea y exigir mecanismos eficaces a las plataformas digitales frente al discurso de odio y la violencia de género, incluidos contenidos generados con inteligencia artificial.
Asimismo, pone especial énfasis en la interseccionalidad. Las nuevas directrices obligan a que los servicios de atención y las rutas de denuncia sean accesibles para mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad, incorporando un enfoque intercultural que reconozca las barreras geográficas y lingüísticas que persisten en el país.
El modelo 2026-2031 transforma el acompañamiento jurídico y psicológico en una política de Estado. Tras la evaluación del programa piloto implementado en el pasado proceso electoral federal, el INE ha determinado que la atención no puede ser un evento aislado tras la denuncia, sino un sistema de protección continua que incluya análisis de riesgo personalizados y planes de seguridad para las víctimas.
Con esta resolución, México busca consolidar una democracia paritaria donde el acceso al poder no esté condicionado por el género ni por el miedo a las represalias violentas en el ámbito público y digital.
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