Por Marilys Zayas Shuman
Los datos del Anuario Estadístico 2025 de la CEPAL, revelan que, pese a avances en educación y salud, la autonomía económica sigue siendo la frontera más resistente para las mujeres de la región.
Con este artículo inauguramos Radiografías de la desigualdad, una serie que busca leer el presente latinoamericano desde los datos, pero también desde las vidas que esos datos representan. El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 ofrece una imagen precisa y contundente: la desigualdad económica entre mujeres y hombres no solo persiste, sino que continúa estructurando el acceso al bienestar, al tiempo, a la seguridad y a la participación social. La autonomía económica —esa capacidad de generar ingresos propios, decidir sobre ellos y sostener un proyecto de vida sin dependencia— sigue siendo una deuda histórica.
El informe muestra que la participación laboral femenina continúa rezagada. Mientras 76,8% de los hombres de 15 años y más participa en la fuerza de trabajo, solo 51,8% de las mujeres lo hace. La brecha se amplía entre las más jóvenes: apenas 37% de las mujeres de 15 a 24 años está en el mercado laboral, frente al 55,5% de los hombres. Esta diferencia no es solo estadística: expresa barreras culturales, responsabilidades de cuidado no remunerado y un mercado laboral que sigue penalizando la maternidad y la vida doméstica.
Incluso cuando las mujeres logran insertarse en el empleo, lo hacen en condiciones más precarias. La informalidad afecta al 50,5% de las mujeres ocupadas, con mayor concentración en sectores de baja productividad y menor protección social. La brecha salarial urbana también persiste: en países como Argentina, Brasil o Chile, las mujeres ganan entre un 10% y un 20% menos que los hombres. El indicador de “relación de salarios urbanos entre los géneros” rara vez supera el 90%, lo que confirma que la desigualdad salarial es una constante regional.
La raíz de estas brechas está en la distribución desigual del tiempo. En Argentina, por ejemplo, los hombres dedican 9,2% de su tiempo a cuidados no remunerados, mientras las mujeres destinan 18,6%. En Chile, México y Costa Rica la tendencia se repite: las mujeres asumen entre el doble y el triple de trabajo doméstico y de cuidados. Esta carga invisible limita su disponibilidad para empleos de calidad, reduce sus ingresos y perpetúa la dependencia económica, especialmente en hogares monoparentales encabezados por mujeres.
Las cifras de pobreza también tienen un rostro femenino. El índice de feminidad de la pobreza extrema alcanza 118,2 en áreas urbanas y 121,2 en áreas rurales: por cada 100 hombres en pobreza extrema, hay entre 118 y 121 mujeres. Además, 31,8% de las mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios, frente a solo 10,5% de los hombres. La desigualdad económica no es un síntoma: es un sistema que organiza la vida cotidiana.
La autonomía económica es la base de todas las demás autonomías. Sin ingresos propios, las mujeres tienen menos capacidad de decisión, menos movilidad, menos protección frente a la violencia y menos oportunidades de desarrollo. Esta primera radiografía confirma que la región necesita políticas integrales que reconozcan el valor económico del cuidado, promuevan empleos de calidad, reduzcan la informalidad y garanticen ingresos propios a lo largo del ciclo de vida. La igualdad sustantiva comienza por el derecho a vivir sin dependencia.




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