Rosmerys Bernal Piña
La discriminación y las situaciones de violencia en el ámbito familiar constituyen temas prioritarios para el Tribunal Supremo Popular (TSP) en Cuba, lo cual se refleja en el Código de las Familias; sin embargo, aún son muy pocos los casos presentados ante esta institución.
Maryla Anna Pérez Bernal, magistrada de la Sala Civil, Familiar y Administrativa del TSP detalló durante una conferencia de prensa que este año se han procesado 34 demandas por esta causa y de ellas, 6 fueron identificadas por los jueces a partir de otras que se desarrollaban, por ejemplo relacionadas con divorcios, conflictos en el ejercicio de la responsabilidad parental y por el reclamo del cumplimiento de los deberes de guarda de adultos mayores.
En estos últimos, los tribunales determinaron que había presencia de violencia a partir de las alegaciones de las personas y de las pruebas obtenidas; por lo cual se implementaron todos los mecanismos establecidos para la atención a este fenómeno.
Pérez Bernal destacó que desde el TSP se insiste en la necesaria formación y transformación actitudinal de quienes aplican la ley para asumir con mayor sensibilidad estos temas, tomar conciencia de los prejuicios que puedan interponerse y deshacerlos críticamente para cumplir bien con el servicio público que les corresponde.
Insistió en que los conflictos que surgen en el ámbito familiar requieren de un tratamiento personalizado e interdisciplinario, y la utilización de todas las herramientas necesarias para proporcionar al tribunal elementos que contribuyan a adoptar decisiones razonables.
En este sentido, juegan un papel fundamental la función coordinadora de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), quienes proponen las y los especialistas más idóneos para participar en este proceso, y las Casas de Orientación a la Mujer y las Familias, pues cuando el caso tiene ya un antecedente de atención se cuenta con mayor información desde el inicio del proceso y eso permite al tribunal actuar con más rapidez, precisó la especialista.
Por otro lado, la magistrada de la Sala Civil, Familiar y Administrativa del TSP resaltó la importancia de que la población conozca sobre los derechos que nos brinda la ley en pos de la salud e integridad física y emocional de cada persona.
Con ese objetivo, se elaboró una guía con preguntas y respuestas sencillas sobre estos temas, de acuerdo con la información obtenida de la retroalimentación con las y los especialistas de la FMC y las Casas de Orientación a la Mujer y las Familias. Esta guía, disponible en las Casas de Orientación, intenta dar respuesta a las interrogantes que muchas veces plantean las personas que allí asisten y orientarlos de manera adecuada.
Sin embargo, aún no es suficiente. Las personas necesitan mayor orientación sobre esto temas, sus derechos y los pasos que deben seguir para resolver los conflictos del ámbito familiar.
El concepto de violencia en el Código de las Familias integra todas las formas y expresiones posibles de este flagelo (física, psíquico, patrimonial, económica, sexual, y las expresiones de desatención y abandono), e incluye a quienes se mantienen unidos por lazos afectivos familiares, pero también a aquellos que tuvieron una relación de pareja, aunque ya no estén juntos.
Los procesos de divorcio, fueron otros de los temas tratados durante la conferencia de prensa sobre la implementación del Código de las Familias en el Tribunal Supremo Popular.
El presidente de esta institución, Rubén Remigio Ferro, detalló que de los 27 mil 67 procesos de familia que se presentaron este año en tribunales, 21 mil 322 (78,7%) fueron divorcios.
Sobre este tema, Yomays Olivarez Gainza, presidente de la Sala Civil, Familiar y Administrativa del TSP, enfatizó que a través de los procesos de divorcio se garantizan derechos fundamentales postergados.
Por ejemplo, se tramitan y resuelven de manera habitual peticiones de guarda y cuidado, potenciando la modalidad compartida, lo cual constituye una novedad y fomenta la corresponsabilidad parental.
También las solicitudes de compensación económica, reconociendo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, con lo cual se intenta reparar desequilibrios históricos; y el derecho real de habitación para evitar el desamparo.
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