Por: Isel Quintana Freyre
El Gobierno de Estados Unidos eliminó uno de los señalamientos más graves incluidos en el proceso judicial contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro: la acusación de encabezar una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico.
La modificación, revelada por The New York Times, no incluye la referencia al denominado Cártel de los Soles como una estructura criminal real. Aunque las autoridades estadounidenses mantienen la imputación por conspiración vinculada al tráfico de drogas, redefinen ese entramado como un “sistema de patrocinio” y una “cultura de corrupción”, presuntamente sostenida por recursos provenientes de actividades ilícitas.
La revisión de los cargos ocurre tras la reciente operación militar lanzada por Washington contra territorio venezolano, bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo. Los ataques impactaron zonas de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, culminando con la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos y permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
El presidente venezolano denunció los hechos como una “gravísima agresión militar” y sostuvo que el objetivo real de la acción es apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente petróleo y minerales, además de socavar su soberanía política.
Tras los acontecimientos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. Paralelamente, diversas naciones expresaron su rechazo a la actuación estadounidense.
Rusia exigió la liberación del mandatario y de su esposa, condenó el uso de la fuerza y reclamó respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.
El presidente Xi Jinping de China, subrayó que ningún país debe imponer su voluntad sobre otro y reiteró que la soberanía y la seguridad nacionales deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional.
Pekín ya había criticado previamente los ataques contra Venezuela. Su canciller, Wang Yi, enfatizó que ningún Estado puede erigirse en juez o policía global y reiteró la oposición del gigante asiático al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, una posición que coincide con la expresada por varias naciones desde el inicio de la crisis.
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