Cuba cuenta con una nueva Ley de Salud Pública

Por Gabriela Orihuela

La Ley de Salud Pública fue aprobada, por unanimidad, en el segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano.

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública (Minsap), estuvo a cargo de la presentación del proyecto ante diputados, diputadas y personas invitadas.

En su intervención, recordó que hace 4 años, luego de promulgada la Constitución y acorde con el cronograma legislativo aprobado por el Parlamento, el Minsap creó un grupo temporal de trabajo intersectorial y multidisciplinario para identificar las necesidades de actualización de la Ley 41, Ley de la Salud Pública, que data del 13 de julio de 1983.

«Por más de cuatro décadas, la Ley 41 ha acompañado al sistema nacional de salud con entereza. Significó un paradigma en su momento y fue su concepción de principios, como el ejercicio del derecho a la salud de manera universal y gratuita, lo que permitió brindar un marco jurídico con flexibilidad, que posibilitara llevar a cabo la transformación social y sanitaria en el país, concebida por el salubrista mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro», ratificó.

El nuevo documento jurídico «toma esencias de la Ley 41, se perfecciona, se enriquece, se actualiza, y da paso entonces a una nueva ley que trasciende la voluntad política de garantizar ese derecho a la salud y la refleja en protección jurídica, en un cuerpo legal de rango superior», dijo el ministro.

Asimismo, expuso que la nueva ley puede sintetizase en palabras como: actualizada, integral, protectora, construida en colectivo, innovadora y ética, «comprometido con principios tan medulares como la dignidad humana, coherente, en armonía con el ordenamiento jurídico de la sociedad cubana, necesario y pertinente, respetuoso, inclusivo, visionario, enfocado en los derechos humanos más sagrados: la salud y la vida de las personas».

En el mes de noviembre del presente año, el proyecto fue publicado en los sitios web del Parlamento y el Minsap; posteriormente, se desarrolló «un proceso de construcción conjunta que ha dotado al documento de mayores fortalezas, en tanto la sabiduría colectiva, en especial la de los profesionales del sector, ha sido indispensable para hacer de esta una ley mucho más completa y robusta», destacó Portal Miranda.

Hay que destacar que el grupo redactor del instrumento jurídico, en conjunto con las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, promovió acciones de divulgación y hubo 64 consultas colectivas y conciliaciones de forma presencial y cuatro por videoconferencia con los territorios del país.

De acuerdo con el ministro de Salud Pública, en el proceso de discusión del proyecto de ley fueron recibidos 569 propuestas, comentarios o recomendaciones, de los que 382 (67.2%) fueron aceptados, 135 (23.8%) aceptados en parte y 52 no aceptadas, en este último caso, fundamentalmente, por cuestiones vinculadas a otros marcos normativos. «Todo ello motivó la modificación de 98 artículos del proyecto de ley, el 47%», precisó.

Añadió que 34 de las propuestas recibidas correspondieron a diputados en 91 intervenciones, de las que 82 (90%) fueron aceptadas.

«Este ejercicio legislativo de discusión, al que se sumaron 76 100 personas, permitió perfeccionar el proyecto de ley en relación con el publicado el 1 de noviembre, al incorporarse todos los criterios aceptados en parte, conformando un nuevo texto, la versión número 23, con cuatro títulos, 12 capítulos y 210 artículos, que ha estado disponible para los diputados».

En su intervención en el plenario de la ANPP, Portal Miranda comentó que «Cuba necesita y merece esta nueva Ley de Salud, revolucionaria, atemperada a nuestras realidades, que retrate de mejor modo a un país con enormes retos sociodemográficos. Una ley con capacidad de durar en el tiempo por la propia visión con la que ha sido diseñada».

La diputada Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, dio lectura al dictamen de la Ley de Salud Pública. En su discurso aseguró que las comisiones de Salud y Deporte y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos «consideran pertinente significar la correspondencia del proyecto de Ley de la Salud Pública con la Constitución de la República».

«El texto precisa temas cruciales como la organización del sistema nacional de salud en niveles de atención, define la salud como un servicio público y su desarrollo para la atención, protección y recuperación de las personas sobre la base de principios éticos y bioéticos (…) establece los derechos de las personas usuarias de los servicios, lo que da salida a múltiples postulados contenidos en otras leyes como el Código de las Familias y enarbola principios como la autonomía progresiva, interés superior de niñas, niños y adolescentes; el respeto a las voluntades, 

deseos y preferencias de las personas adultas mayores o en situación de discapacidad», aseveró.

Reconoció, además, que visibiliza atenciones y procedimientos médicos de alta complejidad sanitaria y social, como los vinculados a servicios de salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la terminación voluntaria del embarazo, las técnicas de reproducción asistida en seres humanos y su acceso sin distinción, como parte del derecho a formar familia de todas las personas.

También se plantea lo relacionado al consentimiento informado, la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células en donantes vivos y el derecho a la muerte digna mediante la implementación de las determinaciones para el final de la vida, y anuncia que otra norma de rango superior desarrollará los protocolos para la aprobación de las técnicas que ponen fin a la vida.

¿Qué expresaron los diputados y las diputadas?

Taimí Martínez Naranjo, diputada de Matanzas y médica de profesión, hizo referencia a los principios de la medicina y

asuntos prácticos y humanos de la labor que desempeña. Expuso que la ley propuesta «es hecha por seres humanos en una época y un contexto determinados, pero es maravilloso leer sobre novedades en el concepto de salud y los derechos de nuestros pacientes, sus familias y nuestros trabajadores.

«En su sección décimo segunda, hay determinaciones para el final de la vida, se defiende el derecho de las personas a una muerte digna. Se reconoce el derecho a decidir sobre el proceso de su enfermedad, la formulación bioética de autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia», añadió.

De igual manera planteó que se discute una norma legal enfatizó que «pone en el centro el respeto a los seres humanos y su derecho más importante: decidir. El concepto de salud va más allá de curar una enfermedad; pasa por prevenir, asesorar, aconsejar, aliviar, investigar, enseñar, sanar, acompañar. Tener una ley que respalde y que acompañe a nuestros pacientes, a sus familias y a las personas que lo asisten es una garantía para nuestro sistema de salud».

Por su parte, la jurista y diputada por el municipio Mantua, Pinar del Río, Yamila González Ferrer, reconoció el desempeño de la comisión redactora y sostuvo que el trabajo para elaborar el texto jurídico «ha sido muy profundo, muy serio. Se discutió mucho previamente y se transformó mucho».

Explicó que no solo está en correspondencia con la Constitución y otras normas como el Código de las Familias, sino que incorpora lo que está contenido en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y en la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar.

Sobre el tratamiento de la salud sexual y reproductiva sentenció que el hecho de que la ley refrende el aborto como un derecho, en un contexto en el que hay retrocesos en ese ámbito en la región y en el mundo, es significativo para la mujer cubana y su derecho a decidir sobre su cuerpo «no queremos que el aborto sea la primera opción, no puede ser un método anticonceptivo, lo sabemos y ello es parte de la educación integral de la sexualidad.»

La diputada por el municipio Plaza de la Revolución, de la provincia de La Habana, Mariela Castro, destacó que «esta Ley de Salud Pública es la primera en reconocer de manera independiente y denominar como tales los derechos sexuales y reproductivos. En la legislación vigente hasta el momento solo se mencionaba en la sección segunda la atención materno-infantil, limitándose a la atención médica de la mujer gestante y el cuidado de sus bebés».

Comentó que el texto jurídico «garantiza el acceso a la información en defensa de la sexualidad y declara que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se llevará a cabo en ambientes inclusivos, libres de estigmas, discriminaciones y violencias».

De igual manera, reconoce las técnicas de reproducción asistida en concordancia con lo establecido en el Código de las Familias y que aborda de manera integral la educación de la sexualidad para niños, adolescentes y jóvenes, considerándola como un mecanismo formativo para el bienestar y la prevención de malestares de la salud sexual y reproductiva en estos grupos.

Además, expresó que «el derecho a la salud pública no solo es reconocido, sino que es un derecho conquistado y desarrollado a lo largo del proceso revolucionario cubano. Por lo tanto, es crucial contar con una ley de salud pública que lo consolide y articule un sistema que garantice la atención de calidad, equitativa e inclusiva, para toda la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación».