Por Marilys Zayas Shuman
La madrugada del tres de enero de 2026 puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado venezolano ante un hecho excepcional: el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores durante una operación militar estadounidense, un acontecimiento que alteró de inmediato el equilibrio regional.
La acción, dirigida tanto contra el jefe de Estado como contra su entorno más cercano, buscaba interrumpir la conducción política del país y generar un escenario de ruptura institucional.La reacción interna se produjo con rapidez y dentro del marco constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un comunicado presentado por la magistrada Tania D’Amelio, ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera de inmediato la Presidencia encargada.
La Sala Constitucional, en ejercicio de la potestad interpretativa que le confiere el artículo 335, realizó una lectura sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la Constitución para determinar el régimen aplicable ante la ausencia forzosa del presidente. Según el TSJ, el secuestro de Nicolás Maduro constituye un supuesto de “imposibilidad material y temporal” para el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación.
En un contexto donde la fuerza intentó imponerse sobre la legalidad, esta respuesta institucional neutraliza cualquier narrativa de vacío de poder. La sucesión se produce de manera inmediata y conforme a los mecanismos previstos para situaciones excepcionales. El Estado no se detiene; se reorganiza. Y en esa reorganización, la figura de Delcy Rodríguez no emergió como una solución improvisada, sino como la dirigente que, por acumulación de responsabilidades y centralidad política, ya ocupaba un lugar determinante en la estructura del chavismo.
Su ascenso no puede entenderse como un hecho circunstancial. Su paso por cargos estratégicos —cancillería, Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidencia ejecutiva, ministerios económicos y energéticos— la ha situado en el centro de las decisiones de mayor alcance. Su estilo, que combina manejo técnico, disciplina política y experiencia internacional, le ha permitido operar en múltiples frentes: institucional, económico, diplomático y simbólico.
La agresión militar que culminó en el secuestro del presidente buscaba, entre otros objetivos, medir la cohesión interna del gobierno bolivariano. Pero la designación de Rodríguez evidencia que esa cohesión se activa con claridad en momentos de presión extrema. Su figura funciona como un nodo articulador entre sectores militares, económicos y diplomáticos, y su llegada a la Presidencia encargada reordena el mapa interno sin generar fracturas visibles. Desde una perspectiva analítica, su nombramiento confirma la existencia de mecanismos de sucesión capaces de operar incluso bajo condiciones de estrés político severo.
En el plano internacional, el mensaje también es claro: Venezuela mantiene continuidad institucional pese a la agresión. Los actores externos deberán posicionarse frente a una jefatura del Estado que no surge del caos, sino de la aplicación de la Constitución. En este escenario, Delcy Rodríguez representa un perfil singular: una dirigente con experiencia en confrontación diplomática y, al mismo tiempo, con capacidad para sostener la gobernabilidad en un entorno de máxima presión.
Su presencia introduce un nuevo vector en la ecuación regional, especialmente en un momento de disputa por la correlación de fuerzas hemisférica. Y en un país habituado a gestionar escenarios complejos, esa continuidad adquiere un valor político que trasciende lo coyuntural.
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