Tomada de Cubadebate
Por Lianne Garbey Bicet
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, comparecieron en la Mesa Redonda para explicar las decisiones del Gobierno sobre las modificaciones de tarifas y precios en el transporte de pasajeros.
Las medidas anunciadas este martes en el programa televisivo, están en correspondencia con la información previamente proporcionada sobre el incremento de los precios del combustible, gas licuado y electricidad.
Rodríguez Ruiz destacó que la actualización de tarifas es esencial debido al encarecimiento de los costos de producción, especialmente en el transporte, que se ve directamente afectado por el aumento de precios del combustible.
De igual manera, señaló la desactualización de costos durante los últimos tres años como un factor clave que también contribuye a la necesidad de ajustes.
En su intervención, el ministro detalló que más del 70% de los pasajeros no verán un cambio en las tarifas actuales, y las diferencias se cubrirán con el presupuesto estatal.
Además, destacó la protección de los precios en servicios urbanos principales, como transporte urbano y trenes locales, para garantizar la movilidad de la población y la estabilidad para los trabajadores.
Entre los principales cambios, se anunciaron incrementos en tarifas de transporte interprovincial, ferrocarril y vuelos nacionales, explicados por costos y pérdidas acumuladas en estos servicios.
Como parte de este proceso, se subrayó la importancia de cubrir las necesidades de financiamiento para la inversión en el sector, considerando la búsqueda de ingresos en moneda libremente convertible y la identificación de nuevas fuentes de financiamiento.
Rodríguez Ruiz enfatizó que, a pesar de los incrementos, se mantendrá la protección a sectores vulnerables, como niños, estudiantes y personas con discapacidad.
Aseguró que servicios esenciales como traslados médicos y Medibus estarán protegidos, y se realizará una evaluación específica para aquellos que no puedan cubrir los costos de transporte interprovincial.
En este contexto, también destacan transformaciones significativas para los operadores privados a quienes se le aplicará el mismo precio mayorista que respaldará a las entidades estatales, con el requisito de obtener una licencia de operación y cumplir con precios concertados a nivel provincial.
Este proceso, aunque complejo, refleja un esfuerzo por diferenciar y regular el papel de los actores privados en la movilidad de la población, buscando acuerdos económicos que beneficien tanto a los transportistas como a la sociedad en general.
Las tarifas para los porteadores privados entrarán en vigor a partir del 1 de febrero, proporcionando un corto período para la actualización de precios y la gestión transparente, mientras se espera que alrededor del 75% de los pasajeros mantengan tarifas sin cambios.
En cuanto a perspectivas para 2024, se mencionó la búsqueda de ingresos en moneda libremente convertible, identificación de fuentes de financiamiento y la importancia de consolidar la empresa estatal socialista.
Se abordó la legalización de vehículos y se reconoció la complejidad del sector, comprometido con mejorar el servicio a la población.
Las recientes decisiones del gobierno cubano en torno a la actualización de tarifas en el sector de transporte reflejan un esfuerzo consciente por abordar desafíos económicos y garantizar la sostenibilidad financiera de un componente esencial para la movilidad de la población.
La consideración de mantener las tarifas inalteradas para la mayoría de los pasajeros, especialmente en servicios urbanos principales, demuestra un compromiso con la protección social y la mitigación del impacto económico en un momento de fluctuaciones internacionales y recrudecimiento del bloqueo.
Aunque las medidas pueden generar ajustes en los costos para ciertos usuarios y sectores, se vislumbra una estrategia integral que aborda tanto la eficiencia económica como la protección de la personas en situación de vulnerabilidad.
La atención a las empresas estatales con pérdidas y la inversión planificada en la mejora de la infraestructura de transporte, junto con la promoción de vehículos más sostenibles, sugieren una visión a largo plazo para fortalecer el sector.
No obstante, la implementación exitosa de estas medidas dependerá de la capacidad de gestionar la transición sin desatender las necesidades esenciales de la población y garantizar una movilidad eficiente y asequible para todos.
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