Por Marilys Zayas Shuman
La madrugada del tres de enero de 2026 puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado venezolano ante un hecho excepcional: el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores durante una operación militar estadounidense, un acontecimiento que alteró de inmediato el equilibrio regional.
La acción, dirigida tanto contra el jefe de Estado como contra su entorno más cercano, buscaba interrumpir la conducción política del país y generar un escenario de ruptura institucional.La reacción interna se produjo con rapidez y dentro del marco constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un comunicado presentado por la magistrada Tania D’Amelio, ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera de inmediato la Presidencia encargada.