Por Roxana Valdés Isasi y Gabriela Milena Padrón Morejón
La metáfora del "techo de cristal" se utiliza para describir las barreras invisibles que impiden a ciertos grupos, especialmente a mujeres, alcanzar posiciones de poder y liderazgo. Aunque eventos recientes, como la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y la candidatura de Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos, pueden parecer excepciones a esta regla, la realidad es que estas barreras persisten.
El sexismo sigue influyendo en la percepción y evaluación de las mujeres en la política. Según un artículo del medio mexicano Animal Político, titulado Una mujer en la presidencia: retos para el feminismo, los estudios demuestran que las candidatas suelen ser juzgadas con mayor dureza que sus contrapartes masculinas, incluso cuando tienen credenciales similares. Este sesgo de género también se manifiesta en críticas sobre su apariencia física y "carisma", aspectos que rara vez se mencionan en relación con los candidatos masculinos.
Desde la primera elección democrática de una mujer como Jefa de Estado en Islandia, en 1980, solo un tercio de los 193 países miembros de las Naciones Unidas han seguido ese camino. Según datos de ONU Mujeres publicados en mayo, actualmente solo 28 mujeres ocupan este cargo a nivel mundial.
La organización estima que la igualdad de género en las esferas más altas de poder no se alcanzará hasta dentro de 130 años, lo que evidencia la magnitud del problema.
Estos prejuicios o estereotipos afectan significativamente las posibilidades de las mujeres de llegar a la presidencia. No solo plantea desafíos para ascender al cargo, sino también para dirigir una nación.
En América Latina, la situación muestra algunos avances. Desde 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro se convirtió en la primera mujer elegida como presidenta en la región, otras mujeres han seguido su ejemplo, como Mireya Moscoso (Panamá), Michelle Bachelet (Chile), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica), Dilma Rousseff (Brasil), Xiomara Castro (Honduras) y Claudia Sheinbaum (México).
Sin embargo, el progreso de las mujeres hacia posiciones de poder en la región y en el mundo sigue siendo lento. Un obstáculo persistente y preocupante es la violencia política ejercida contra ellas, que va desde presiones graves en los partidos para que renuncien a sus cargos hasta casos extremos, como el asesinato de candidatas.
Pese a que el liderazgo de una mujer puede ser tan efectivo como el de un hombre, la falta de referentes femeninas en la política aumenta la presión sobre las que ostenten puestos gobierno, reforzando estereotipos negativos de género, como la idea de que no están suficientemente preparadas.
La paridad de género en la política y el caso de Cuba
La paridad de género no se trata solo de números o acceso a espacios de poder, sino también de igualdad de condiciones; porque las mujeres, en la mayoría de los casos, queremos el poder para transformar la vida. De igual forma, tener una presidenta mujer no garantiza automáticamente una agenda feminista o de igualdad de género.
Pero sí es un hecho comprobado por diversos estudios que la participación de las mujeres en esta esfera tiene un impacto significativo. Su presencia fomenta una mejor comunicación, un reordenamiento de prioridades, una mayor sensibilidad hacia cuestiones de género y la introducción de nuevas leyes. En general, su ejercicio tiende a ser más orientado al consenso que a la confrontación, influenciado por la educación en valores solidarios y centrados en la comunidad.
Hasta el día de hoy, incluso en los casos en los que mujeres y hombres tienen formalmente las mismas oportunidades para participar en política, sólo hay unos pocos parlamentos en el mundo que presenten un 50% o más de mujeres. Este dominio masculino se traslada también a los organismos internacionales y a las organizaciones políticas multilaterales.
Aunque varias entidades han puesto en marcha medidas de promoción de la igualdad de género y han alentado una mayor participación femenina, es difícil garantizar su representación en los niveles superiores de toma de decisiones y traducir los objetivos a la realidad.
En el caso específico de Cuba, se ha logrado avances notables en la promoción de los derechos de las mujeres, con legislaciones que garantizan su protección y acceso a la educación, salud, deporte, ciencia y política en igualdad de condiciones.
Actualmente, es uno de ese reducido número de países en el cual 55,7% de su parlamento son mujeres; y si observamos la composición de la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, podemos apreciar que, de sus 21 integrantes, 10 son mujeres, lo que representa 52,4%.
Respecto a los órganos superiores del Estado, la balanza es un poco más desequilibrada. Después de la reforma constitucional de 2019, la figura del primer ministro (cargo de nueva creación) recayó en un hombre. En los 23 ministerios (incluye al Banco Central) más los tres institutos (Recursos Hidráulicos; Información y Comunicación, Deporte, Educación Física y Recreación) que integran el Consejo de Ministros, solo cinco mujeres están a la cabeza, incluyendo una viceprimera ministra.
Según lo expuesto por los profesores de la Universidad de la Habana Teodoro Yan Guzmán Hernández y Amanda Laura Prieto Valdés, en el artículo científico “La mujer en las estructuras del poder político en Cuba: cifras y contexto normativo (1974-2021)”, la Mayor de las Antillas ha implementado una serie de mecanismos “velados” que han venido garantizando la representación política de la mujer.
Como consecuencia, la mujer ha alcanzado la paridad respecto a los hombres en los órganos del Poder Popular, así como en el Consejo de Estado. El análisis estadístico de la composición de género de las principales estructuras de poder político en Cuba arroja que, en algunas de esas instancias con capacidad decisoria y de influencia, tanto del Estado como del Partido --donde el número de integrantes es más restringido--, la mujer se encuentra menos representada, explican los investigadores.
El reto es, entonces, seguir impulsando el ascenso de la mujer a las diferentes instancias del poder político, teniendo en cuenta que continuarán los cambios políticos y legislativos trascendentales para la sociedad y el Estado, en los cuales la mujer deberá tener un mayor espacio de influencia y decisión, para que lo relativo a género y poder político en Cuba no solo sea, en alguna medida, una cuestión de números.
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