Por Lianne Garbey Bicet
Con la entrada en vigor, este mes, del nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025), Cuba inicia una nueva fase decisiva en la protección integral de sus generaciones más jóvenes. La norma concreta los principios de la Constitución de 2019 y del Código de las Familias de 2022, integrando por primera vez en un cuerpo legal los derechos, deberes y garantías de niñas, niños y adolescentes.
Su implementación busca fortalecer la coordinación entre el Estado, la familia y la comunidad, para construir entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. De este modo, el país da un paso hacia una mirada integral del bienestar infantil y juvenil, que prioriza la prevención y el acompañamiento frente a la atención fragmentada del pasado.
Entre las principales innovaciones figura la creación del “Sistema de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia”, que agrupa siete subsistemas: educación, salud, protección frente a la violencia, cuidado alternativo, protección social, prevención e intervención temprana y justicia penal adolescente.
Según han desatacdo especialistas en la materia, estos nuevos mecanismos unificarán esfuerzos institucionales para evitar respuestas fragmentadas y garantizar una atención coherente ante toda forma de vulnerabilidad o riesgo.
El Código también otorga un papel protagónico al ámbito educativo, estableciendo la obligación de garantizar espacios escolares libres de acoso, discriminación o maltrato. Cada centro deberá aplicar protocolos claros y conocidos por docentes, estudiantes y familias, consolidando a la escuela como un espacio de respeto, aprendizaje y acompañamiento.
En el plano de la salud, la ley refuerza la atención integral, abarcando el bienestar físico, mental y emocional, y reconoce la capacidad progresiva de las adolescencias para participar en decisiones sobre su salud, en especial en temas de sexualidad y salud mental.
Por su parte, el subsistema de protección frente a la violencia establece una red nacional de servicios jurídicos, psicológicos y sociales destinados a garantizar que ningún caso quede sin respuesta.
Asimismo, el Código reafirma el derecho de cada niña y niño a crecer en familia, priorizando el acogimiento familiar frente al institucional, y asegurando acompañamiento técnico y supervisión judicial.
En materia de justicia penal adolescente, la norma se inspira en principios restaurativos. Prohíbe la pena de muerte y la privación perpetua de libertad y promueve medidas educativas y de reinserción social en lugar del castigo.
La implementación del Código estará dirigida por la Comisión Nacional de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, encabezada por un vice primer ministro e integrada por representantes de once ministerios.
Esta estructura funcionará a niveles provincial y municipal, garantizando una gestión más cercana a los territorios y comunidades. La normativa coloca en el centro el derecho a ser escuchados.
Con esta garantía las niñas, niños y adolescentes deberán participar activamente en los procesos que les afectan, desde los espacios escolares hasta los judiciales. Equipos multidisciplinarios y personal especializado velarán porque su voz sea tenida en cuenta como parte esencial de toda decisión.
Lograr la efectiva implementación del Código exigirá capacitación constante, recursos materiales y una transformación profunda en las prácticas de crianza y de participación infantil.
No obstante, su entrada en vigor simboliza un cambio de época: el reconocimiento de que las nuevas generaciones no son solo objeto de protección, sino sujetos de derechos, capaces de opinar, aportar y construir junto a los adultos una sociedad más justa y solidaria.
El reto mayor radica en trasladar el espíritu de la ley a la vida diaria en las escuelas, los hogares, las calles para que las infancias y adolescencias cubanas crezcan con la seguridad, de que la nación en su totalidad, respalda su bienestar, desarrollo y felicidad como parte de cada una de sus políticas públicas.
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