Por Marilys Zayas Shuman
Hoy, 12 de enero de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI Honduras) sobre el asesinato de la defensora lenca Berta Cáceres. El documento confirma que el crimen fue planificado y financiado por actores empresariales vinculados al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y advierte que la impunidad persiste por la falta de investigación sobre los autores intelectuales. El informe plantea medidas urgentes para garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
El GIEI recomienda abrir archivos oficiales, procesar responsables en todas las instancias, reconocer el daño causado a COPINH y comunidades lencas, y reformar instituciones para proteger a defensoras ambientales e indígenas. La entrega del informe representa un hito internacional en la lucha contra la violencia estructural que afecta a quienes defienden la tierra y los territorios.
En paralelo, COPINH difundió un video desde San Francisco de Opalaca, Intibucá, donde se muestra la construcción del puente de Ojo de Agua. La obra, largamente exigida por las comunidades, se presenta como fruto de la autogestión y la persistencia de la resistencia lenca. Más allá de su utilidad práctica, el puente simboliza conexión, dignidad y continuidad de la vida comunitaria.
Ambos hechos dialogan en un mismo horizonte de memoria y resistencia. El informe internacional denuncia un feminicidio político que buscó silenciar la voz de una mujer indígena que defendía la vida, mientras el puente encarna la capacidad de las comunidades de tejer futuro y resistir al abandono histórico. La memoria de Berta se enlaza con la obra comunitaria como continuidad de una lucha que es colectiva, feminista y territorial.
La violencia que arrebató la vida de Berta Cáceres no puede entenderse sin reconocer el entramado patriarcal y extractivista que criminaliza a las mujeres que defienden la tierra. Por ello, la justicia no es solo sancionar culpables, sino garantizar que las mujeres y los pueblos puedan vivir, transitar y decidir en libertad sobre sus cuerpos y sus territorios.
La entrega del informe y la construcción del puente son actos que se entrelazan como memoria viva y resistencia. El primero exige transformaciones estructurales frente a la impunidad; el segundo demuestra que, pese a la violencia y el abandono, las comunidades siguen creando vida y dignidad. El legado de Berta Cáceres se mantiene presente: su voz se multiplica en cada acción comunitaria, en cada puente que une pueblos y en cada exigencia de justicia que se eleva desde las mujeres y los pueblos indígenas.
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